Nacional

Batalla legislativa por el Fondo del Petróleo

* ALN se une para que crédito venezolano sea deuda pública, esté en el Presupuesto y se controle su inversión * Recuerdan el caso de la deuda serbia que ahora nos cobran, y advierten sobre los peligros inflacionarios de una suma tan grande “suelta” * Embajador de Venezuela dice que en su país toda deuda pasa a la Asamblea, pero no opina sobre decisión que se tomó aquí

Ary Pantoja

Los diputados del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), con el posible apoyo de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), pretenden establecer un control --mediante una ley-- de los recursos financieros que resulten del crédito de un futuro convenio petrolero entre Nicaragua y Venezuela.
La bancada del MRS presentó ayer ante la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional una iniciativa de ley denominada: “Ley que regula el uso del fondo originado de la adquisición de petróleo y sus derivados con la República Bolivariana de Venezuela”.
EL NUEVO DIARIO intentó conocer la opinión del coordinador de la bancada sandinista, Edwin Castro, respecto de la iniciativa de ley del MRS. Luego de unos minutos en su oficina, le expresamos que lo estábamos esperando, a lo que respondió con la manera en que sólo Castro acostumbra hacer: “Pues yo no los estoy esperando”, para luego dar media vuelta e irse.
A través de la ley pretenden crear el denominado “Fondo de Desarrollo Venezuela-Nicaragua”, el que según el presidente del MRS, Enrique Sáenz, administrará los seis mil millones de córdobas que se obtengan del crédito con el convenio petrolero; además proponen distribuir los porcentajes de este monto en siete sectores específicos de la economía nicaragüense, entre ellos salud y educación.

Destinos sociales
El artículo tres de la iniciativa establece “el destino para el uso del fondo de desarrollo”, de manera que el 15% vaya a educación, específicamente a los rubros de ajuste salarial a los maestros; gratuidad de la educación y construcción y reparación de escuelas.
El otro 15% se destinará al sector salud, para financiar particularmente un ajuste de salario para médicos y resto de personal de salud; gratuidad de los servicios de salud y mejoramiento y equipamiento hospitalario.
El fomento y crédito a las pequeñas y medianas empresas rurales y urbanas recibiría el 20% canalizado a través de un Banco de Fomento que debería crearse en esta iniciativa de ley.
Otro 20% sería para la creación de un Fondo de Inversión para el Desarrollo Energético, particularmente para financiar fuentes alternas de energía y proyectos de electrificación rural.

Otros componentes
La iniciativa contempla un componente ambiental y por ello se destinaría el 15% del Fondo de Desarrollo Venezuela-Nicaragua al fomento y crédito para la reforestación, mantenimiento de bosques y conservación de fuentes de agua; además de la ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable.
El Seguro Social es el sexto sector a beneficiar con un 10%, principalmente para impulsar una reforma del sistema de seguridad social que permita aumentar las pensiones y garantizar los derechos adquiridos de los afiliados.
Finalmente, el 5% del Fondo sería destinado a ejecutar un programa de legalización y seguridad de la propiedad urbana y rural.

Deuda debe pasar por Asamblea
El artículo dos de la propuesta de ley obliga al Gobierno a enviar a la Asamblea Nacional el convenio petrolero entre Petronic y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para su ratificación.
“Los créditos otorgados por el Gobierno de Venezuela en el marco del Acuerdo Energético entre Venezuela y Nicaragua forman parte de la deuda pública del Estado, deberán registrarse como tales y formar parte del Presupuesto General de la República. Estarán sujetos en su contratación y ejecución a las normas y procedimientos de cualquier otro crédito externo establecidos en la Ley General de Deuda Pública y la Ley de Régimen Presupuestario y Administración Financiera”, dice el artículo dos de la propuesta.

ALN apoyaría
El tercer secretario y diputado de ALN, Javier Vallejo, no descartó la posibilidad de que los miembros de su bancada apoyen esta iniciativa de ley en el Parlamento.
Vallejo dijo que los diputados de ALN harán todo lo posible para establecer controles sobre el dinero del Estado, y citó el artículo dos de la Ley General de Deuda Pública. Agregó que todo endeudamiento de Petronic debe pasar al Presupuesto General de la República como “deuda pública”.
El artículo dos de la Ley General de Deuda Pública dice: “Estarán sujetas a las disposiciones de la presente Ley todas las instituciones del sector público que realicen operaciones de crédito interno y externo, así como también cuando requieran del aval o garantía del Estado para sus contrataciones de financiamiento interno o externo”.

Reformarán Ley Orgánica de Petronic
El presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Eduardo Montealegre, dijo que formularán una propuesta para cambiar la Ley Orgánica de Petronic para que cualquier deuda que asuma esta entidad pública sea ratificada por la Asamblea Nacional.
“El país ha avanzado demasiado para poner en riesgo la institucionalidad, no podemos permitir que 300 millones de dólares pasen a la ‘zumba marumba’ sin ser canalizados a través del Presupuesto, supervisado adecuadamente por los órganos de control y aprobado dicho endeudamiento por la Asamblea Nacional”, apuntó Montealegre.
El legislador citó el caso de Serbia denunciado por END, país que ahora ha formulado un cobro judicial al Estado de Nicaragua por supuestos endeudamientos en la década de los 80.
“¿Qué garantía puede dar el presidente Ortega de que dentro de diez años Venezuela no vendrá a decir: ‘Páguenme 1,500 millones de dólares? ¡Si acabamos de salir de un clavo de 12 mil millones de dólares heredados del gobierno de Ortega!”, expresó Montealegre.
El líder de la ALN también alertó sobre el impacto inflacionario que puede generar la circulación de 300 millones de dólares en dinero líquido, ya que los platos rotos los pagarán los consumidores más humildes.

Embajador reconoce procedimientos institucionales
El embajador de Venezuela en Nicaragua, Miguel Gómez Núñez, reconoció que los convenios entre países que generan deuda pública a una de las partes deben ser avalados por un órgano legislativo, pero serán los poderes Legislativo y Ejecutivo de nuestro país quienes tendrán la última palabra.
“La gente estudia los temas... normalmente todos los convenios internacionales que puedan comprometer la soberanía o que puedan crear situaciones de deuda pública están sometidos a los órganos legislativos”, expresó.
Pero sostuvo: “No tengo posibilidad de manifestarme sobre eso, si se incluye o no en el Presupuesto. Si es convenio directo entre una empresa y Petróleos de Venezuela, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo (de Nicaragua) decidirán si es necesario o no que ingrese al Presupuesto”.
El diplomático alegó que dicho convenio “está dentro del marco constitucional y legal de ambos países”, aunque evitó detallar sobre el mismo.

(Con la colaboración de Eduardo Marenco y Mauricio Miranda)