Nacional

Al rescate de Cementera

*Alemán y compañía la “arrendaron” por 25 años con los mismos métodos que usaron para “negociar” Petronic *No hubo declaración de nulidad en PGR porque magistrados PLC apañaron la entrega con las famosas sociedades privadas constituidas con bienes del Estado *La tercería de los Somoza Urcuyo también fue protegida por jueces y magistrados, pero hoy parece que saldrán definitivamente del juego

Eloisa Ibarra

Los magistrados de la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) se pronunciarán en los próximos días sobre el caso de la Compañía Nacional Productora de Cemento (Canal), que Isabel Urcuyo de Somoza (viuda del ex presidente Luis Somoza Debayle) pretende recuperar, aunque el decreto Tres, emitido en 1979 para confiscar a los Somoza, se mantiene firme.
Una fuente del TAM reveló que existe un proyecto de sentencia en el que se declaran sin lugar todos los incidentes promovidos por Antonio Morgan, abogado de Isabel Urcuyo, viuda de Somoza, y se cierra la vía legal para hacer efectiva la pretensión de los Somoza de apoderarse de la empresa.
Semanas atrás, la Procuraduría Civil solicitó a los magistrados del TAM que rechacen los recursos promovidos por Morgan y emitan la resolución del caso.
La PGR también estudia abrir juicio por nulidad del contrato de arriendo que fue hecho por Arnoldo Alemán y compañía con los mismos vicios e ilegalidades que el de Petronic.
En este caso no hay declaración de nulidad de la CGR porque los magistrados del PLC apañaron la ilícita operación.
Cambio de seña
La posición de los magistrados (sandinistas) ha cambiado en el caso de la Cementera, aunque antes emitieron resoluciones a favor de los Somoza, comentó la fuente.
La Cementera Canal, propiedad del Estado, fue arrendada en el año 2000 durante la administración del ex presidente Arnoldo Alemán, quien se asesoró de los mexicanos Ricardo Galán, ex embajador de México en Nicaragua, y Alejandro López, quienes estuvieron detrás de dudosas privatizaciones de importantes empresas. Esto quedó al desnudo en documentación relacionada con el proceso del Canal Seis, del cual salió ileso Alemán bajo una cortina de humo.
Privatización encubierta
El Gobierno arrendó a Cementos de México (Cemex) la Cementera por un plazo de 25 años, lo que fue objeto de serios señalamientos por considerar que se trató de una privatización simulada, en perjuicio del Estado, debido al ridículo precio en que se supone se firmó el contrato, que se ha mantenido en secreto.
En 2001, para burlar la confiscación y las resoluciones de la Procuraduría mantenidas hasta 2000 en su contra, los Somoza promovieron acción legal para el nombramiento de una Junta Directiva en el Juzgado Primero Civil de Distrito, en tiempos de la ex juez Yelba Aguilera (destituida después de acumular 80 quejas), y ésta ordenó el nombramiento de una Junta Directiva en la Cementera, quedando como presidenta Urcuyo.
En 2002, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones (CNRC), emitió una resolución a favor de los Somoza ordenando que las acciones pasaran a los Somoza, y después la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó firme.
En 2004, Álvaro Somoza Urcuyo (hijo del ex presidente Luis Somoza Debayle e Isabel Urcuyo), dijo que toda la familia Somoza, incluidos los descendientes del último de los Somoza, le dieron dinero para su campaña electoral al ex presidente Enrique Bolaños, a cambio de que éste les ayudara a recuperar sus propiedades. Esa ayuda, según Somoza Urcuyo, consistiría en que Bolaños concediera legalmente la Cementera a sus antiguos dueños.
Acción pendiente en Fiscalía
La Fiscalía General de la República aún tiene abierta una investigación por presunto tráfico de influencias del ex Procurador Francisco Fiallos y Leandro Marín Abaunza (ex representante de los Somoza) por emitir la resolución en la cual se ordena a la Corporación del Sector Público (Cornap), pasar a la Junta Directiva de los Somoza, nombrada el once de enero del 200 por Aguilera, las acciones de la Cementera.
También está pendiente que la Contraloría General de la República (CGR) se pronuncie sobre la solicitud que presentó la Cornap para que denuncie de nulidad el acto de devolución aprobado por la Comisión de Confiscaciones a favor de los Somoza.
En diciembre de 2004, Álvaro Somoza, en representación de su madre Isabel Urcuyo, firmó un acuerdo con Cemex de Nicaragua para que se respetara el arriendo de 25 años, aun si aplicaran la resolución de la Sala Constitucional de la CSJ, que ordenó devolver la empresa a sus dueños originales.
La PGR promovió en el Juzgado Quinto Civil de Distrito una demanda de nulidad del acta de la Comisión de Revisión en la que ésta ordenó la devolución de las acciones de la Cementera a los Somoza, pero la juez Ligia Rivas no dio lugar y el caso se encuentra en apelación en el TAM y es parte de lo que resolverán los magistrados.
En 2006, los Somoza casi toman control de la empresa, después de que los magistrados de la Sala Civil Dos del TAM allanaran el camino para que el juez Cuarto Civil de Distrito, Néstor Castillo, nombrara un interventor, y entre los nombres propuestos estaba el de Álvaro Somoza Urcuyo.
El nombramiento del interventor surgió dentro de un juicio civil de aseguramiento de bienes litigiosos promovido por los Somoza, con base a acciones muertas a las que dio vida legal la ex juez Aguilera.
La PGR recurrió contra esta decisión y también está en manos de los magistrados del TAM. Con la demanda contra el Estado, los Somoza pretenden hacer efectiva la resolución de la Comisión de Revisión de Confiscaciones que ordenó la devolución de los bienes de la Cementera, calculados en 80 millones de dólares.