Nacional

No más Kamusis

* Reforma a Ley de Estabilidad Energética estableció plazo perentorio para que el gobierno contratara la generación de 120 megavatios * En cuestión de días, bajo el amparo de ese artículo y con negociaciones adelantadas, se estaba pidiendo exclusión de procedimientos a la Contraloría para cerrar trato oneroso con Kamusi * La denuncia llevó de mentira en mentira a los funcionarios, y la derogación del artículo obligará a buscar lo mismo, pero licitado y transparente

Diputados del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) introdujeron una iniciativa de ley ante la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional, a raíz de la experiencia en el caso Kamusi, para garantizar que los proyectos energéticos sean manejados con transparencia y eficiencia.
La ley deroga una disposición introducida en la Ley de Estabilidad Energética, calificada por los proyectistas como trampa legal para turbias contrataciones.
La Ley de Estabilidad Energética obligaba al gobierno a buscar 120 megavatios en un período 10 meses, precisamente la misma cantidad que ofreció la misteriosa firma panameña Kamusi Investment S.A. a un precio mayor que el del mercado.
De acuerdo con Víctor Hugo Tinoco, las reformas a la Ley de Estabilidad Energética, aprobadas en junio pasado, deben ser modificadas “para evitar que a su amparo se realicen oscuros negocios, como el que ENEL estaba fraguando con la empresa Kamusi en condiciones desventajosas para el país y excesivamente ventajosas para esa empresa”.
La legislación persigue eliminar el plazo de diez meses para que el gobierno instale 120 megavatios lo más pronto posible, además de insistir en la aplicación de procesos de licitación.
“Primero eliminamos la fecha fatal de los diez meses que tenía el gobierno, y decimos que lo haga en el menor tiempo posible para que no viole la ley, y segundo insistimos en la licitación como mecanismo que ya está establecido en la ley al momento de hacer cualquier contratación de cualquier empresa para establecer estos 120 megavatios”, dijo Tinoco.

Rappaccioli utilizó el artículo de ley
El ingeniero Emilio Rappaccioli, titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), justificó las negociaciones con Kamusi precisamente con las reformas a la Ley de Estabilidad Energética, en una carta enviada a la Contraloría el pasado 28 de septiembre.
“El Ministerio de Energía y Minas al igual que las empresas adscritas a él, como ENEL, GECSA, y ENATREL, hemos procedido a dar cumplimiento a lo ordenado por la Ley No. 627 “Ley de Reforma y Adiciones a la Ley 554, “Ley de Estabilidad Energética”, escribió Rappaccioli.
“Su artículo 4 establece lo siguiente: “(…) El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Energía y Minas, deberá asegurar la instalación en los próximos diez meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, de por lo menos ciento veinte (120) megavatios de generación con base en fuel oil, procurando la obtención del menor precio”, citó el ministro.
Sin embargo, de acuerdo con el borrador del contrato con Kamusi, esta compañía ofrece un precio de potencia fija de 36 dólares el kilovatio mes, cuando el costo más alto en el mercado es de unos 17 dólares.
El ministro señaló que el supuesto menor precio sería “compensado con la venta del servicio, para lo que será necesario la aprobación del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) como ente regulador del sector eléctrico. Todo ello, sin perjuicio de los procedimientos y requisitos establecidos en las leyes pertinentes”.

MEM no ha autorizado
El funcionario también informó a la Contraloría que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no ha autorizado la firma de un contrato de asociación en participación entre el gobierno de Nicaragua y la misteriosa empresa panameña Kamusi Investment S.A. para la adquisición de 120 megawatts.
“En relación con las publicaciones relacionadas con la empresa Kamusi Investment S.A., este Ministerio no ha autorizado la firma del contrato con dicha empresa”, citó el documento.
Desde que Confidencial y EL NUEVO DIARIO revelaron a inicios de septiembre pasado las negociaciones secretas entre Kamusi y el gobierno, los titulares del MEM y de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) negaron reiteradas veces informar sobre el tema, y tampoco explicaron por qué buscaron una empresa que ofrecía el precio más alto del mercado.
Un dictamen legal de la Procuraduría, fechado el 14 de junio pasado, ya había alertado a Rappaccioli de que debía existir una “previa autorización del Ministerio de Energía y Minas” para que el gobierno firmara un contrato de asociación comercial con Kamusi.
Rappaccioli alega en su misiva al ente fiscalizador, que “tanto el MEM como las empresas adscritas a él, hemos sostenido comunicaciones con diversas compañías que podrían ayudar a solucionar dicha crisis, sin haberse concretado a la fecha firma de contrato alguno, encontrándonos avocados a la búsqueda de alternativas de conformidad con la disposición legal antes referida”.
El ministro prometió a la Contraloría informar “la suscripción de cualquier tipo de contrato”. “Las estipulaciones del mismo se harán acorde a lo mandado en la Ley No. 627 antes referida, y lo haremos saber no sólo a ese honorable cargo, sino también a la ciudadanía nicaragüense, afectada por esta crisis”, señaló.

Martínez Tiffer sigue a Rappaccioli
El ingeniero Ernesto Martínez Tiffer, Presidente de ENEL, siguió los pasos a Rappaccioli enviando otra misiva a la Contraloría el pasado primero de octubre, y confirmando cada uno de los puntos evacuados en la carta del 28 de septiembre pasado.
“Se han sostenido conversaciones con empresas nacionales y extranjeras, incluyendo la empresa panameña Kamusi Investment S.A., interesadas en ofrecer sus servicios para paliar la crisis que enfrentamos, pero aún no se ha concretado ni formalizado contratación alguna con ninguna de las empresas oferentes, en el marco de nuestra legislación vigente”, escribió Martínez Tiffer.
El gobierno solicitó a la Contraloría --por medio de una carta fechada en junio pasado-- contratar sin licitar a Kamusi para adquirir las plantas energéticas que generarían los 120 megawatts, los cuales al final serían ejecutados por otras dos empresas: Can-American Inc. y Alstom Power Rental.
Pero Martínez Tiffer negó tal gestión a inicios de septiembre, a pesar de la misiva firmada por su puño y letra. Su respuesta en esa ocasión fue: “No existe compañía panameña. No existe”.
Pero por segunda ocasión, luego de su comparencia ante la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional el martes pasado, admitió las negociaciones con la firma canalera y se mostró --por fin-- solícito a informar cuando se firme algún contrato.