Nacional

Suspenden permisos a buseros de matancina

* Sanción aplicada a transportistas busca cancelación total de las concesiones, aunque ley ata manos a autoridades correspondientes * Uno de los autobuses ni siquiera pertenecía a la ruta en la que colisionó, y chofer no tenía licencia para esa categoría * Procurador de Derechos Humanos exime a conductores y asegura que dueños de unidades y su “sistema perverso” son los culpables

El Ministerio de Transporte e Infraestructura suspendió temporalmente operaciones a los propietarios de las unidades de buses cuyos conductores causaron la muerte de ocho personas, al provocar el accidente registrado en la comarca La Grecia No.1, entre Chinandega y El Guasaule, la semana anterior.
Kelvin Efrén Pérez Lindo, propietario de la unidad placas CH 113 que cubría la ruta Chinandega-El Guasaule, y Julio Efraín Solís, propietario del bus placas CH 05868, que cubría la ruta Palo Grande-Chinandega, fueron notificados por Evelyn Chavarría, asesora legal del MTI, sobre la sanción aplicada en base a la Ley General de
Transporte Terrestre y sus reformas.
Y aunque la sanción señala la suspensión temporal de las operaciones, el ingeniero Franklin Sequeira, Subdirector de la Dirección General de Transporte Terrestre, aclaró que la sanción aplicada ayer a los transportistas busca la cancelación total de las concesiones, debido a la gravedad de las violaciones a la ley.
“Estamos suspendiendo la concesión temporalmente para dar el siguiente paso, que es la cancelación total”, explicó Sequeira, quien aseguró que debido a los procedimientos que establece la Ley de Transporte, si no se cumple esa fase el transportista “puede ampararse y perdemos el caso, quedaríamos en ridículo”, aseguró.
Buscan cancelación total
El funcionario recordó que en el caso de la unidad de Transportes García, a ese bus no le correspondía cubrir esa ruta, sino a la señora Laura Azucena García, pero no estaba operando porque su unidad se encontraba en mal estado.
“Ese bus lo metieron para suplir las necesidades que en ese momento había, es lo que se llama un bus de repuesto”, explicó.
Pero además, el conductor de esa unidad, Genaro Reyes Maldonado, de 25 años, conducía de forma temeraria y con una licencia que no tenía la categoría correspondiente. Bayardo Fúnez, delegado de Transporte Terrestre del MTI en Chinandega, confirmó que Reyes Maldonado “no marcaba la categoría”.
Exime a conductores
En tanto, el procurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas Lacayo, eximió de responsabilidad a los conductores señalados por la sociedad de causar la muerte de peatones y pasajeros, al afirmar que la temeridad con que conducen en las calles de Managua se debe a la presión que sobre ellos hacen los dueños de los buses.
“Se debe suspender la licencia cuando producto de las investigaciones policiales se determine que el choque donde se produce la pérdida de la vida humana sea responsabilidad del conductor.
También se debe sancionar a los dueños de buses que de alguna manera son los autores intelectuales, pues por razones meramente mercantiles diseñan un sistema perverso de operación, que pone en peligro la vida de los usuarios”, dijo Cabezas.
El procurador exhortó a la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional a realizar un proceso de consulta donde participen las instituciones del Estado, incluyendo las defensoras de los derechos humanos, así como organizaciones de la sociedad civil, sobre la ley que regula la prestación del servicio de transporte. El funcionario solicitó que el establecimiento de sanciones y procedimientos para su aplicación se corresponda con la magnitud de los daños ocasionados a terceros, ya que los actualmente establecidos dan mucha flexibilidad al transportista de negociar libremente la póliza con las empresas aseguradoras y los procedimientos para ésta.
Urge revisar la ley
Sequeira, el subdirector de Transporte Terrestre, se mostró a favor de reformar la Ley General de Transporte y las reformas aprobadas en mayo pasado. La razón argumentada por el funcionario es que los diputados “amarraron las manos del MTI” para la aplicación de sanciones más fuertes a los transportistas que violenten la ley.
“Las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional no me permiten tomar decisiones de inmediato, hay una serie de requerimientos que como ministerio se deben cumplir”, aseguró.
Según Sequeira, las reformas a la ley aprobadas en mayo pasado le quitaron facultades al MTI, una de estas es que en las terminales de buses que son de los transportistas ya no pueden estar los inspectores del MTI, sólo los chequeadotes de los concesionarios, que no chequean nada”.