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Desde EU revive debate sobre el aborto terapéutico


El debate sobre la abolición o vigencia de la ley que penaliza el aborto terapéutico, se reavivó esta semana, luego que desde Nueva York el organismo Human Rights Watch enviara una carta abierta a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, donde le piden revertir la ley que prohíbe a las mujeres y médicos someterse a un aborto terapéutico en embarazos en condiciones de riesgos de salud.
La carta, publicada íntegra en el sitio web del organismo de derechos humanos, dice que la prohibición general del aborto promulgada por Nicaragua --inclusive en casos de violación, incesto o embarazos que amenazan la vida-- viola los estándares internacionales en materia de derechos humanos y representa un grave riesgo para las mujeres.
La misiva parte del contexto donde se espera que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emita en las próximas dos semanas un dictamen acerca de la inconstitucionalidad de la prohibición, que fue impuesta en octubre del año pasado, durante la etapa más candente del proceso electoral, que derivó en la victoria en noviembre del Frente Sandinista, partido abanderado de la medida legal contra las mujeres nicaragüenses.
Sin embargo, en la CSJ, aunque ya se han acumulado los más de 30 recursos por inconstitucionalidad promovidos por diversos organismos, aún no han fecha para someter a discusión las propuestas de sentencias que existen.
El magistrado Francisco Rosales, Presidente de la Sala Constitucional, que tramitó los recursos, dijo ayer que los proyectos de sentencia se encuentran en manos del presidente de la Corte, Manuel Martínez a quien le corresponde poner el tema en agenda para discusión de Corte Plena.
Rosales reconoció que existe diversidad de criterios entre los magistrados, pero declinó entrar en detalles, porque, de hacerlo, las partes pueden implicarlo para que no participe en la votación cuando llegue el momento.
Una afrenta mundial
“El derecho internacional proscribe las prohibiciones del aborto porque tales restricciones niegan a las mujeres sus derechos fundamentales a la vida y a la salud”, dijo en la carta José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch.
“La prohibición del aborto en Nicaragua constituye una afrenta a los estándares internacionales y a las mujeres nicaragüenses”, insistió en su misiva.
De acuerdo con el análisis jurídico de Human Rigths Watch, la penalización del aborto en Nicaragua es incompatible con las obligaciones del Estado nicaragüense bajo el derecho internacional, “porque amenaza los derechos de las mujeres y de las niñas a la vida, a la salud, a la igualdad, a la privacidad, a la integridad física y a la libertad de culto y de conciencia”.
El organismo argumenta que al aprobarse la ley se eliminó la posibilidad de que las mujeres obtengan un aborto con fines terapéuticos --es decir, para proteger su salud o su vida--, a pesar de que estas disposiciones habían existido en el Código Penal de Nicaragua por más de cien años.
Daños evidentes
“La actual prohibición del aborto pone en riesgo las vidas de las mujeres nicaragüenses y las amenaza a ellas y a los profesionales de la salud con persecución penal y con hasta 14 años en prisión”, acusa el organismo con sede en Nueva York, para el cual, a casi un año de la polémica aprobación, ya hay mucho daño en la salud de la sociedad nicaragüense.
”Ya es evidente el dañino impacto que la prohibición está teniendo en las mujeres. Durante una misión de investigación a Nicaragua en agosto, Human Rights Watch documentó retrasos en la prestación de servicios obstétricos de emergencia en el sector de la salud pública, cuyos resultados fueron fatalidades prevenibles”.
“Mujeres embarazadas que padecían problemas de salud, en particular las mujeres pobres que dependen de los servicios del sector público, mostraron con frecuencia un marcado temor a procurar tratamiento”, señala parte de la misiva que, del mismo modo, establece: “…la prohibición hace que las mujeres y niñas que carecen de recursos económicos sean especialmente vulnerables a prácticas de aborto inseguras”.
“Hay familias que han perdido a sus hijas, hermanas y esposas a causa de los retrasos en el tratamiento de hemorragias post-aborto y otras complicaciones”, dijo Vivanco.
¿Cuántas mujeres muertas?
Al respecto, el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) afirma que desde la aprobación de la citada ley, ellos han recibido de parte de ONG que demandan el restablecimiento del aborto con fines terapéuticos, un reporte de muchas mujeres que han fallecido debido a la vigencia de la ley.
Irela Alemán, asesora jurídica de dicho organismo de derechos humanos, señaló que los reportes de víctimas no son oficialmente reconocidos por el Estado, “porque hay una política oficial de silenciar el tema, pero las muertes han ocurrido y ocurren en silencio”.
La abogada, gestora junto a otras organizaciones de un recurso de inconstitucionalidad contra la citada ley ante la Corte Suprema de Justicia, dijo que esperan, al igual que Human Rigths Watch, una abolición de la ley que penaliza el aborto terapéutico “para establecer el derecho de las mujeres a la salud y a la vida, a su dignidad y a la de su familia”.
Con la colaboración de Eloísa Ibarra.