Nacional

Gobierno interviene en crisis de la Cruz Roja

* Para hoy citaron a Presidenta de organismo benemérito para responder sobre quejas

La crisis institucional que afecta la Cruz Roja de Nicaragua llegó a despachos del gobierno central, luego que miembros de dicha organización interpusieran quejas en el Ministerio de Gobernación, instancia que citó para hoy a la presidenta de la institución humanitaria, Esperanza Bermúdez de Morales.
Según un comunicado distribuido ayer en nombre del Consejo Nacional de la Cruz Roja, la queja por la crisis institucional se elevó el pasado tres de septiembre del corriente año ante la Dirección de Control y Registro de Asociaciones del Ministerio de Gobernación de la República de Nicaragua “por la constante y reiterada violación a los Estatutos y Reglamentos de nuestra organización”.
Con base en la queja, la señora Bermúdez fue citada para hoy a las 10 de la mañana por el Director del Departamento de Registros y Control de Asociaciones, Gustavo Adolfo Sirias.
Al respecto, la vocera de la institución humanitaria, Lisett Guido, dijo que la señora respondería cualquier pregunta sobre el tema durante el evento de la rifa de un automóvil que se ejecutaría hoy mismo a las nueve de la mañana en la sede de la Cruz Roja.
Auditor revisa cuentas de Cruz Roja
Sobre el objeto de la crisis y las quejas sobre supuesto mal manejo administrativo, Guido dijo que la institución ha contratado un auditor externo para presentar los resultados del manejo de los recursos de la Cruz Roja y disipar las dudas sobre la transparencia en el manejo de los mismos.
De acuerdo con el pronunciamiento, la denuncia contra la presidencia de la Cruz Roja se da “al amparo de la Ley General Sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro (Número 147)”.
Según el comunicado, la queja se elevó en virtud que desde “2004 no se convoca a la Asamblea General, y que desde abril de 2007 no se convoca al Consejo Nacional, única autoridad de gobierno de Cruz Roja Nicaragüense, y considerando que en diciembre de 2005 expiró el plazo de todas las autoridades electas a nivel local, departamental y nacional”.
El comunicado, que habla en nombre de 14 miembros del Consejo Nacional y supuestos ocho presidentes de ocho filiales municipales, afirma “que la crisis que hoy embarga nuestra organización no tiene carácter personal con la señora Esperanza Morales, a la cual se le venció su tercer mandato en diciembre de 2005, de igual forma, rechazamos y desmentimos los argumentos de que somos cuatro personas que actúan de mala fe para tomarse la institución”.
Más bien el origen de la crisis, dice el comunicado, “es el resultado de las reiteradas violaciones a los Estatutos e ignorar las facultades y atribuciones legítimas del Consejo Nacional, única autoridad de gobierno después de la Asamblea General, los cuales han sido suprimidos por la vía de hecho, para dar paso a una administración personal de la institución y no colegiada, como se establece en nuestro marco jurídico institucional”.