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Firman convenios contra la corrupción


Autoridades de Estados Unidos y representantes de organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua firmaron hoy seis convenios de cooperación para difundir compromisos de la convención contra la corrupción.
Firmaron los convenios el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Paul A. Trivelli, y el director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Managua, Alex Dickie, informa un comunicado de la misión estadounidense.
Las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense conforman el Grupo de Seguimiento a la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Estos convenios suman más de medio millón de dólares para dar a conocer la convención, así como para promover que la sociedad civil monitoree su cumplimiento por parte del Estado de Nicaragua.
La Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) fue suscrita por el Estado de Nicaragua desde su adopción en 1996 y ratificada en 1999.
La convención constituye un plan de anticorrupción para los países firmantes, para prevenir, detectar y sancionar los actos y delitos de corrupción, y promover la participación de la sociedad civil en su papel de verificador de su cumplimiento.
Como parte del seguimiento internacional a la convención, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha recomendado en dos ocasiones al Estado de Nicaragua, fortalecer los sistemas de contrataciones de todos los funcionarios públicos incluyendo también a los de los municipios, los del Poder Judicial y los del Ministerio Público.
También reformas a la Ley de Compras y contrataciones del Estado, creación de un sistema de protección para los funcionarios públicos y ciudadanos que denuncien actos de corrupción, así como mejorar los sistemas para la verificación y utilización de las declaraciones de probidad.
Además, desarrollo y reglamentación de procesos de recepción de solicitudes de acceso a información.
El Programa de Transparencia de USAID apoya a organizaciones de la sociedad civil para promover reformas legales y el acceso a la información, abogar por la transparencia gubernamental, y aumentar la concienciación pública sobre los derechos de los ciudadanos, para lo cual cuenta con un total de 6,9 millones de dólares para actividades hasta 2009.