Nacional

“Expulsen a Fenosa”

** “Es una condena moral y política, tanto para la trasnacional como para quienes permiten su presencia en el país”, indicó Enrique Picado, del Movimiento Comunal ** Recomiendan unir resistencias de todos los países contra transnacional para sesión en Lima el próximo año ** Jurado también pidió un tribunal especial de urgencia que investigue daños causados por agrotóxicos como el Nemagón

Eloisa Ibarra

El Jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) recomendó la anulación del contrato con Unión Fenosa y el “Memorando de Intención” firmado en julio pasado, así como la expulsión de la trasnacional de Nicaragua y los demás países de la región por su irresponsabilidad y violaciones a los derechos humanos.
Los cinco jueces del TPP sesionaron durante dos días en Managua, y luego de escuchar los alegatos, emitieron una resolución, que si bien no tiene carácter vinculante para las autoridades del país, constituye una condena moral y política, tanto para la trasnacional como para quienes permiten su presencia en el país, indicó Enrique Picado, del Movimiento Comunal.
El TPP, establecido en 1979 como sucesor de los Tribunales Russell sobre Vietnam, (1966 -1967), y sobre las dictaduras de América Latina (1974 -1976), tiene como vocación y estatuto dar visibilidad y calificar en términos de derecho todas aquellas situaciones en las que la violación masiva de los derechos fundamentales de la humanidad no encuentran reconocimiento, ni respuesta nacional, ni internacional.
“De los daños”
El jurado recomendó unir las resistencias de todos los países contra Unión Fenosa para presentarlas en el TPP de Lima el próximo año. Asimismo, implementar mecanismos para lograr el resarcimiento, indemnización y el pago de la deuda social, económica y ecológica generada al pueblo nicaragüense.
De igual forma recomendaron: garantizar, promover, vigilar y velar por el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos, sin subordinarlos a la lógica comercial, por la vía de los instrumentos legales, administrativos y otras acciones, específicamente en lo concerniente al derecho humano a la energía eléctrica.
Generar políticas públicas que generen el acceso a la energía eléctrica en cantidad y calidad suficiente, y elevarlo a rango constitucional autónomo en la medida en que la energía eléctrica garantiza el disfrute de muchos derechos humanos asociados.
En la resolución acusan a las autoridades de gobierno por incumplimiento del deber que le impone la Constitución Política y las leyes nacionales, así como las normas internacionales de derechos humanos de garantizar a todos los habitantes los derechos reconocidos, así como los establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Asimismo, lo acusan por el incumplimiento de sus obligaciones para garantizar el funcionamiento adecuado del ente regulador Instituto Nicaragüense de Energía (INE), para que de manera eficaz y oportuna haga cumplir a Unión Fenosa los compromisos derivados del Convenio y las normas de la institución reguladora.
Por omisión en su deber de garantizar información oportuna a la población sobre la suscripción de Convenios y Acuerdos con Organismos Financieros Internacionales y Empresas Trasnacionales que afectan la vida cotidiana de la población, violando sus derechos humanos.
Y acusaron al gobierno de España por permitir que Unión Fenosa incumpla en su actividad económica en otros países, los estándares internacionales de derechos humanos que en su país de origen estaría obligada a respetar.
También el FMI
A los organismos internacionales, en especial al Fondo Monetario Internacional (FMI), por las condicionalidades que impone como privatizaciones y el trato de favor a las transnacionales.
Al Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que proporcionan los recursos financieros para la implementación de las condicionalidades impuestas por el FMI, y subsidian y protegen las inversiones del capital internacional.
El jurado también pidió a la Secretaría del TPP hacer un tribunal especial de urgencia que investigue las graves violaciones a los derechos humanos, específicamente a la vida y la salud, como en el emblemático caso de los trabajadores bananeros afectados por el Nemagón en Nicaragua, así como a miles de afectados en Latinoamérica por el uso indiscriminado de agrotóxicos.
El TPP escuchó la presentación de casos de El Salvador, Guatemala y Honduras de empresas transnacionales que afectan el medio ambiente y la salud de los centroamericanos.