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Presidente del BCN defiende a Conrado


Vladimir López

El presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, considera que la resolución de la Contraloría General de la República (CGR) donde se indica que hubo presunción penal contra varios ex funcionarios del gobierno anterior, incluyendo al miembro del FSLN, Silvio Conrado, en el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis) no afecta en nada la actual condición de Conrado como director del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Rosales, a quien por su condición de presidente del BCN le corresponde ser el gobernador para Nicaragua del BCIE, dijo que el director por Nicaragua (ante el BCIE) es el doctor Silvio Conrado, e insistió en señalar que esa resolución de la CGR no afecta a Conrado “en lo absoluto, porque sólo es una presunción”.
“El Banco Centroamericano de Integración Económica es una entidad de los centroamericanos. Él (Conrado) ha estado reuniéndose últimamente con el directorio del Banco Centroamericano para tratar asuntos relacionados con la capitalización del Banco. Pensamos llevar (el capital del Banco) a cuatro mil millones de dólares”, dijo.
Agregó que Conrado también está discutiendo con los miembros del directorio del BCIE el caso de unas acciones “que los centroamericanos tenemos en ese banco para que puedan ser convertidas en capital social”.

“Es sólo una presunción”
Rosales insistió en señalar que la resolución de la CGR es sólo una presunción. “Nosotros tenemos entera confianza en el actuar y en el quehacer del doctor Conrado. Verdaderamente, es un representante de mucha calidad, es una persona que juega un papel muy importante en la economía nicaragüense, dando sus opiniones en su momento en el Banco Central y ahora en el Banco Centroamericano de Integración Económica”, dijo.
“Yo confío plenamente en que el doctor Silvio Conrado ha cumplido con los deberes que le han sido asignados. Entiendo que éste es un proceso (el de la CGR) de naturaleza administrativa, que está sujeto a revisión en otras instancias, porque los nicaragüenses hemos acordado desde hace largo rato que solamente las decisiones judiciales son las que reconocemos como cosa juzgada”, manifestó.
Rosales consideró que “siempre la puerta judicial está abierta cuando creemos que la tutela de nuestro derecho subjetivo no se ha logrado en una decisión de naturaleza administrativa”.