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Funcionario de Marena-Araucaria en estudio para exploración minera

* Es el responsable de recursos naturales de organismo que funciona con cooperación española * Para organismo ambientalista es un cargo que riñe con la firme voluntad de los gobiernos locales y Codeso de no permitir la minería

SAN CARLOS, RÍO SAN JUAN

Contraviniendo el no rotundo a la exploración y explotación minera, declarada por los alcaldes y el Consejo de Desarrollo Sostenible (Codeso) del departamento de Río San Juan, el responsable de Recursos Naturales del Marena-Araucaria en El Castillo, ingeniero Jimmy Hernández Robles, coordina técnicamente y brinda asesoría a la empresa Natural Resources Consulting Group & Co. (NRCG), que pretende la exploración minera en ocho comunidades de El Castillo.
La empresa de sociedad nicaragüense que, según el funcionario, se dedica a prestar servicios de consultaría a empresas privadas, proyectos de cooperación, ONG e instituciones de gobierno, emprendió a partir de febrero pasado, un estudio de diagnóstico social y caracterización ambiental en las comunidades de Buena Vista, El Bosque, Las Minas, Gordiano, Guácimo, Cerro Guácimo, La Libertad y el Chanchón, en la jurisdicción el municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan.
Esta corresponsal cuenta con copia de la carta enviada por el ingeniero Jimmy Hernández al alcalde de El Castillo, señor Francisco Díaz, con fecha 16 de febrero de este año, en la que le comunica que “NRCG & Co. está trabajando en la elaboración de un estudio de los recursos naturales y valoración socioeconómica en ocho comunidades ubicadas en una región donde históricamente se han registrado hallazgos arqueológicos, uso acelerado de los recursos naturales y de minerales de interés nacional, y que además se encuentra en extrema pobreza”.
En la misiva, Hernández sostiene que la correspondencia tiene el objetivo de enterar sobre esa actividad al honorable Concejo y autoridades locales, y que en las próximas semanas técnicos y especialistas del grupo NRCG estarían desplazándose por la zona de estudio. Especifica a la vez que el trabajo es realizado a solicitud del grupo empresarial Central American Strategic Alliances (CASA), consorcio empresarial que representa cinco compañías en América Central, incluyendo Honduras, El Salvador, Panamá y Guatemala, el cual está interesado en conocer los recursos naturales con potencial en la región, y las necesidades sociales para invertir en Nicaragua.
En la misma, Hernández explica que CASA se propone beneficiar a las comunidades de la zona, puesto que establece sus inversiones mediante convenios con las comunidades locales, basado en el principio de socios para el desarrollo local.
Precisa que el estudio contempla un diagnóstico biofísico de los recursos naturales, consulta con las comunidades locales, talleres de inducción a comunitarios sobre aprovechamiento de recursos minerales, y el mapeo de los recursos naturales y diagramación por categorías.

Reacción de organismo ambiental
Las funciones que desempeña este funcionario generaron la reacción de representantes del organismo Fundación del Río, y en carta enviada el 24 de febrero a Miguel Torres, representante de la cooperación española, lo alertan sobre esa situación.
Parte de la carta dice: “Lo que nos ha llamado la atención es que un funcionario de Araucaria, el Ing. Jimmy Hernández Robles, es el coordinador técnico y asesor de dicha empresa consultora, el que según nos han reportado se está moviendo por todas las comunidades, haciendo uso de los medios del proyecto y hasta de las instalaciones, donde recientemente hizo una presentación del proyecto que dirige”. Asimismo, lamentan lo que está sucediendo, ya que es un funcionario que labora para una institución pública que tiene como labor la protección ambiental, y su labor en esa empresa contradice el espíritu del prestigioso proyecto Araucaria.
Para el director general de Fundación del Río, Antonio Ruiz, cualquiera puede desempeñar su trabajo en el ámbito que lo desee, pero “en este caso hay como una dicotomía, (en cuanto a) que un funcionario de gobierno pueda prestar servicios a una entidad privada en actividades que, entendemos, no son compatibles o estén reñidas con la función normadora y reguladora de esa entidad”.
A su juicio, hay intereses encontrados, más a sabiendas sobre la posición de los alcaldes que han sido presionados por conceder concesiones mineras después de que la Placer Down Incorporation hiciera estudios y ubicar los yacimientos minerales en el departamento.
Recordó que el 13 del marzo de 2007, el alcalde de El Castillo, Francisco Díaz, en reunión con el Concejo en pleno, emitió un pronunciamiento ratificando el no a la minería. “Solicitamos a los pobladores de todas las comunidades del municipio, y a las organizaciones y proyectos presentes en nuestro municipio a formar parte de este esfuerzo para evitar la entrada de empresas que atentan contra nuestros recursos naturales y nuestras vidas”, es parte de la resolución del gobierno local de El Castillo,
Ruiz expresó su preocupación porque a la fecha se desconoce la voluntad o disposición de la institución del gobierno, Marena, alrededor del tema de la minería. Insistió en que jamás se ha pronunciado al respecto, y eso les genera dudas o desconocimiento hacia dónde pretenden enrumbar al río San Juan.
El ambientalista reconoció la firme posición de los gobiernos locales y de Codeso en no permitir que el río sea un distrito minero, porque, a su juicio, “sería una desgracia atómica del planeta, ojalá que el Alba del amanecer logre llegar a esta región con inversiones específicas, para que la gente no se vea tentada a deshacerse de su patrimonio de tierra y no se profundice el deterioro de los ecosistemas”.

Funcionario reconoce consultaría a empresa
El ingeniero Jimmy Hernández, al ser abordado vía telefónica, reconoció que junto a un grupo de profesionales presta servicios de consultaría a la empresa Natural Resources Consulting Group & Co. (NRCG), y haber trabajado en el estudio de diagnóstico que se desarrolló entre los meses de febrero y marzo, pero aseguró que el mismo no fue concluido al conocer la posición del alcalde y del Concejo de El Castillo.
Al preguntársele si esas funciones no riñen con su responsabilidad en Marena-Araucaria dijo: “Yo sé que no puedo dedicarme de lleno, no tengo que ver nada en las decisiones que se toman, sólo entregamos el estudio a la empresa, brindamos consultaría”, anotó.
No obstante, se contradijo, porque manifestó que hay una confusión entre dos cosas: “En mi caso es un estudio para plantaciones de caucho”. Sin embargo, él mismo giró invitación, cuya copia esta en nuestro poder, a pobladores de las comunidades objeto del estudio para participar en lo que llamó “una importante reunión de Consulta sobre el desarrollo de un proyecto y pretensión de una posible exploración minera en su comunidad”. Expresa que “el evento estará contribuyendo para la formulación de una estrategia de desarrollo de la actividad minera en tu comunidad con el objetivo de generar empleo y desarrollo económico en los próximos cinco años”.
Además de este caso, extraoficialmente conocimos que prestatarios de servicios en el municipio de El Castillo han solicitado una reunión con la dirección central del Marena, en el terreno, porque se presume que hay cooperantes españoles que han trabajado con el proyecto Araucaria y han desviado sus intereses, de manera que han adquirido bienes inmuebles, tierras y otros, usando testaferros, y ahora hacen una competencia desleal a los negocios constituidos.