Nacional

Ex jueces y abogados piden cese de sanciones


Eloisa Ibarra

Los ex jueces y abogados sancionados por el caso de los 600 mil dólares, han solicitado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se les restablezca en el ejercicio profesional, bajo el argumento de que ya cumplieron la sanción impuesta.
En la Corte Suprema, según indicó un asesor, existen diversos criterios en relación con el cumplimiento de la sanción, pues unos consideran que quedó suspendida por un recurso de apelación, y bajo ese argumento los sancionados han ejercido la profesión, mientras otros estiman que ya cumplieron la sanción.
Aunque la sentencia contra los ex jueces y abogados fue emitida en diciembre de 2005, fue hasta en agosto de 2006 que los magistrados de la CSJ enviaron a los jueces una circular donde informaban de la destitución de jueces suplentes y abogados y notarios del ejercicio profesional, por su participación en el caso de los 600 mil dólares.
Los jueces suplentes destituidos de su cargo y suspendidos del ejercicio profesional son: Benjamín Arriaza, Moisés Rodríguez, Julio Morales y Yulissa Carolina Bonilla. A excepción de Bonilla, fueron suspendidos por un período de 18 meses del ejercicio profesional, y ella por cuatro años.
La CSJ también suspendió del ejercicio profesional a los abogados y notarios Israel Zelaya, ex defensor de los reos condenados por lavado de dinero, y Astrid Bracamonte, quien razonó una fotocopia de un proyecto de sentencia elaborada por el ex magistrado Rogers Camilo Argüello, y que sirvió de base para tramitar la libertad y sacar el dinero.
En la petición a la CSJ, los abogados esgrimen que los 18 meses de suspensión se cumplieron en junio pasado, y que la Corte debía informar de ello a los juzgados de todo el país para volver a ejercer la profesión.
Sin embargo, algunos de estos profesionales del derecho ejercieron la profesión hasta agosto de 2006, cuando la CSJ remitió la circular a los juzgados, pues antes, los jueces argumentaban que no existía ninguna notificación emitida por la CSJ, en relación con las sanciones impuestas.
El asesor explicó que la actuación de algunos de estos abogados, y ex jueces en algún caso, posterior a las sanciones impuestas, acarrearía nulidades que tendrían consecuencias en los juicios donde se personaron.
El caso de los 600 mil dólares constituyó uno de los mayores escándalos del Poder Judicial en los últimos años, pues se vieron involucrados el Presidente de la CSJ, Manuel Martínez, en la firma del cheque entregado a supuestos representantes de los condenados por narcotráfico, y el ex magistrado Rogers Camilo Argüello, quien elaboró un proyecto de sentencia ordenando la liberación de los reos y la devolución del dinero.
El año pasado, Estados Unidos, con apoyo de las autoridades del gobierno anterior, se llevó al colombiano Jorge Eliécer González Largo, el principal involucrado y beneficiado con la sentencia de Argüello.