Nacional

Quinta presunción penal a Solórzano

* Esta vez por el tramo de carretera Santa Clara-Susucayán-El Jícaro, que quedó inconcluso y dejó pérdidas de 4 millones de córdobas al Estado

Luis Galeano

El ex ministro de Transporte e Infraestructura (MTI), Pedro Solórzano, impondrá hoy el récord de ser el ex empleado público con más presunciones penales en su contra emitidas por la Contraloría General de la República (CGR), cuando los colegiados decidan aprobar por quinta vez enviarlo a los tribunales por haber dejado en el abandono el proyecto de rehabilitación del camino Santa Clara-Susucayán-El Jícaro.
La resolución, según fuentes de la CGR, está supuesta a fallarse hoy, de acuerdo con la agenda de temas que tienen en sus manos los contralores. De esta manera, Solórzano superará los números impuestos por figuras emblemáticas que mantenían en sus manos el cetro de más “pegados” desde la era del ex presidente y reo Arnoldo Alemán, como el ex director general de Ingresos, Byron Jerez, y el ex ministro de Hacienda, Esteban Duquestrada.
El ex hombre fuerte de la DGI, con todos los “checazos”, las terrazas, “camionetazos”, notas de crédito y demás escándalos de su época, logró que el ente fiscalizador le impusiera cuatro presunciones de responsabilidad penal. Duquestrada, por su parte, logró sumar dos presunciones penales.
Proyecto “a medio palo”
En el caso de Santa Clara-Susucayán-El Jícaro, el informe de auditoría del caso señala que Solórzano, el ex coordinador de Proyectos, Mario Palacios, y el ex director de Construcciones Viales, Manuel Salgado, provocaron un perjuicio económico al Estado de cerca de cuatro millones de córdobas, por haber dejado “a medio palo” la rehabilitación de ese camino ubicado en Nueva Segovia.
El tramo Santa Clara-Susucayán (11 kilómetros) fue adjudicado a la empresa salvadoreña E.S. Constructores, mientras que Susucayán-El Jícaro (11 kilómetros) estuvo a cargo de la empresa nicaragüense Urbanisa.
De acuerdo con la auditoría, ninguno de los dos tramos fue concluido, aun cuando a ambas empresas se les entregó un gran porcentaje de los fondos para llevar a cabo los trabajos en esa zona del país.
Ambos proyectos arrancaron en noviembre de 2004, y se preveía que finalizarían en octubre de 2005. Pero los resultados de la auditoría revelan que el tramo Santa Clara-Susucayán fue terminado, pero presenta desprendimientos de adoquines en varios puntos.
El asunto empeora en Susucayán-El Jícaro, donde el proyecto fue abandonado por la empresa Urbanisa desde noviembre de 2005, dejando seis kilómetros del tramo en las mismas condiciones en que se encontraba antes que se aprobara el proyecto, “completamente pelados”.
El proyecto Susucayán-El Jícaro sólo fue completado en un 53 por ciento por la empresa Urbanisa. La constructora lo abandonó desde noviembre de 2005, y entabló una demanda en contra del MTI en exigencia de 28 millones de córdobas más por el tramo que dejaron sin completar.
La información de la Contraloría indica que a esta empresa, al abandonar el proyecto, ya se le había pagado 20 millones de córdobas.
El proyecto les fue adjudicado en 35 millones de córdobas. 15 millones fueron ejecutados en el proyecto, 2.5 millones y medio les fueron entregados por escalamiento de precios y otros 2.5 millones de córdobas fueron pagados como adelanto, pero supuestamente no fueron ejecutados en el proyecto.