Nacional

CSE ordena retorno de alcaldesa de Tola


Luis Galeano

Los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) ordenaron la restitución en su cargo de la alcaldesa de Tola, Rivas, Loyda García, después que introdujo un recurso de revisión en contra de la decisión de los concejales sandinistas y liberales, de destituirla semanas atrás.
De acuerdo con la certificación emitida por el secretario de Actuaciones del CSE, Roberto Evertz, los magistrados votaron a favor de restituir a García en su cargo después de comprobar que los concejales no cumplieron los requisitos de ley al momento de suspenderla de sus funciones por 90 días el 30 de marzo pasado.
“En consecuencia, la señora Loyda García Obando debe ejercer su cargo (de alcaldesa) de conformidad con la Constitución, la Ley Electoral y la Ley de Municipios”, dice la certificación emitida por Evertz el pasado 24 de abril.
De acuerdo con dicho documento, los concejales sandinistas César Lumbí y Rita Medina, y los liberales José Dolores Ruiz y Manuel Baltodano Rosales, al momento de destituir a García incumplieron con lo establecido en el artículo 67 reformado del Reglamento de la Ley de Municipios, en lo que se refiere a respetar el debido proceso.
García ha señalado a los concejales de pedir “coimas” a empresarios y personas particulares a cambio de aprobar el arrendamiento de lotes costeros de manera ilegal, algo que ha sido rechazado por los miembros del Concejo de Tola, que han afirmado que la alcaldesa lo único que busca es figurar en los medios.
Al ser consultada ayer por EL NUEVO DIARIO, García dijo sentirse satisfecha por la decisión del CSE, porque la misma confirma que su actuar ha sido legal y que los concejales han buscado de cualquier manera afectarla.
“La decisión es justa y demuestra que lo actuado por los concejales fue ilegal”, dijo García, quien indicó que inmediatamente reactivará las cuentas de la comuna que habían sido congeladas en dos bancos locales, desde el conflicto creado a partir de su destitución.
Agregó que esperará la resolución de la auditoría que la Contraloría realiza en la alcaldía de Tola, para luego decidir si acusa criminalmente o no, a los concejales, por falsificación de documentos y de su firma, un hecho que ha sido plenamente comprobado por la Policía Nacional.