Nacional

5 % de diputados tienen crisis de identidad sexual

* Anuncian gran marcha contra gobierno y desobediencia civil * Presionan a CSJ para que se pronuncie sobre aborto terapéutico

Melvin Martínez

El Movimiento Autónomo de Mujeres encabezará hoy una manifestación de protesta en la que participan organismos y ciudadanos que marcharán hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se pronuncien sobre el Recurso por Inconstitucionalidad contra la Ley No. 603, que derogó el artículo 165 del Código Penal, que permitía el aborto terapéutico.
Los manifestantes se desplazarán, también, por la sede de los distintos partidos políticos, y concluirán en la sede de la Secretaría del Frente Sandinista, que también es el despacho del presidente Daniel Ortega.
Sofía Montenegro, Coordinadora Política del Movimiento Autónomo de Mujeres, citó una investigación de su autoría en la que refiere que al menos el cinco por ciento de la población nicaragüense es homosexual o lesbiana, por lo que dijo que la Asamblea Nacional es una muestra poblacional que no está exenta de este porcentaje.
Un porcentaje crítico
“En el universo de la Asamblea Nacional, el cinco por ciento de los diputados son homosexuales”, dijo la líder del feminismo, quien llamó a ver con cuidado a esos parlamentarios que abjuran de las diferencias humanas en cuanto a las preferencias sexuales.
La caravana parte a las nueve de la mañana del mausoleo a Carlos Fonseca y se dirige a distintos puntos de la ciudad, incluidas las sedes de los partidos y la Asamblea Nacional, en el marco de la celebración del 28 de septiembre –-día de la despenalización del aborto en América Latina-- y en desagravio a Carlos Fonseca, José Santos Zelaya y Augusto C. Sandino. El Movimiento Autónomo de Mujeres emitió un manifiesto en el que critica a los diputados por haberse aprovechado de la tragedia que ocasionó el huracán “Félix” y eliminar nuevamente el aborto terapéutico del Código Penal.
El pronunciamiento señala que en esa fecha los diputados se “convirtieron en obispos y pastores, haciendo alarde de hipocresía y doble moral, y demostrando el desprecio a las mujeres. El gobierno del FSLN con los votos parlamentarios del FSLN, PLC y ALN, eliminó el aborto terapéutico”.
Montenegro indicó que como los legisladores dieron el caso por cerrado, “lo que queda es la protesta ciudadana y la desobediencia civil, es a lo que vamos, al desorden a nivel nacional.
“Con esta decisión, el Estado de Nicaragua ha establecido un terrorismo contra las mujeres y, por otro lado, está institucionalizando la matanza de mujeres en este país y es una grave violación de los derechos humanos”, agregó.
Al votar, pasar la factura
Por ello dijo que van a recurrir a cortes internacionales de derechos humanos para denunciar al Estado de Nicaragua y al gobierno de Daniel Ortega.
“Hay un axioma que dice que uno reconoce a quienes le reconocen, entonces, como el gobierno de Nicaragua no nos reconoce, nosotros no reconocemos al gobierno, ni al Estado ni sus autoridades. Eso significa la desobediencia civil, las mujeres tienen derecho a salvar sus vidas. No hay que hacer caso al gobierno, ni a la Asamblea Nacional, y hay que pasar la factura a la hora de las elecciones”, agregó.
Dijo que las fuerza retrógradas encabezadas por el cardenal Miguel Obando no permitieron a la Iglesia Católica tomar una posición más sensata y humana en cuanto al tema.
Según organizaciones independientes, en lo que va de 2007, más de 65 mujeres han fallecido tras la abolición del aborto terapéutico.

Un organismo mundial de DDHH se pronuncia
El organismo internacional Human Rights Watch presentará este martes un informe acerca de los nocivos efectos de la prohibición del aborto terapéutico.
El informe indica que Nicaragua es uno de apenas tres países en todo el mundo que han prohibido el aborto terapéutico, norma que es totalmente incompatible con las obligaciones de derechos humanos internacionales, incluyendo el derecho a la vida, la salud y la no discriminación.
La prohibición que se dio el pasado año, dice el organismo, ya ha tenido efectos graves en la vida y la salud de las mujeres y niñas. El organismo exhorta al gobierno a derogar la norma del Código Penal que penaliza el aborto, y, por el contrario, a garantizar el acceso al aborto voluntario y seguro.