Nacional

Montenegro defiende legalidad de plantas

* Vienen otras, confirma Rappaccioli, pero éstas serán licitadas, dice el Presidente de la Contraloría

Luis Galeano

El presidente de la Contraloría General de la República (CGR), el sandinista Luis Ángel Montenegro, defendió ayer la manera en que operan actualmente las plantas eléctricas venezolanas, pues su traída a Nicaragua no ha constituido una violación a las leyes nacionales y más bien han servido para paliar el déficit energético del país.
“La llegada de esas plantas no significa una violación a la Ley de Contrataciones, porque Nicaragua no ha erogado ni un centavo por ellas, más que lo que (se gasta) en su funcionamiento, son prestadas y por lo tanto no hay ilegalidad”, dijo Montenegro.
Emilio Rappaccioli, a través de una carta enviada el pasado 25 de abril, informó a los contralores que ni siquiera en el mismo gobierno que preside Daniel Ortega conocen los términos en los que se recibieron las 48 plantas de parte de la República Bolivariana de Venezuela.

Vienen más plantas
Montenegro dijo que Rappaccioli informó que en unos seis meses vendrán más plantas a base de fuel oil, elaboradas por Hyundai, que serían financiadas por Venezuela y cuyo destino inicial era Cuba, pero que antes que eso ocurra, se someterá a un proceso de licitación.
¿Por qué esas sí se van a licitar y las otras no?, le consultamos, y respondió que lo harán “para evitar las críticas que han desatado las “Hugo Chávez”, como han bautizado a las generadoras”.
De acuerdo con Rapacciolli, las plantas que operan a base de diesel fueron “cedidas” por Venezuela a Nicaragua antes que asumiera el gobierno Ortega, “y antes que se negociaran los términos específicos de dicha cesión”.
A la vez, menciona que en los primeros días de la administración sandinista se firmaron acuerdos de cooperación energética con Venezuela, que fueron luego ratificados por la Asamblea Nacional, y que en el marco de los mismos “han venido explorando arreglos alternos sobre el suministro de estas unidades de generación”
Entre las posibilidades que se estudian alrededor de cómo seguirán operando las plantas en el país, se menciona el comodato, es decir, que Nicaragua utilice las plantas eléctricas el tiempo que sea necesario y luego las devuelva a Venezuela sin pagar un solo centavo por su uso.
Otra de las opciones que se estudia es que Venezuela otorgue un financiamiento concesional de largo plazo para pagar las plantas, o la creación de una sociedad mixta integrada por una empresa estatal nicaragüense y una venezolana, pagando la compra de las generadoras con los ingresos que adquieran. La otra posibilidad es lograr un “leasing”, que sería una especie de arriendo de las mismas.

CGR en “stand by”
Le consultamos a Montenegro cómo sería el mecanismo a utilizar si la última opción fuera la que prevaleciera, tomando en cuenta que se debería licitar, y determinar desde cuándo se inicia ese arriendo de unas plantas que operan desde hace meses atrás. y ésta fue su respuesta:
“No me gustaría adelantarme a pronunciarme sobre eso, porque puede ser que al final Venezuela decida regalarlas o aplicar la figura del comodato, y no precisamente algo que implique desembolso de recursos al país”.
El vicepresidente de la CGR, Lino Hernández, dijo que lo que decidieron después de leer la carta del Ministro de Energía, es que la Dirección Jurídica analice su contenido para luego pronunciarse, “porque no está muy claro lo que ahí se plantea”.
Montenegro lo contradijo al señalar que enviar esa documentación a los abogados del ente fiscalizador no es nada extraordinario, sino el procedimiento que se ha utilizado para responder con toda la base legal que merece a las posibles inquietudes que existan sobre el caso.