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Queja en Suprema y “Arenas” se va

* Señalan en la Corte que jueza hizo “diablos de zacate” con el embargo, actuando contra ley expresa * Pero todo fue “foul”, porque el demandado Armel ya no tiene nada, y hasta la maquinaria era de una empresa particular

El proyecto turístico Arenas Bay cerró operaciones en Nicaragua. La decisión fue tomada a raíz del embargo preventivo a la sociedad San Cristóbal, ejecutado por Astrid Fonseca, juez Local Único del municipio de Tola.
“En este momento está cerrada la oficina de Arenas Bay en este país, punto, yo no sé si vamos a abrir otra vez, yo no sé si quedamos en este país, no sé”, dijo Jocelyn Carnegie, inversionista inglesa y representante legal de la Sociedad Anónima Bucaneros.
“En realidad sí tenemos que seguir peleando contra acciones ilegales, porque gastamos más dinero aquí, porque invertimos más dinero aquí, no hay razón. Otros países quieren nuestra inversión”, agregó.
Carnegie presentó ayer una queja ante la Comisión de Régimen Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la judicial Astrid Fonseca.
“Mi sentimiento en este momento es de frustración. Estamos en shock. porque estamos promoviendo a Nicaragua por un lado en Europa, y por otro lado nos atacan, y no es a nosotros solamente, sino es a otros extranjeros, propiedad de otras compañías, constructores que nada tienen que ver con nosotros, propiedad de casas de extranjeros. Es ridículo”, expresó.

González ya no tiene nada
Luego aclaró que el inversionista nicaragüense Armel González ya no tiene nada que ver con el proyecto turístico Arenas Bay.
“Nada que ver, es claro, claro, claro que este gobierno no quiere a Armel en este país, bueno, mandamos a otro país, ya no está, ya nada tiene que ver con esta compañía Armel González”, aseguró.
EL NUEVO DIARIO se comunicó con Armel González, quien además de confirmar lo dicho por Carnegie, calificó como un “foul” el embargo preventivo ejecutado por la judicial Astrid Fonseca.
“Es un soberano abuso de autoridad porque yo desde hace un año empecé a vender mis acciones en Arenas Tola y todos los bienes que tengo en Nicaragua, porque éste es un país donde no se puede invertir y por eso me trasladé desde hace tres meses a Panamá”, detalló.

“Demandan a Pedro y embargan a Pablo”
Para González, es como “demandar a Pedro y embargar a Pablo” y por ende, a quienes perjudican es a los inversionistas que le compraron a él y a la Sociedad San Cristóbal, que era la propietaria de lo activos del proyecto turístico Arenas Tola, ubicado en la comunidad de Gigante, del municipio de Tola.
Según González, él vendió sus acciones de la Sociedad San Cristóbal desde diciembre del año pasado, y a esa fecha aseguró que la inversión era de nueve millones de dólares.
Al referirse a los seis millones de córdobas que exigen los diez miembros de la cooperativa “Pedro Joaquín Chamorro”, manifestó que no les pagará ni un sólo córdoba.
“Yo no tengo por qué pagar nada si ni siquiera sé si hay juicio por daños y perjuicios en mi contra”, comentó.
El embargo preventivo abarca un lote de 50 manzanas en el cual hay seis casas construidas y 18 en construcción, y otro lote de 64 manzanas.

Maquinaria de una empresa
Asimismo, se embargó todo el plantel, bodegas y maquinaria pesada, entre ella una rastra, una pala mecánica, un volquete, un patrol, un bod cat y un camión Volswagen, maquinaria que según Armel pertenece a la empresa constructora Hannon.
El embargo fue solicitado el 25 de septiembre por el abogado Humberto Corea Rosales.
En la queja interpuesta ante la Comisión de Régimen Disciplinario de la CSJ, se lee que “en dicha Acta de Embargo claramente se observa la manera ilegal y las nulidades existentes en dicho acto, puesto que manifestó la señora Juez Local que embargaba propiedades de la Sociedad San Cristóbal, Sociedad Anónima, y menciono que es ilegal ya que al momento que la señora Juez ejecutaba el embargo, el señor Jorge Pérez, quien labora para mi representada, le presentó los documentos legales que acreditan el dominio y posesión de la Sociedad Bucaneros S.A. desde el día diecisiete de junio del año dos mil cinco, documento a los cuales la señora Juez, hizo caso omiso de ellos, manifestando verbalmente que esos documentos los podíamos presentar en el juicio, que en este acto de embargo no eran necesarios, y no tenían ningún valor para ella”.
El documento califica de “irresponsable” a la judicial al proceder a embargar propiedades de inversionistas extranjeros, “quienes una vez que adquirieron propiedades han procedido a construir sus viviendas”
“A más de lo antes expuesto, la honorable Juez Local Único de Tola nombró a un depositario con calidades de interventor, manifestando que esto era de conformidad a unos artículos, los cuales no señaló; esto claramente se expresa en el Acta misma de la Ejecución, pero al momento de señalar el nombramiento, nombra al señor Félix Jorge Pérez Roa como depositario, y nombra como interventor a un señor de nombre Pedro José Oviedo Rocha, del cual desconocemos quién es”, dice.
Por su parte, el procurador Hernán Estrada dijo ayer sobre este caso y otros conflictos de propiedad en Tola, que están buscándole soluciones a través de la mediación entre los vendedores y los compradores, específicamente la cooperativa agrícola “Pedro Joaquín Chamorro” y los socios del consorcio turístico Arenas Bay.

“Nosotros hicimos un esfuerzo ahí para mediar y tratar de asegurar los derechos de los terceros adquirientes, que sí es una responsabilidad del Estado velar para que su inversión ahí no se ahuyente y se sientan seguros”, dijo Estrada.
“Para nosotros lo importante ahí, en este caso en particular, era que esos pensionados, esas personas que confiaron en Nicaragua y se sintieron atraídos por venir a nuestro país, que mantengan su inversión y que no la pierdan y que continúen haciéndola”, sostuvo.

(Con la colaboración de Luis Galeano y Lizbeth García)