Nacional

Derrame Texaco es ya de 500 galones


María Haydée Brenes

El fuerte olor a gasolina, cintas amarillas con la prohibición de pase y una cuadrilla de hombres trabajando, son la antesala del décimo segundo derrame de combustible reportado en una gasolinera nicaragüense desde el año 2003 a la fecha.
La gasolinera Texaco “Estrella del Sur”, ubicada en el municipio de San Rafael del Sur, reportó una fuga de 300 galones de diesel. Sin embargo, EL NUEVO DIARIO conoció, por medio de la red de periodistas ambientales, que el derrame era de 500 galones, razón por la cual la gasolinera contrató a una pipa de la compañía Transportes Hernández.
A diferencia de los otros derrames, en los que se ha rodeado las estaciones de servicio con láminas de zinc, ayer los trabajadores sacaban con un recipiente el combustible, que después trasegaban a uno de los tanques, a la vista de los transeúntes.
En la visita que EL NUEVO DIARIO hizo al lugar y las consultas sobre el derrame, la única respuesta de las personas que allí trabajaban fue que: “No podían dar declaraciones, pues el encargado de la obra y el gerente de la gasolinera no se encontraban, y eran los únicos autorizados para informar sobre el tema”.
Estamos atentos
Al consultar sobre el tema a Carlos Porras, Alcalde de San Rafael del Sur, este comentó que la municipalidad se enteró del derrame el miércoles pasado y desde ese día fue citado el señor Manfredo Cardoza, encargado de la estación de servicio.
“La Comisión Ambiental Municipal (CAM)) está viendo el caso del derrame; por ahora siempre está en el lugar un delegado de la municipalidad, pero será el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marena) el que tenga la última palabra sobre cuáles son los daños en base a los estudios que mandan”, dijo el alcalde Porras.
Asimismo, afirmó que será con base en los estudios que junto al Consejo determinarán si la municipalidad demandará penalmente a la gasolinera por el daño ocasionado.
Al aire libre
El alcalde Porras manifestó que antes habían llamado al encargado de la estación de servicio porque no están conectados a la red sanitaria del municipio y descargan sus aguas en un terreno frente a la gasolinera, al aire libre.
“La gasolinera toda la vida ha tirado sus aguas servidas al otro lado de la carretera, y eso ha sido siempre un problema, desde hace tiempo, porque allí se seca a la intemperie, pues no cuentan con una pila séptica o de tratamiento, nosotros desde antes les dijimos que debían resolver ese problema”, dijo el edil.
Reunir a las partes
La ministra del Ambiente, Juana Argeñal, declaró ante este nuevo derrame, que ya se están haciendo las coordinaciones necesarias para determinar si hay deficiencias en la gestión ambiental de las gasolineras.
Pese a estas declaraciones, fuentes del Marena manifestaron que el problema de las gasolineras es que quien autoriza los permisos y vigila su funcionamiento es el Departamento de Gestión Ambiental del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), adscrito al Ministerio de Energía y Minas.
“Hemos notado que el INE no es exigente en cuestiones ambientales, por tanto, esa responsabilidad deberían pasarla directamente a Marena, para que aplique con rigor la Ley de Delitos Ambientales en estos casos de derrame, para al menos sentar precedente y que todos los dueños de gasolinera pongan su barba en remojo, para que los derrames se terminen de una vez, porque parecen epidemia”, dijo.
Sin resarcimiento de daños
Hasta la fecha, grupos ambientalistas han denunciado que el Estado no ha obligado a las empresas y estaciones de servicio que se han visto involucradas en los derrames de combustible a resarcir los daños ocasionados.
“Las gasolineras se han quedado con planes de remediación que no tienen siquiera un plazo, por ejemplo, tenemos el caso de la Texaco Unidad de Propósitos, que ya cumplió cuatro años sin que hayan resarcido el daño, es decir, sin que hayan dejado el sitio tal como estaba antes del derrame, y eso no puede seguir ocurriendo”, manifestaron.

¿Qué dice la Ley?
La Ley Especial de Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Ley 559) señala en su capítulo II, artículo número seis, sobre contaminación de suelo, que:
“Las personas naturales o jurídicas que de forma dolosa infiltren materiales químicos o contaminantes en los suelos por los que se ocasione o se pueda ocasionar inminentes daños a la salud, a los recursos naturales, la biodiversidad, calidad de agua o a los ecosistemas en general, se les impondrá una pena de seis meses a cinco años de prisión y multas equivalentes a entre un mil y 50 mil dólares norteamericanos. Esto sin menoscabo del pago de los daños causados a terceros”.
También la ley agrega que las penas serán aumentadas en cinco veces cuando afecten los suelos y subsuelos de asentamientos poblacionales y la salud de las personas, como ocurre en este caso.