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Abogado de “Las Lomas” acusa a un magistrado

* Muestra documentos donde doctor Rafael Solís cambió sus firmas y luego ordenó a juez que “rectificara error” * Relata, además, violenta discusión en oficinas de magistrado Solís, y señala testigos * Magistrado no recuerda lo de las firmas, admite que juez tenía que “rectificar error”. Deja entrever delito en ampliación de litis, y que hizo todo para proteger a inversionistas que compraron de buena fe

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, doctor Rafael Solís, fue identificado ayer como la persona que ordenó la anulación de la sentencia que resolvía regresar las “Lomas de Sandino”, ubicada frente a la bahía de San Juan del Sur, a sus antiguos dueños, quienes aseguran tener pruebas suficientes en su contra.
El señalamiento fue rechazado por el magistrado, quien prácticamente avaló la actuación de la ex jueza Ligia Rivas Peña, judicial que el 17 de mayo de 2006 anuló una sentencia emitida por ella misma en la cual ordenaba que las “Lomas de Sandino” volvieran a manos de sus antiguos dueños. Un fallo que había sido ratificado en el Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, y por la CSJ.
Según Iván Salazar, esposo de Silvania Medina Sandino, quien es una de las herederas de las famosas lomas de su abuelo “Pancho Sandino”, el magistrado Solís se inmiscuyó en el caso cuando el juicio se elevó a la Sala Civil de la CSJ, de la cual él era parte, “aunque lo salió negando en una entrevista que dio al semanario “Confidencial”.

“Firmas vacilantes” de Solís
Salazar mostró como pruebas las “vacilantes firmas” del magistrado Solís en el proyecto de sentencia que según él, favoreció a algunos de sus familiares.
Los documentos en manos de EL NUEVO DIARIO detallan que el doctor Solís firmó el proyecto de sentencia presentado 16 de agosto de 2004 por el magistrado Edgar Navas, el cual salió a favor de los Sandino. En dicho documento, el mismo Solís firma a favor de ellos, pero al parecer después se arrepintió y borró su firma, y a la par la volvió a estampar para oponerse al fallo, el cual no tuvo mayores repercusiones, ya que el 20 de mayo de 2005 se volvió a presentar el proyecto de sentencia y para esa fecha ya Solís no era parte de la Sala Civil, y el fallo definitivo fue a favor de los Medina Sandino.
Ese fallo fue el que originó la sentencia número 158, emitida por la Sala Civil de la CSJ el 16 de diciembre de 2005, con la cual se ratifica la sentencia dictada por la jueza Ligia Rivas Peña y la dictada el cinco de marzo de 2004 por el TAM, en las que se falla a favor de los Medina Sandino, en el juicio de reivindicación y cancelación de asientos registrales que se introdujo en contra de Denis Ibarra Gutiérrez, quien tenía a su nombre las propiedades 617 y 2375, que equivalen a 236 manzanas.
Según Salazar, como Solís no pudo revocar la sentencia desde la Sala Civil de la CSJ, “ordenó a la juez Rivas Peña, ahora Magistrada del Tribunal de Apelaciones de Granada, que anulara el auto que ella dictó el cinco de abril de 2006, mediante el cual ordena a Ibarra Gutiérrez o a cualquier otra persona que se encontrara en posesión del bien inmueble, que en el acto de ser requeridos pusieran en posesión del mismo a la señora Medina Sandino”.
El afectado sustenta esta versión con lo ocurrido el 16 de mayo, un día antes que la judicial dejara sin efecto el famoso auto. Según Salazar, ese día el magistrado Solís lo llamó a la CSJ para que negociaran las “Lomas de Sandino”.
“A gritos e improperios comienza amedrentarme y a decirme que sí, que efectivamente la finca 617 es de mi mujer (Silvania), ‘pero te tenés que salir de la propiedad porque no vas a negociar estando adentro, porque eso sería negociar bajo presión’”, relató Salazar que le dijo el magistrado Solís.
En la conversación, Solís supuestamente también le pidió a Salazar que le pusiera precio a la loma, pero cuando Salazar le respondió que no estaba en venta, Solís le habría contestado que al día siguiente lo mandaba a sacar con orden de la jueza Ligia Rivas Peña, y como no hizo caso, así ocurrió mediante un exhorto, y de esa forma los Sandino se quedaron burlados.

Hasta un alto jerarca de la Iglesia Católica presenció diálogo
Salazar dice que tiene pruebas para demostrar esa conversación con el magistrado Solís, ya que la misma fue escuchada por una comisión de los Derechos Humanos, por el doctor Francisco López Fernández y por un prestigioso jerarca de la Iglesia Católica, cuya identidad por el momento el afectado prefirió omitir.
Salazar considera que “el colmo” del asunto es que todo lo referente al caso lo está arrastrando a Sala Constitucional de la CSJ y no a la Sala Civil, ya que hasta existe un auto dictado el 25 de agosto de 2006 en el que la Sala Constitucional manda a remitir a esta sala, en el término de la distancia, el expediente número 579-06 y otros que tengan vínculos al caso.
Los afectados agregan que con la anulación de lo actuado por la jueza Rivas Peña y el incumplimiento de los fallos emitidos por el TAM y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, se violenta el artículo 451 del Código Civil, que establece que dictada una sentencia --como ocurrió en este caso-- no se puede de ninguna manera modificar, solamente se le puede hacer correcciones por un error numérico o de cálculo después de 24 horas de haberse dictado.

Solís niega su intervención y apoya “rectificación de error”
El magistrado Solís negó haber intervenido en el asunto y dijo que lo único que hizo la doctora Ligia Rivas fue “corregir el error” cometido por la CSJ. Fue tajante en negar la reunión con Salazar, pero titubeante en cuanto a las fechas y sobre si firmó o no un proyecto de sentencia a favor de los Sandino. El vicepresidente de la Corte afirmó que todo lo hizo “de buena fe”, y que cualquier cosa que se diga en su contra es con el objetivo de desviar la atención de los verdaderos líos que tiene el caso.
El señor Salazar lo señala como el magistrado que los afectó desde la CSJ en el caso, ¿qué tiene que decir sobre eso?
Ahí no hay nada incorrecto, hubo un error en la sentencia de la Corte que la doctora Rivas corrigió, hizo lo correcto porque es la única manera de proteger la inversión extranjera en el país. Yo ni siquiera estaba en la Sala Civil cuando eso. Eso es pura mentira, no tengo nada que ver con ese caso... ya me había ido de la Sala Civil cuando salió esa sentencia”.
Pero la sentencia que mostró Salazar dice 18 de agosto de 2004... usted estaba todavía en la Sala Civil.
Sí, pero (la sentencia) no la firmé, y si firmé la sentencia, que no recuerdo haberlo hecho, si la firmé con los demás magistrados, todos lo hicimos de buena fe, ¿me entendés?, sin darnos cuenta que en la Corte se cambiaron las cuentas registrales... sí, ahí hay que investigar porque ahí puede haber delito.
¿Delito en qué sentido?
En el sentido que el juicio comenzó con una sola cuenta registral en primera y segunda instancia, y después --que fue el gran error que se cometió-- en la sentencia (de la Sala Civil) se aparecen cancelando seis o siete cuentas registrales, que fue la barbaridad que se hizo.
¿Quiénes, según usted, cometieron esos delitos?
No sé, por eso te digo que habría que investigar, porque se quería expropiar a un montón de inversionistas norteamericanos por medio de un juicio en el que ni siquiera fueron parte. Con base en un pleito entre dos hermanas, eso es escandaloso, si hasta los medios lo publicaron, sí fue una barbaridad, y por eso yo apruebo lo que hizo la doctora Rivas.
Pero, ¿no le parece inadecuado que una juez de segunda instancia diga que lo que falló la CSJ está malo?
Lo que hizo ella es correcto porque corrigió el error que se había cometido en la Corte, porque el juicio nunca tuvo que ver con 200 manzanas y siete cuentas registrales, eran ocho o diez manzanas en una cuenta registral.
¿Por qué se arrastró el caso de la Sala Civil a la Constitucional?
Porque hubo un recurso de amparo en la Sala Constitucional, que ya se falló, pero también recurrieron de amparo contra ese fallo, pero ya la doctora Rivas lo resolvió, y ese es el que ahora está en apelación en el TAM, que seguramente va a llegar a la Sala Civil y se va a resolver todo de una vez.

Historia de la propiedad ubica a los Sandino
De acuerdo a la historia registral en manos de EL NUEVO DIARIO, las “Lomas de Sandino” están en poder de esta familia desde antes que existiera el Registro Público de la Propiedad, inicialmente estaban en manos de Macedonio Sandino, bisabuelo de los actuales demandantes.
Según la historia registral, en 1906 Macedonio le vende ocho manzanas que eran parte de la finca 617 a un señor de nombre Alejandro Alvarado. Esto consta en una escritura pública otorgada en Rivas el 21 de abril de 1906, ante el notario Leonardo Rodríguez e inscrita el 25 de abril de 1906.
Posteriormente, en 1957, Francisco Sandino, hijo de Macedonio, aparece como dueño de la propiedad 617, y el 21 de marzo de ese año comparece ante el abogado Octavio Vega Pasquier para comprar los derechos de la finca a Carlos Alberto Masis, quien vende por el precio de mil córdobas 129 hectáreas.
Con los años, Francisco Sandino, por quien surge el nombre Lomas de “Pancho Sandino”, pasa los derechos de la propiedad en 1967 a su hija Norma Sandino Medina, y ésta hereda a sus hijos Norma, Silvania y Mario, quienes son los actuales demandantes, y como prueba de que no fueron víctimas de confiscación o de la reforma agraria, muestran documentos emitidos por la Intendencia de la Propiedad.
A la vez presentan una constancia de Ineter emitida el 15 de octubre de 2002 firmada por Manuel Gallegos López, Director General de Catastro Físico de Ineter. En dicha constancia se indica que “Pancho” Sandino es dueño de 129 hectáreas con 2,562 metros cuadrados, con número catastral 3049-4-11-000-00100, y la misma constancia señala que dentro de la parcela aparece la finca del inversionista Chris Berry, quien la compró a beneficiados con título de reforma agraria.