Nacional

Empleados del Registro declaran ante la Policía

* Incidente pone de relieve terrible inseguridad jurídica en Nicaragua * Sospechosos fueron interrogados sobre otros empleados, entre ellos el hijo de Rosales

Tres de los ocho trabajadores del Registro Público señalados de haber cometido faltas fueron a rendir su declaración ayer a la Dirección de Auxilio Judicial.
Los empleados son: la oficial de registro Martha Umaña, y los certificadores de datos registrales Daniel Altamirano y José Leonel Rivas. Los tres niegan los señalamientos que les han hecho y retan a las autoridades a que muestren pruebas contra de ellos.
Según el informe realizado por la delegada administrativa del Registro, Carmen Mora, “faltaron a sus funciones y están involucrados directamente, ya que han violentado las normas disciplinarias que dañan material y económicamente a la institución, involucrando también a terceras personas, además obstaculizaron seriamente el desarrollo normal de la institución y afectaron la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios”.
En el caso de Altamirano y Rivas, supuestamente son reincidentes en este tipo de falta. A los empleados los llegaron a traer en una móvil de la Policía, pero ellos se resistieron a ir en la patrulla y tuvieron que ser trasladados en un taxi con la compañía de uno de los agentes.
Casi todo el día
Las entrevistas duraron casi todo el día, pues fue hasta el final de la tarde que salieron de la DAJ los empleados. En el caso de Rivas, las preguntas giraron alrededor del tomo 2518, del que supuestamente arrancaron el folio 55. Sin embargo, los miembros del sindicato mostraron esta semana ese libro a los medios de comunicación para demostrar que no había ningún rasgo de violencia y que tampoco había sido alterado.
“Me preguntaron referente al folio que supuestamente estaba despegado, sobre el cual yo le hice referencia que llegaran ellos al Registro y comprobaran que todo esta en orden”, dijo Rivas.
También le hicieron interrogantes sobre los otros robos que se han producido en el Registro, principalmente sobre el sello del registrador Luis Alberto Bendaña.
A Daniel Altamirano lo interrogaron sobre todos los empleados que aparecen señalados de haber cometido irregularidades.
“Preguntaron por el hijo de Francisco Rosales; les dije que trabajó aquí y que actualmente trabaja para el Poder Judicial, y que no sé en qué trabaja, sé que es algo a nivel nacional, director o inspector de los registros a nivel nacional, pero que no sé nada más”, explicó.
La más larga de todas
La entrevista de Martha Umaña fue la más larga, según ella duró aproximadamente dos horas.
“Me preguntaban a cerca del caso de una finca que se había inscrito de manera anómala, que qué sabía yo de eso, que quién la había inscrito. Pero insistían en que les dijera qué cómo era la cosa, que les dijera si sabía que hay personas que hacen eso en el registro. Después me dijeron que mientras más rápido les dijera las cosas, más rápido terminaba la entrevista”, relato Umaña.
Por su parte, el sindicato de trabajadores del Registro de la Propiedad de Managua, durante una asamblea ayer, acordó solicitar ante las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la destitución del registrador Luis Alberto Bendaña y de la delegada administrativa Carmen Mora.
La moción contó con el respaldo de más de 40 trabajadores de casi 60 que participaron en la asamblea. Líderes de la Federación de Trabajadores Judiciales de Nicaragua participaron también y brindaron su respaldo al sindicato.
Inseguridad Jurídica
Sobre el robo de la llave del sistema de digitalización del Registro, el director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Bayardo Izabá, se refirió ayer, calificando el hecho como una situación preocupante, pues provoca inseguridad jurídica, porque se puede dar el caso que una propiedad puede aparecer inscrita a nombre de otra persona.
“En el Cenidh hemos conocido de casos de propiedades en los que se han manipulado los libros y los registros mucho antes de que se conociera de este hurto. Este hecho nada más confirma lo que se presentó en el informe anual de Derechos Humanos sobre la inseguridad jurídica”, dijo Izabá.
Expresó que esto va mas allá de la corrupción de la que se ha hablado, pues estas personas están involucradas en un delito gravísimo que envuelve la responsabilidad del Estado, ya que ellos actúan como funcionarios de la Corte Suprema de Justicia.
“Los delitos que han cometido estos funcionarios públicos son de suma gravedad, y nosotros como organismo de derechos humanos les exigimos a la Policía Nacional y al Ministerio Público investigar a profundidad esta situación y que se sancione a todos lo responsables a todos los niveles”, dijo Izabá.
Además indicó que es evidentemente que no se trata de una persona, sino de un grupo grande, y que a su vez está siendo protegido por funcionarios del Poder Judicial.
Deben ser encarcelados
“Aquí se debe aplicar un castigo ejemplar que no se limite sólo a destituir a la persona del cargo, sino que queremos verlos en los tribunales y presos, ya es hora que la Procuraduría de la República, que viene ejecutando acciones positivas en contra de la corrupción, acompañe igualmente un proceso dirigido a los funcionarios del Registro de la Propiedad que estén involucrados”, demandó Izabá.
Igualmente dijo que los cargos públicos deben ser asumidos por personas idóneas, ya que las personas señaladas en este caso del Registro Público no tienen ninguna capacidad, y da la impresión de que las llevaron a estos cargos para incurrir en estos actos.
“Quién garantiza que vengan inversionistas a comprar una propiedad y tengan la certeza de que esa propiedad es de ellos y que nadie va a venir a entorpecer ese derecho a la propiedad, que es un derecho constitucional, es un derecho humano reconocido por la Declaración Universal”, concluyó Izabá.