Nacional

Millones “extraviados”

* La suma de las irregularidades en el manejo de los fondos que hicieron MTI, DGA, DGI, CSJ y AN acumulan casi C$ 650 millones * CGR señala registro inadecuado en la DGI de cuentas por cobrar al Ministerio de Hacienda, que supera los C$ 220 millones, y manejo irregular de C$ 315 millones * En la Corte se desconoce el paradero de casi 10 millones de córdobas, y no hubo control de C$ 42,232,480.73

Luis Galeano

Una auditoría financiera practicada por primera vez por la Contraloría a la ejecución del Presupuesto General de la República de todo el Estado, reveló una serie de inconsistencias en al menos cinco entidades donde se podría ordenar auditorías especiales para conocer el destino de millones de córdobas que no pudo ser determinado en el primer trabajo del ente fiscalizador.

Los contralores colegiados aprobaron el pasado jueves 17 de mayo que los resultados de la auditoría financiera realizada al presupuesto de 2005, se dieran a conocer a los medios de comunicación, mientras anunciaron auditorías específicas en las instituciones donde se encontraron las irregularidades.
“Por primera vez hemos logrado hacer una revisión a la ejecución del presupuesto, y de ahí, estamos seguros, se aprobarán otras auditorías especiales en instituciones específicas por recomendación de los auditores que realizaron este trabajo”, dijo el contralor Guillermo Argüello Poessy.
El documento firmado por el director general de Auditorías de la Contraloría, Marvin Vílchez Rocha, señala que realizaron la “Auditoría Financiera y de Cumplimiento del Estado de Ejecución Presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2005”, a 19 instituciones que recibieron recursos del Presupuesto General de la República.

Las entidades
De acuerdo con su reporte, el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), la Dirección General de Ingresos (DGI) y la misma Asamblea Nacional, son las entidades en las que el manejo de los recursos que recibieron vía presupuesto, no fue el más adecuado. La suma de las cantidades que andan “en el aire” en las cinco instituciones es de C$ 647,502,609.43.
El informe indica que para la realización de estas auditorías observaron la base legal establecida en la Constitución Política de la República de Nicaragua, la Ley 518: “Ley Anual de Presupuesto General de la República 2005”, así como las leyes de modificación del mismo y las Normas de Auditoría Gubernamental (Nagun).
Asimismo, manifiesta que los informes de auditoría se han realizado teniendo como soporte el Sistema Integrado de Gestión Financiera, Administrativa y Auditoría (SIGFA), y el Informe de Liquidación del Presupuesto General de la República 2005, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La realización de esta auditoría, incluso, había sido impuesta como una condición “sine qua non” por parte de varios organismos y países donantes, para desembolsar 90 millones de dólares a favor de Nicaragua.

70 personas trabajaron en auditoría
En la auditoría participaron 70 personas, las que laboraron desde el 09 de enero al 30 de marzo de este año. De las 19 entidades auditadas, 15 presentaron “razonablemente” el manejo de su presupuesto, con algunas inconsistencias de carácter administrativo, pero que no implicaron perjuicios para el Estado.
El presupuesto de egresos de 2005, con todo y las modificaciones, alcanzó la suma de C$ 22,516,276,490.42. El presupuesto de gastos (sin incluir amortización de la deuda pública) fue ejecutado en la suma de C$ 18,343,414,384.22.
De este total, C$ 10,593,536,204.34 son de gastos corrientes, con una ejecución de 98.8% respecto del total presupuestado. El gasto de capital fue ejecutado en la suma de C$ 7,749,878,179.88 equivalente de un 86.75% del total presupuestado.

Los “clavos” de la DGI
La auditoría financiera determinó una sobre ejecución presupuestaria en la Dirección General de Ingresos (DGI) de C$ 2,274,765.67. También reportaron un registro inadecuado en la DGI de cuentas por cobrar al Ministerio de Hacienda hasta por la suma de $ 220,855,398.66.
La DGI no ha enterado a la Administración de Rentas respectiva diversas retenciones: por pagar IR a empleados, IR 2%, 5% y 10% por Compra de Bienes y por Servicios Profesionales, reflejados en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2005, hasta por la suma de C$ 4,852,112.48.
La Dirección General de Ingresos es en deber a la Administración de Rentas Sajonia C$ 11,316,315.07 en concepto de Impuestos de Retenciones IR, salarios, otros, Compras de Bienes y Servicios 1, 2, 5 y 10%, que corresponden a períodos anteriores, saldos que se encuentran reflejados en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2005.
La DGI no proporcionó a los auditores de la Contraloría documentación que justifique las devoluciones de impuestos, ni su conformación. Tampoco entregó información sobre los Certificados de Crédito Tributario, beneficiarios y montos acreditados, todo lo anterior hasta por la suma de C$ 315,477,102.42.
La DGI registró ajuste de enero a septiembre 2005, a las recaudaciones percibidas en la Administración de Rentas Grandes Contribuyentes hasta por la cantidad de C$ 3,086,362.95, los que no están adecuadamente soportados con las correspondiente bitácoras, aperturas de cajas, minutas de depósitos y declaraciones recibos fiscales.
El sistema de información administrativa y financiera que utiliza la DGI (SIIAF) fue desarrollado por la Dirección de Informática de la DGI para servir de apoyo a las funciones y responsabilidades de la División Administrativa Financiera, pero en nuestras pruebas se mostraron inconsistencias de información entre la de los reportes y la facilitada por la institución. La administración del sistema y el mantenimiento debería realizarlo la Dirección General de Tecnología y no la Dirección General de Ingresos.

La DGA no se quedó atrás


De acuerdo con la auditoría, la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) solicitó una asignación presupuestaria en concepto de recaudación por Rentas con Destino Específico por la suma de C$ 6,000.000.00, sin antes haber obtenido confirmación de la suma recaudada por el referido concepto.
Otro de los elementos que destacan es que según informe de ejecución presupuestaria, la DGA ejecutó en 2005 la suma de C$ 142,328,871.00, cuando la asignación por parte del Ministerio de Hacienda fue por la suma de C$ 137,890,349.19, situación que resultó en una sobre ejecución por la suma de suma de C$ 4,438,521.81, que fue registrada contable y presupuestariamente como una obligación, que fue pagada durante el ejercicio presupuestario de 2006.
Mediante revisión al Renglón 581-Cuotas a Organismos Internacionales, se comprobó que en comprobante Presupuestario No. 1426, y comprobante de Tesorería No. 4699 del 28 de septiembre de 2005, se contabilizó Nota de Débito N/D por transferencias bancaria hasta por la suma de
C$ 339,815.10, equivalentes de 19,033.92 euros, en concepto de pago anual a la Organización Mundial de Aduanas (OMA), correspondiente al período del 01 de julio 2005 al 30 de junio de 2006.
En los referidos comprobantes no se adjunta convenio o acuerdo donde se establezca tal aporte, ya que este gasto está soportado con fotocopia de Solicitud de Transferencia de Fondo, Carta de solicitud de transferencia y Carta de la Embajada de Nicaragua ante el reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y la Unión Europea.
Por último, reportan los auditores que el sistema de Información Administrativo Financiero (SIIAF) que utiliza la DGA, “es totalmente manipulable” y no se ajusta a lo establecido por las Normativas de Control para la ejecución presupuestaria, emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Anomalías en la Corte


Una de las entidades auditadas que llamó la atención de los auditores y en la cual recomiendan realizar una auditoría especial es la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde se desconoce el paradero de casi 10 millones de córdobas.
“En revisión a los ingresos captados en el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2005, comprobamos que la Corte Suprema de Justicia generó ingresos propios hasta por la cantidad de C$ 9,895,378.20, los cuales no fueron incorporados en el Presupuesto General de Ingresos de dicha institución, ni depositados en la Cuenta Única de Recaudación (CUR) de la Tesorería General de la República.
Mario Gutiérrez Marenco, Director Financiero de la Corte en contestación a los Resultados Preliminares de la Auditoría, mediante carta de fecha 19 de marzo de 2005, manifestó que los ingresos en dinero en efectivo en 2005, no fueron ingresados al presupuesto de la institución, ni depositados en la Cuenta Única del Tesoro, porque la Ley 501, Ley de Carrera Judicial, manda la creación del fondo de beneficio a los funcionarios de la Carrera Judicial y del Instituto de Capacitación y Documentación Judicial. El argumento fue calificado como “insuficiente” por los auditores.

Donaciones a la deriva
Otro elemento que resaltan los auditores es que la administración de Préstamos y Donaciones Externas que posee la CSJ, al 31 de diciembre de 2005, hasta por la cantidad neta de C$ 42,232,480.73, no es controlada mediante la Caja Única del Tesoro ni se tiene evidencia de la voluntad escrita del donante, tal como lo indica las normativas del Presupuesto General de la República.
Gutiérrez Marenco respondió que el sistema interno de seguimiento a la Ejecución Presupuestaria no contempla el registro de las operaciones de préstamo y donaciones, debido a que las asignaciones y ejecuciones por donaciones son manejadas directamente por el organismo donante en conjunto con la contraparte nombrada por la institución.
Los auditores respondieron que no existe justificación para que la Administración Financiera de la CSJ no ejerza control e incluya en los informes de Ejecución Presupuestaria, los gastos relacionados con fuentes de Préstamos externos y Donaciones.
Además, en estos señalamientos se observaron pagos de consultorías a personas que a la vez eran empleados de la CSJ, se reportaron gastos por obligaciones contraídas en los períodos 2003 y 2004 y violaciones a la Ley de Contrataciones del Estado.

MTI: 23 millones de córdobas en el aire
En el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), los auditores reportaron que durante el transcurso de la auditoria, encontraron Comprobantes Únicos Contables (CUC) que no presentan documentación soporte que evidencien los desembolsos realizados para el Proyecto denominado “Programa de Transporte Departamento de Estelí” hasta por C$ 18,345,560.23.
Otro de los elementos anómalos es que en el proyecto denominado: “Estudio de Factibilidad y Diseño para la Pavimentación de Carretera Nueva Guinea-Bluefields”, los auditores observaron que el Comprobante Único Contable (CUC), No. 3842 presenta un registro de C$ 5,265, 274.14, que carece de documentación soporte que evidencie su transacción. Ambos proyectos suman C$ 23,610,834.37.
De acuerdo con los auditores, ninguna de las dependencias del MTI involucradas en la realización de estos proyectos se responsabilizó por el asunto, y, por tanto, recomiendan realizar una auditoría especial sobre el mismo.

Pagos y préstamos a suplentes y diputados


Los resultados de la auditoría revelan que la Dirección Administrativa Financiera de la Asamblea Nacional pagó salarios a varios diputados suplentes de ese órgano legislativo, aun cuando éstos ejercían otros cargos públicos.
También se registraron erogaciones bajo el concepto de “Préstamo” a diputados de la Asamblea Nacional sin que se realice ningún abono o deducción de nómina. La Dirección Administrativa Financiera aduce que no son préstamos sino pago de planillas de comisiones, algo que no justifica la acción.
La Asamblea Nacional pagó al Banco de Crédito Centroamericano, S.A. (Bancentro) la suma de C$ 3,063,521.97, en concepto de “cancelación de préstamos que se hiciera en el año 2004, para el pago del complemento de las asignaciones económicas y acreditaciones de los diputados suplentes y compromisos de pagos adquiridos por esta institución”. La Asamblea Nacional recurrió a la banca privada para realizar préstamos en 2004, debido a que sobreejecutó su presupuesto y no existían los suficientes recursos presupuestarios para el pago de sus obligaciones, entre ellas las asignaciones económicas a diputados suplentes.