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Tierras sin legalizar, juicios y asesinatos


Al menos 520 propiedades adquiridas por el gobierno para cumplir con los compromisos asumidos con los desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense y del Ejército de Nicaragua, se encuentran sin legalizar, y en muchas de ellas sus ocupantes corren el peligro de ser desalojados con órdenes judiciales.
Francisco Antonio Delgadillo, conocido en las filas de la Resistencia Nicaragüense como “Johnny”, confirmó que debido al incumplimiento de los gobiernos anteriores en lo relativo a la titulación de las propiedades asignadas a los desmovilizados, los antiguos propietarios están reclamándolas como propias en los tribunales civiles.
“Las propiedades fueron compradas por el gobierno para finiquitar los acuerdos con la Resistencia mediante la asignación de las tierras”, dijo Delgadillo, quien integra la Junta Directiva de la Asociación Red de Incidencia Ciudadana. Pero como no las ha legalizado a nombre de los desmovilizados, los productores presentan demandas en los juzgados, reclamándolas como suyas, y los judiciales dan trámites a los juicios en contra de los desmovilizados.
En esta situación se encuentran la mayoría de las propiedades asignadas por los gobiernos anteriores a los desmovilizados de la Resistencia y del Ejército. Delgadillo puso como ejemplo la finca Argentina, ubicada en Matiguás, con más de 50 manzanas; la finca Santa Rita, en Río Blanco, con una extensión de 420 manzanas, y la finca El Portón, en Boaco.

Han asesinado a varias personas
En esta última, recordó Delgadillo, por la falta de legalización a favor de los desmovilizados, el dirigente de la Resistencia, Domingo Zeledón, fue asesinado en el empalme de Boaco el año pasado.
“Los antiguos dueños de estas propiedades han conformado grupos de armados encargados de asesinar a dirigentes de los desmovilizados”, señaló Delgadillo, quien lamentó que ninguno de los gobiernos haya dado respuesta al caso de los miembros de la ex Resistencia Nicaragüense y del Ejército.
“Urgimos, para evitar este tipo de cosas, que se pase estas propiedades a nombre del Estado y se coordine para que cada propiedad titulada pase directamente al registro público”, pidió el líder de la Resistencia Nicaragüense.
Explicó que los jueces abren los juicios en contra de los desmovilizados, extendiendo órdenes de desalojo que son ejecutadas con el respaldo policial.
El último caso donde los desmovilizados fueron desalojados con el respaldo de la Policía, fue el ocurrido semanas atrás en la finca San Rafael, en Malakawás, Río Blanco, donde 25 miembros de la ex Resistencia fueron sacados de una propiedad que perteneció a un familiar del actual titular del Mag-For, pero que ahora la está reclamando a pesar de que se la compró el gobierno para ser entregada a la Resistencia.
Al menos unos 10 mil ex combatientes de la Resistencia Nicaragüense serían beneficiados con tierras, a razón de 50 manzanas por hombre, pero a la fecha muy pocos han recibido las tierras de forma legal.