Nacional

Prodigalidad con víctimas de guerra


Esteban Solís

El presidente Daniel Ortega firmó anoche un decreto mediante el cual autorizó un incremento en distintos porcentajes a partir de noviembre próximo, a las víctimas de guerra que suman entre madres de caídos, viudas, huérfanos y con discapacidades totales o parciales, 21 mil 106 personas.
La fuente de esos recursos no fue identificada por el gobernante, sin embargo, dijo que un estudio legal y económico efectuado por las autoridades del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), determinó que hay suficientes fondos para cubrir esos reajustes. ¿Será de las reservas actuarialmente requeridas?
Las madres de caídos que hoy en día reciben 442 córdobas mensuales, con la nueva disposición ejecutiva alcanzarán 810 córdobas. Las pensiones de las viudas pasarán de 442 córdobas a 529 córdobas, mientras que los ex combatientes, sea del Ejército o de la Resistencia, con discapacidad total, que hoy reciben 884 córdobas, recibirán mil 350 córdobas.
Un presidente pródigo
Dijo que ante las buenas perspectivas de la economía que ya empieza a verse con el crecimiento de las exportaciones (¿?), dentro de un año, su gobierno duplicará todas las pensiones a las víctimas de guerra.
El jefe de Estado firmó el decreto ante centenares de beneficiados con esa medida en el auditorio de la Universidad Católica, y ante el presidente de la Comisión de Paz y Reconciliación, cardenal Miguel Obando.
Pide para Obando
En esta oportunidad, Ortega aprovechó para recordar que en una actitud egoísta, la Asamblea Nacional le negó presupuesto a esa instancia para cumplir con los acuerdos suscritos hace varios años, y entre los que sobresale el de la propiedad, lo cual fue calificado por el mandatario como algo complejo.
En este sentido, instó a los diputados a que destinen la mitad de los 400 mil córdobas que les asigna anualmente el Parlamento para ejecución de obras sociales, a la comisión que preside el cardenal Obando, cuyos integrantes no tienen salario.
Ortega la emprendió también contra los traficantes de tierras, sin identificar a nadie. “No vamos a aceptar traficantes de propiedades como los que tuvimos en la Intendencia de la Propiedad”, manifestó.
Por su parte, la nueva intendente de la Propiedad, Yara Pérez, adelantó que tienen identificadas a varias personas vinculadas al tráfico de tierras, en las que hay “muchos funcionarios de las intendencias de las administraciones anteriores”. Es decir, que también hay de ésta.
Pérez, que sustituyó en el cargo hace dos semanas a Mireya Molina, dijo que estudian cada uno de los casos, y van a proceder junto con la Procuraduría General de la República para que respondan por las afectaciones hechas contra el Estado.