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Nemagón y otro “vía crucis”

Por quinta vez en los últimos siete años, un grupo de afectados del Nemagón camina 140 kilómetros para venir a protestar a Managua por el eterno olvido del Estado. Vienen más divididos que nunca, mucho más enfermos que antes y tan diezmados, que más de dos mil ex bananeros murieron esperando justicia y otros mil ya no pueden ni caminar y esperan en agonía el final de sus días

Hoy saldrían a las cuatro de la madrugada. El punto de partida sería la rotonda en cuyo centro se eleva un trabajador de piedra con un mazo muy alto en la mano, en la propia entrada central a Chinandega. De ahí a Managua hay 140 kilómetros que ellos recorrerán a pie, por quinta vez en los últimos seis años.
La primera vez, allá por el año 1999, salieron más de cinco mil en fila india a protestar a la capital. Unos tras otros, en silencio, en la oscuridad y cuidadosos de no meterse a la calzada de pavimento de la Carretera Panamericana.
Cargaban bolsos, mochilas, pailas y algunos iban recogiendo palos, plásticos y hierbas secas para encender el fuego más adelante, cuando ya el sol criminal de Occidente empezara a calentar la dermis.
Para entonces estaban juntos y eran guiados por el encendido dirigente Victorino Espinales, quien caminaba al frente de la columna con una bandera azul y blanco que ondeaba sobre un astil rústico apoyado al hombro.
Ahora, de aquella interminable fila de silenciosos peregrinos no queda más que el 10 por ciento que repetirá el peregrinaje de protesta. Apenas 500 saldrán de allá y el resto, unos tres mil más que antes caminaron y que ahora ya no pueden dar más de sí, llegarán a Managua a asentarse donde siempre: en el parque Pedro Joaquín Chamorro, frente a la sede de la Asamblea Nacional.
¿Por qué vienen tan pocos? Por tres motivos: uno, porque ahora los grupos de ex trabajadores de las fincas bananeras están divididos en ocho agrupaciones de dirigentes y cuatro bufetes de abogados (con representaciones en Estados Unidos y Nicaragua); dos, porque cerca de 2,500 personas han muerto desde la primera caminata, y tres, porque más de mil están enfermos y no podrán soportar la dura marcha.

Muertos de aquí y allá
Igual que ayer, Victorino Espinales, Presidente de la Asociación de Trabajadores y ex Trabajadores Afectados por el Nemagón y el Fumazone (Asotraexdan), viene al frente de la marcha.
¿Sólo 500? Son los que pueden soportar la marcha, dice Espinales. La mayoría de los hombres que antes caminaron han muerto, otros se han separado y otros están postrados. En su organización cuentan 1,686 muertos desde la primera vez que vinieron a plantarse frente a la Asamblea a pedir la aprobación de la Ley 364, Ley Especial para la Tramitación de Juicios Promovidos para las Personas Afectadas por el Uso de Pesticidas Fabricados en base de DBCP.
“Sólo de nuestro grupo (Asotraexdan) se nos han muerto 1,686 personas de cáncer, de insuficiencia renal, de infartos, de todo se nos han muerto. Han caído como moscas”, informa Espinales, quien detalla que sólo en 2006 le reportaron 192 fallecimientos de ex trabajadores que antes marcharon con él.
“Tenemos otro grupo regado por todo Chinandega y León de más de 1,600 personas que ya no pueden caminar, de gente que está agonizando y que no va a ver la justicia”, advierte el dirigente sindical que ha encabezado las cuatro marchas anteriores a Managua.
No es el único que denuncia la mortandad. Los abogados Barnard Zavala y Martha Cortés, representantes en Nicaragua de 2,089 demandantes, calculan en un poco más de 300 los clientes que se les han muerto durante el avance de los juicios y reportan que han elaborado más de 500 testamentos y declaratorias de herederos de sus representados.
De los 300 muertos, 155 fueron por cáncer, Insuficiencia Renal Crónica (IRC) y otras enfermedades. De ellas, 60 ya habían obtenido sentencias a su favor. Otros 336 están en etapa terminal y posiblemente no logren recuperarse hasta ver la plata, por lo cual han pedido documentos de sucesión para sus familiares.
“Generalmente cuando la persona ya entra en una etapa terminal de sus enfermedades, vienen a pedir que se les hagan los documentos de sucesión para que sus familiares continúen las gestiones”, explica Zavala, quien pide al Tribunal de Apelaciones de León que agilice las gestiones congeladas en sus despachos, porque de lo contrario “la justicia será sólo para los fantasmas, porque ya los clientes no aguantarán más de cinco años vivos”.

Métanme entre los muertos
En la oficina de Walter Gutiérrez y asociados, se reportan los muertos desde el 2005. Ese año murieron 36 personas, a un ritmo de tres por mes. En el 2006 un total de 12 más dijeron adiós al mundo, y este año reportan siete clientes muertos. De estos fallecidos, 27 habían ganado ya sus sentencias en Nicaragua.
Ángel Espinoza, abogado de ese bufete, dice que antes de esa fecha y desde el inicio de los juicios en el año 2000, al menos 300 personas se les habían muerto durante el período de búsqueda de pruebas. Ahora, señala, hay un grupo de 425 personas afectadas con cáncer que están en estado crítico de salud.
Sentado en la sala de oficina del bufete de Walter Gutiérrez, oyendo todo, está Juan Ramón Mendoza Rodríguez, de 56 años y ex trabajador de las plantaciones de la finca María Elsa y Emma. Ha estado sollozando bajito, tratando de calmar el dolor de sus riñones con las manos, en espera de que le extiendan una hoja para ir a hacerse unos exámenes a una clínica privada que se ha puesto a la orden para atender esa semana a 100 afectados.
“Métame a mí en la lista de los futuros muertos, porque estos riñones hijo de putas no me van a dejar llegar a diciembre”, dice Mendoza con esfuerzo y con el rostro húmedo y lívido.
Y no es mentira, dice horas después Rodolfo Zeledón, un dirigente sindical que inició sus demandas al frente de un grupo de 180 ex trabajadores de las bananeras, de los cuales a la fecha quedan 168.
“El último que se nos murió de cáncer de estómago fue Humberto Andrade Carrasco, que fue legítimo aplicador del veneno. Se nos murió hace tres semanas y sólo como 20 pudimos ir a la vela. La demás gente ya no puede”, dice el viejo labriego que tiene las piernas y el abdomen llenos de ampollas oscuras que revientan en supuraciones cuando el calor se vuelve agobiante.
La cantidad de personas que llegaban a diario a sus oficinas a denunciar que sus familiares estaban muriendo, obligó al doctor Antonio Hernández Ordeñana a exigir a sus clientes el acta de defunción debidamente extendida por las autoridades sanitarias.
Ahora ellos llevan actualizada una lista de 206 personas fallecidas desde hace cuatro años, que pudo ser mayor si los parientes de los fallecidos hubiesen reportado a sus muertos antes de darles sepultura.

Reclamo del eterno olvido
¿Por qué protestan ahora Victorino? Y la respuesta es igual que antes, con el mismo tono desafiante y agresivo: “Ahora venimos contra Daniel Ortega, ya que su ministra de Salud, Maritza Cuan, nos quitó los beneficios de los acuerdos del Raizón, que obtuvimos en la última gran marcha de 2005”, dice el dirigente.
Rememora que aquellos acuerdos, firmados con el gobierno de Enrique Bolaños tras 81 días de protesta frente a la Asamblea Nacional, implicaban una partida presupuestaria anual para atender a los afectados, una política de prioridad para los más enfermos y medicinas gratuitas.
Los acuerdos incluían también una dosis de ayuda humanitaria y macabra a la vez: el gobierno decidió también entregar ayuda para gastos de ataúd y funeral hasta un número de 300 anuales en los casos de muerte. La oferta se quedó corta ante los hechos.
“Para en abril del año pasado ya no había más cajas (ataúdes), porque la gente se estaba muriendo más rápido de lo calculado”, expresa Espinales.
Su denuncia contra el gobierno es rechazada totalmente por la vocera del Ministerio de Salud, Maritza Tellería: “No sólo hemos mantenido el compromiso con los ex trabajadores del Nemagón, sino que hemos aumentado la ayuda, y prueba de ello es que por orientaciones de la ministra se inauguró esta semana en el Hospital España (de Chinandega) una unidad de diálisis para atender a los pacientes que padecen de insuficiencia renal crónica”, dijo la funcionaria.
Ella agregó que además, el gobierno ha hecho gestiones con países amigos para enviar equipos especializados a la zona para atender a las personas afectadas y que el plan de atención incluye el envío de médicos cubanos y venezolanos. “El señor Espinales miente”, dice Tellería.
Y no es la única que acusa a Espinales de mentir: ninguno de los otros líderes sindicales que representan a grupos de ex bananeros supuestamente afectados por el uso del Nemagón avala la marcha de Espinales, ni creen sus argumentos.
“Esto no es político, es social, y por lo tanto, nosotros reconocemos el esfuerzo de este gobierno en ayudar a las víctimas. Victorino lo que quiere es llamar la atención para beneficio propio”, dice el periodista Benjamín Chávez, vocero del grupo de trabajadores organizados en el bufete Ojeda, Gutiérrez y Espinoza Asociados (Ogesa).
Otro dirigente que antes marchó junto a Espinales, dice ahora que el controversial líder de Asotraexdan anda molesto con el actual gobierno porque lo separaron del programa de salud: “Antes era Victorino el que daba los avales, pero como se metió de diputado por el Movimiento Renovador Sandinista, la gente del Frente Sandinista lo quitó”, dice Rodolfo Zeledón, representante de un pequeño grupo de hombres que se separó de la organización de Espinales porque “no queremos nada con traidores”.

La otra tragedia: división y desconfianza

* Entre la danza de millones que bailan en los juicios, hay denuncias de negociaciones oscuras, señalamientos de traiciones y promesas de una lluvia de dólares

A Victorino Espinales no le importa lo que piensen los otros grupos de ex trabajadores bananeros. Dice que él responde por su gente y que es por ellos que regresa a Managua a protestar.
“Los otros dirigentes están comprados por los bufetes de abogados y yo soy independiente”, alega Espinales, quien acusa a los abogados de manipular a los campesinos para negociar con las transnacionales demandadas en Nicaragua y Estados Unidos.
Éstos se defienden, y personas como Antonio Hernández Ordeñana (del grupo de Juan José Domínguez, en Los Ángeles), Walter Gutiérrez (del bufete de Walter Lack y Thomas V Girardi), Barnard Zavala y Martha Cortés, (del bufete Provost Umphrey), acusan a Espinales de boicotear los juicios y de venderse a algunas empresas demandadas por el uso del Nemagón.
“Si hasta lo han visto negociando en Managua con Michael Carter (Vicepresidente de Dole Food Company), la última vez estaba con ellos en el Crowne Plaza y algunos dirigentes lo encontramos in fraganti. No hallaba qué cara poner, y lo único que hacía era gritar para que nos sacaran”, acusa el dirigente Zeledón.
Humberto Hurtado, vocero en Nicaragua de Dole, confirma que las reuniones con Espinales se han dado en varias ocasiones, y que el motivo es el mismo de siempre: buscar una solución justa al conflicto y darle lo que corresponde a los trabajadores que ellos reconozcan como realmente afectados.
Y si, dice Hurtado, el señor Carter ha venido varias veces y se ha reunido con Espinales y otros dirigentes sindicales, abogados y personas afectadas.
En Chinandega, Managua, Puerto Cabezas y Los Ángeles, abogados nicaragüenses y estadounidenses acusan a varias transnacionales de haber provocado daños irreversibles en la salud física y mental de miles de ex trabajadores de las plantaciones bananeras.
El monto de la demanda asciende a más de 17 mil millones de dólares en 250 juicios separados en ambos países. A la fecha, dos bufetes de abogados han obtenido en Nicaragua sentencias a su favor por un poco más de 1,903 millones de dólares, que no se han ejecutado y que se pelean en cortes de Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y Colombia.
En el banquillo de los acusados están Dow Chemical, Occidental Chemical Company y Shell Oil Company, Del Monte Corporation International, Standard Fruit Company, Dole Limited Company y Chiquita Brands.
A ellos se les acusa de fabricar, transportar, comercializar y aplicar el producto en las plantaciones, a sabiendas que en Estados Unidos había sido prohibido su uso por las secuelas irreversibles en la salud de los trabajadores expuestos.