Nacional

Cacería “selectiva” contra tomatierras

* Afirman que ya tienen nombres, pero no los dan a conocer * Al parecer en estas investigaciones están fuera las acusaciones por extorsión, los falsos títulos agrarios y las tierras urbanas y suburbanas de Managua, donde florecen urba

El Procurador General de la República, Hernán Estrada, confirmó ayer que investigan a ex funcionarios de la Intendencia de la Propiedad por su presunta participación en actos irregulares relacionados con el tráfico de tierras, en perjuicio del Estado.
En una reunión en la que Estrada condecoró al fiscal general Julio Centeno Gómez, el abogado del Estado “capeó el bulto” con la destitución de la ex Intendente de la Propiedad, Mireya Molina, quien fue cesada en su cargo en septiembre pasado.
Estrada dijo que la separación de la ex funcionaria no obedeció a roces por casos de propiedad, “sino por un reordenamiento en todas las instancias ligadas al tema”.
Asunto de Estado
No obstante, no explicó las causas por las que la ex funcionaria dijo a un canal de televisión que la maltrataron, a tal grado que en esta administración le rompieron las oficinas, sus archivos, “como si fuera una delincuente”, según sus propias palabras.
El procurador afirmó que tratarán el tema de la propiedad “como un asunto de Estado”, con la participación de la Fiscalía y el Poder Judicial para desmontar una red de traficantes de tierras que han causado daño al Estado.
También informó que para enviar un mensaje claro de que se está trabajando en el tema llevarán a la cárcel a quienes resulten involucrados en el tráfico de tierras. Reveló que hay más de 70 casos que se están llevando en materia civil y penal para entablar acciones legales contra los involucrados, sin embargo, no mencionó nombres, porque están investigando y no quieren alertar a nadie.

Ya hay nombres
“Hay personas señaladas a quienes se llamará para que rindan sus declaraciones en el proceso investigativo, porque existen indicios muy fuertes y serios”, dijo Estrada, tras declinar revelar nombres.
El Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, también dijo que tienen que estar juntos en el tema del tráfico de tierras que se ha dado en todo el país, amenazando el patrimonio del Estado.
“Esto se parece a un crimen organizado, porque se da el reciclaje de propiedades, y por eso debe haber una voluntad de todas las instituciones del Estado para golpear duramente a quienes están involucrados en el tráfico de tierras, porque se está tornando endémico”, dijo Centeno.
Afirmó que ha habido enormes abusos en la aplicación de la ley de la propiedad 278 de parte de personas traficantes de tierra que se “hicieron pasar como cooperados de levita y de saco, para hacer una serie de subterfugios y perjudicar al Estado y a los verdaderos beneficiarios de la reforma social con la tenencia de la tierra”.
Palabras sin obras de Fiscalía
“Es necesario dar un merecido castigo a quienes han abusado de la ley 278”, dijo Centeno, tras poner a la orden la institución que dirige, a la PGR, para enmendar la situación y realizar las investigaciones contra quienes están abusando con el manoseo de la propiedad social.
No obstante, el discurso de Centeno, en manos de la Fiscal General Adjunta, Julia Guido, se encuentra sin solución desde hace más de cuatro meses el caso que por extorsión y chantaje interpusieron el empresario Armel González y los socios inversionistas de Arenas Bay, contra el ex diputado sandinista Gerardo Miranda y personeros de la Secretaría del FSLN que operaría bajo el amparo del poder para pedir coimas, según la denuncia radicada en esa institución.
Al concluir una reunión de trabajo, el fiscal Centeno declaró a los periodistas que investigan a 39 personas, aparentemente ex funcionarios del gobierno, implicados en este tráfico, que incluye alteración de registros de propiedad, escrituras públicas y títulos emitidos por la Intendencia de la Propiedad.
Centeno criticó al gobierno del ex presidente Enrique Bolaños, porque no se preocupó por avanzar en la resolución de los casos de propiedad, de conformidad con la Ley 278, Ley de la Propiedad Urbana y Rural.