Nacional

Suspenden juicio por fraude a la Portuaria

* Sólo procesan a empleados menores

Lizbeth García

A falta de testigos, el juez suplente Tercero Penal de Juicio de Managua, Óscar Manzanares, tuvo que suspender el juicio oral y público que la Procuraduría General de la República (PGR) promovió en contra de los que supuestamente defraudaron a la Empresa Portuaria de Nicaragua (EPN) hasta por 27 millones de córdobas, aunque “los peces gordos” están prófugos o amparados, y están juzgando a las “pepescas”.
El Procurador César Guevara explicó durante el juicio que de las trece personas que acusaron por defraudación y otros delitos, dos están prófugos tras haber sido declarados en rebeldía: el ex director de la EPN, Roberto Zelaya Blanco, y Luis Humberto Collado, yerno del ex financiero, Luis González Barberena, quien se amparó a última hora, al igual que lo hicieron otros siete acusados.
Barberena también fue acusado en el Juzgado Segundo Penal de Juicio por otros delitos que supuestamente cometió en la EPN, y como no compareció cuando lo citaron, fue declarado en rebeldía y capturado, pero estuvo pocas horas en la cárcel porque la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mandó a parar los juicios en su contra en tanto no se pronuncien sobre el fondo del amparo que éste promovió contra la resolución de la Contraloría General de la República donde se le estableció presunción penal.
Según la acusación, Zelaya abrió cuentas en Bancentro, no registradas contablemente en la Portuaria, y contra las cuales se emitieron cheques para subalimentar otras de donde habría salido dinero para “donárselo” a empresas y personas naturales y jurídicas.
La PGR acusó a Montenegro porque 48 cheques de 54 que salieron de esas cuentas fueron emitidos a su nombre y hechos efectivos. La PGR ignora el destino del dinero.
A los otros dos la PGR los acusó porque supuestamente avalaron los cheques y borraron la información de los mismos, lo que fue corroborado por los testigos Charles Erick Whitaker, ex gerente de la delegación EPN-Corinto, Emérita Sugey Guerrero, Dina Diana Downs e Isolda Rubí. Uno de ellos primero fue llamado como testigo, y después, inexplicablemente, fue acusado de encubridor.
Estas últimas confirmaron que hasta las mandaron de vacaciones para aparentemente hacer desaparecer la información que la Contraloría requirió cuando notificaron que iban a hacer una auditoría sobre los cheques que aparentemente eran para cubrir gastos corrientes y pagar el seguro social de los trabajadores.