Nacional

Cancelan concesión de Geosa

* Paso siguiente: demandar la nulidad del contrato de privatización * Procurador revela que se violó la ley de contrataciones, se dio a precio de regalo, se entregaron valiosas propiedades y se contrató con una empresa de rara constitución en Gran Caimán

Eloisa Ibarra

El procurador general de la República, Hernán Estrada, confirmó ayer que declaró nulo el proceso de privatización de la Generadora de Occidente S.A. (Geosa) y ordenó la cancelación de la concesión, por encontrar una serie de violaciones a la ley y vicios en el proceso mismo de licitación.
Estrada informó que ya notificaron la resolución a los socios de Geosa, entre ellos al presidente de la Junta Directiva, Sergio Raskosky Hollmann y a las autoridades del Ministerio de Minas, para que proceda a la cancelación de la concesión, y en
relación a la nulidad del contrato de privatización, será un proceso de mero derecho en los tribunales.
Afirmó que al momento de la privatización, Geosa producía 115 megavatios y hoy se encuentra en cero, y tenía una facturación de más de diez millones de dólares mensuales, lo que significa, según los especialistas, que pagaron en un año los 11.3 millones de dólares en que fue vendida.
El procurador explicó que aún falta por cuantificar el daño económico total causado al Estado, porque al momento de la privatización Geosa estaba valorada en 22 millones 400 mil dólares y fue vendida en 11.3 millones de dólares. Además del lucro cesante que el Estado ha dejado de percibir en todos estos años.
Entre los principales hallazgos encontrados durante la investigación de la Procuraduría General de la República (CGR) están: la adjudicación por un precio menor que el establecido como base y la no convocatoria a una nueva ronda, en contravención a lo establecido en el reglamento.
El Comité de Privatización de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), según la PGR, redujo sin justificación el precio base de licitación de 18 millones de dólares a doce millones, y lo adjudicó a un valor de 11.3 millones de dólares en abierta violación a la Ley de Contrataciones del Estado.

Un raro adquirente
“Geosa se adjudicó a la sociedad Elusa Power Inversiments, LTD, de las islas del Gran Caimán, que se presume es una subsidiaria de Coastal Power Internacional IV, o Coastal Power Nicaragua, Holding Company LTD, o de Coastal Power Nicaragua LTD, o de Tipitapa Power Company LTD”.
No se encontraron documentos que demuestren que Elusa Power Investiments, LTD, es subsidiaria de Coastal Power Internacional IV, LTD, que fue la que se adjudicó la licitación y que debió haber firmado la adquisición de Geosa, además de ser el comprador idóneo exigido por el pliego de bases y condiciones, calidad que se desconoce posea Elusa, según la investigación de la PGR.
Las bases de la licitación, indicó Estrada, establecían que para que un operador fuese idóneo debía tener un capital de 100 millones y producir 500 megavatios y en este caso, Elusa no cumplía ninguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación.
Los documentos de constitución de Elusa fueron autenticados por un notario del Estado de Texas, Estados Unidos de América, y no de las Islas del Gran Caimán, como debería de corresponder; aunque la misma se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble de Masaya.
Según el análisis de la Procuraduría, no podía inscribirse aquí, por tratarse de empresa unipersonal de responsabilidad limitada, puesto que sólo pueden acceder al registro aquellas sociedades extranjeras, similares a las de Nicaragua.
Elusa, al no ser subsidiaria de Coastal Power Internacional IV, LTD, debía haber esperado cinco años para firmar un contrato de venta de acciones y conservar Coastal, el 25 % de las mismas, y cumplir con las características para la precalificación de las empresas.

No escrituraron generación
El contrato de generación no fue elevado a escritura pública, en contravención a la Ley 323, Ley de Contrataciones del Estado; no se estableció obligaciones significativas con relación a la entrega de energía producida o la obligación de modernización. El periodo de obligaciones mínimas está por expirar, puesto que está programado, según el contrato, hasta 2008.