Nacional

“Estado no será afectado en el caso de Cementera”


Eloisa Ibarra

El procurador General de la República, Hernán Estrada, afirmó ayer que tiene certeza absoluta de que el patrimonio del Estado no será afectado en el caso de la Cementera.
Afirmó que el caso de la Cementera, por ser de notoria y sensible afectación, está entre las prioridades de la Procuraduría General de la República (PGR), y por ello han conversado con representantes del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) y el jefe de Estado.
Desde que llegué a la PGR una de las prioridades fue la Cementera, y por eso le pedí apoyo al jefe de Estado, y los magistrados de TAM recibieron nuestro escrito para que se pronuncien no en contra de los intereses, sino a favor de los intereses del Estado, rechazando una Junta Directiva espuria que se ha querido imponer.
Hemos pedido a los magistrados que no den lugar a una devolución a esa Junta Directiva ilegal y amañada, cuyas acciones durante las administraciones anteriores venían desde la Presidencia de la República, porque estaba involucrada gente de esa institución, afirmó Estrada.

Los incidentes de los Somoza
Una fuente del TAM reveló que existe un proyecto de sentencia en el que se declaran sin lugar todos los incidentes promovidos por Antonio Morgan, abogado de Isabel Urcuyo viuda de Somoza, y se cierra la vía legal para hacer efectiva la pretensión de los Somoza de apoderarse de la empresa, valorada en más de 80 millones de dólares.
Estrada explicó que pidió apoyo al jefe de Estado (presidente Daniel Ortega) con base en los artículos 7 y 144 de la Constitución Política, para que lo reafirmara ante los demás poderes del Estado, porque los poderes Judicial, Legislativo y Electoral están integrados a la jefatura del Estado.
Afirmó que ahora trabajan con una visión en defensa integral de los intereses del Estado, que en el pasado estuvo orientada a dilapidar y afectar esos intereses desde la Presidencia de la República.
En 2001, para burlar la confiscación y las resoluciones de la Procuraduría mantenidas hasta 2000 en su contra, los Somoza promovieron acción legal para el nombramiento de una Junta Directiva en el Juzgado Primero Civil de Distrito, en tiempos de la ex juez Yelba Aguilera (destituida después de acumular 80 quejas), y ésta ordenó el nombramiento de una Junta Directiva en la Cementera, quedando como Presidenta, Urcuyo.
En 2002, la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones (CNRC) emitió una resolución ordenando que las acciones pasaran a los Somoza, y después la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo dejó firme.

La versión del Fiscal
El fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, indicó ayer que la publicación de EL NUEVO DIARIO le sirvió de alerta con el caso, cuya investigación se inició por denuncia.
Informó que la investigación quedó detenida debido a que las cosas llegaron al extremo de que un pariente del ex secretario de la Presidencia, Leandro Marín Abaunza (denunciado por tráfico de influencias) hizo serios señalamientos después que se distanciaron.
Hay comprobación de algunas cosas graves, recordó Centeno, tras afirmar que ahí se lavaron las manos destituyendo a toda la Comisión Nacional de Confiscaciones que había emitido la resolución a favor de los Somoza.
“Voy a retomar el caso porque hay bastante mérito. Hay un pariente de Abaunza que hizo unas declaraciones muy delicadas” indicó Centeno.
El caso de la Cementera se convirtió en la primera investigación a funcionarios públicos por presunto tráfico de influencias, y en él aparecen el ex procurador general, Francisco Fiallos, y el ex secretario de la Presidencia y ex representante de los Somoza, Leandro Marín Abaunza.
Decisión política de entregarla
El ex presidente de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscados (CNRC), Luis Meléndez, afirmó en 2002 que todos en el gobierno, incluyendo a Fiallos y al presidente Enrique Bolaños, sabían que la Cementera sería regresada a la familia Somoza, a solicitud y trámite de Álvaro Somoza Urcuyo, hijo de Isabel Urcuyo y del ex presidente Luis Somoza Debayle. En 2000, el gobierno arrendó a Cementos de México (Cemex) la Cementera, por un plazo de 25 años, lo que fue objeto de algunos señalamientos, y el contrato de arrendamiento aún no se ha hecho público. Esto será investigado por la PGR.
El procurador Estrada reveló ayer que el caso de la Cementera no es el único en el que trataron de perjudicar al Estado, porque en los primeros días de haber asumido el cargo, el ex canciller Miguel D’Escoto lo alertó de que quienes reclamaban el edificio donde funciona la PGR ya habían sido indemnizados.
“El padre D’Escoto me dijo que personalmente acudió y vio el pago a los anteriores dueños que habían sido indemnizados, pero hicieron operaciones amañadas porque pretendían indemnizar nuevamente o reclamar la propiedad. Para Estrada el mayor logro de la PGR es haber detenido esa vorágine en perjuicio del Estado que venía desde la Presidencia de la República.