Nacional

Caen cabecillas de banda narco

* Cisnado se entregó la noche del domingo, y “El Cochino”, capturado ayer, es quien había amenazado de muerte a primera comisionada Aminta Granera * Las dos audiencias se celebraron en Tipitapa, y la juez dictó arresto para los 21 detenidos * La relación de los hechos y los hallazgos de la logística y pertrechos, es verdaderamente impresionante

El nicaragüense Carlos Gustavo Cisnado Pasos, a quien la Policía Nacional señala como el jefe del área marítima de la plataforma establecida por el Cártel de Sinaloa en el país, fue presentado ayer en el Juzgado de Distrito Penal de Audiencias del municipio de Tipitapa, junto al resto de detenidos de esta agrupación desarticulada en su totalidad, pues extraoficialmente EL NUEVO DIARIO conoció que ya fue capturado el sujeto identificado como Guillermo “El Cochi”, el supuesto cabecilla de la banda que operaba en Nicaragua.
Cisnado Pasos nació en Juigalpa, el 17 de mayo de 1976. Tiene domicilio en Altamira de Este, en Managua, en la casa 276, y aparece como comerciante de ganado con un nivel cultural de bachiller.
La Policía lo señala como el jefe del área marítima “por todas las transacciones de las propiedades y los movimientos económicos hechos principalmente en el Pacífico”, según el comisionado mayor Alonso Sevilla, jefe de la División de Relaciones Publicas de la institución policial.
Por su parte, Guillermo “El Cochi”, además de ser el supuesto cabecilla del Cártel de Sinaloa que pretendía instalarse en Nicaragua, es señalado de haber sido la persona que realizó las amenazas en contra de la primera comisionada Aminta Granera.

Las audiencias
Victoria López, juez de Distrito Penal de Audiencias del municipio de Tipitapa, ordenó la apertura de juicio oral y público en contra de 21 personas, todas presuntamente vinculadas a la plataforma de apoyo del Cártel de Sinaloa en Nicaragua, y que fueron capturadas en diferentes acciones policiales desde el viernes pasado en un operativo denominado “Fénix”.
Dos acusaciones fueron presentadas por el Ministerio Público, la primera que realizó la fiscal Georgina Murillo Acuña, acusa a los mexicanos José Juvenal Mendoza González, Luis Ángel Valle Serrano, Jesús Javier Flores Vega, Arturo Ramón Gaspar Rubio y Juan Rosales Castañeda, por los delitos de cohecho y soborno, atentar contra la autoridad y sus agentes, portación ilegal de armas y asociación ilícita para delinquir en perjuicio de los oficiales de Policía, Daniel Isaac López Benavides, Pedro Pablo Suárez y Luis Heriberto Vegas, y en perjuicio del Estado de Nicaragua.

Arresto para los cinco
La juez López en este caso decretó el arresto provisional en contra de los cinco mexicanos, y citó para audiencia inicial el 24 de abril a las 09:00 a.m.; además, giró ofició a la Policía Nacional para que presente a los detenidos José Juvenal Mendoza González y Luis Ángel Vale Serrano ante el médico forense del municipio, a fin de que examine el estado de salud de ambos, quienes argumentaron que fueron golpeados por la Policía Nacional durante su captura.
La solicitud de examen forense la presentó el abogado Denis Pérez, defensor de los dos detenidos, quien argumentó abuso de autoridad. “Ordeno girar oficio al Ministerio Público y a la Policía Nacional para que se revise si (los golpes) fue una situación en la que pudo haber malicia o producto de una circunstancia de fuerza mayor”, aseguró la judicial.
La juez López no dio paso a la solicitud de la defensa que argumentó falta de requisitos de ley en la acusación de la fiscal Murillo Acuña; y sobre todo porque no define la participación de cada uno de los detenidos en los delitos. “Admítase la acusación y cítese para audiencia inicial el 24 de abril”, fue la repuesta de la juez López.
Según la acusación, los cinco mexicanos fueron capturados el viernes 13 de abril a las 8:30 a.m., en el kilómetro 25 de la Carretera Panamericana Norte, cuando se movilizaban en una camioneta Mitsubishi Montero placas M 090 598, y fueron detenidos por oficiales que se encontraban en un retén policial.
La acusación detalla que a Mendoza González le ocuparon una pistola Harris Bung, calibre 9 milímetros, serie B 46004, que tenía en un bolso pequeño atado a la cintura, el mismo Mendoza ofreció a los policías 2,000 córdobas a cada uno para que los dejaran ir.
Luis Ángel Serrano, otro de los detenidos, quien portaba una pistola Glock 9 milímetros manipuló el arma y apuntó con dirección al policía Pedro Pablo Suárez, amenazándolo de que iba a matar a los tres agentes.
Daniel López, uno de los policías, ordenó a Serrano que guardara el arma mientras le decía a Mendoza González que si Serrano no guardaba el arma no habría negociación para dejarlos ir, fue en ese momento que Serrano entregó el arma a otro de sus acompañantes, mientras Mendoza sacaba un fajo de billetes afirmando que entregaría la cantidad de 20 mil córdobas a cada uno de los policías a cambio de que los dejaran ir.
Según la acusación, eso fue aprovechado por los policías para sacar sus armas de reglamento y encañonar a los acusados ordenándoles que se tiraran al suelo, pero Mendoza González intentó abordar la camioneta para escapar, por lo que el oficial Daniel López realizó varios disparos a la llanta delantera izquierda del vehículo, impidiendo la fuga.

Mas acusaciones y preso el cabecilla buscado
La segunda acusación fue presentada horas más tarde por el fiscal Rodrigo Zambrana, en contra de los cinco mexicanos y 17 personas más, entre ellos Carlos Cisnado Pasos, considerado uno de los principales cabecillas del Cártel de Sinaloa en el país.
Cisnado Pasos fue capturado por la Policía la noche del domingo, horas después que logró evadir un cerco policial cuando agentes antinarcóticos allanaron su vivienda en residencial Altamira.
Entre los acusados se encuentran José Juvenal Mendoza González, de 30 años; Arturo Ramón Gaspar Rubio, de 23; David Ricardo Alvarado Zazueta, de 35; Emiliano Rodas Pérez, de 30; Carlos Guillermo Arvizura Roda, de 28; Pedro Pablo Olivas, de 40; Víctor Bonifacio Herrera Lanzas, de 40; Jimmy Arcadio Alegría Álvarez, de 22, y Carlos Cisnado Pasos.
También fueron acusados Juan Pablo Cruz, de 36 años; Osonier Emir Herrera Herrera, de 26; Jeremías Ubeda Prado, de 24; Pablo Antonio Herrera Herrez, de 34; Arturo Edén Herrera Herrera, de 27; Samir Antonio Valenzuela Castro, de 25; Santos Tomás Reyes Urbina, de 64; Jesús Javier Flores Vega, de 25; Freddy Antonio Centeno López, de 25; Juan Rosales Castañeda, de 24 y Luis Ángel Vale Serrano, de 27 años.
Los procesados son señalados como autores de los delitos de financiamiento de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, así como cooperadores del mismo delito y coautores del delito de tenencia y uso de armas del Ejército y la Policía.
Relación de los hechos
La acusación señala que el pasado 19 de marzo, Carlos Cisnado Pasos se presentó a la finca La Ceiba, ubicada en la comunidad San Agustín, en Ciudad Darío, para comprar la propiedad al señor Uriel Ignacio Morales Úbeda, quien recibe un adelanto de 113 mil dólares, de 150 mil en que fue pactada la compra, dejando como administrador a Pedro Pablo Olivas. La finca fue adquirida para la construcción de una pista de aterrizaje clandestina como medio para facilitar el traslado de drogas vía aérea.
Pedro Pablo Olivas fue quien llevó a la finca el patrol amarillo marca Baukema, serie 6WG.180, con el objetivo de limpiar y quitar la maleza para la construcción de la pista. Olivas, junto a David Ricardo Alvarado Zazueta, Juan Pablo Cruz, Víctor Bonifacio Herrera Lanzas, coordinaban las labores ejecutadas por Osonier Emir Herrera, Jeremías Úbeda Prado, Marvin Uriel Gadea Blandón, Pablo Antonio Herrera, Arturo Edén Herrera, Santos Tomas Reyes Urbina y Samir Antonio Valenzuela Castro, quienes además realizaban labores de vigilancia usando siete revólveres y pistolas; una escopeta y un fusil AK, los que fueron ocupados por la Policía Nacional. La pista, según detalla la acusación, tiene una dimensión de mil 500 metros de largo y 200 metros de ancho, su construcción finalizó el 29 de marzo.
Los acusados Pedro Pablo Olivas, José Juvenal Mendoza, Arturo Ramón Gaspar Rubio, Emiliano Rodas Pérez, Luis Ángel Vale Serrano y Juan Rosales Castañeda, a partir del 21 de marzo ocuparon como centro de operaciones y apoyo logístico una bodega ubicada frente a donde fue La Gallera, en el kilómetro 21 de la Carretera Panamericana Norte.
En el lugar, cuando fue allanado por la Policía se encontró un camión placas CH05692, 62 bidones con líquido --se presume combustible--, dos motores para lanchas acuáticas, 33 lámparas tubulares, un reflector, 20 radios comunicadores, una pipa placas M 073 112 con combustible presuntamente para avión, una camioneta Hilux, placas M 029-039, comprada hace poco en 403 mil 700 córdobas en Casa Pellas por Jimmy Arcadio Alegría Álvarez. En el lugar fue capturado el señor Freddy Antonio Centeno López, contratado, se presume, para esa labor.
La misma acusación señala que Carlos Guillermo Arvizura Rodas, usando el nombre de Sergio Enríquez Álvarez Morales y Emilio Rodas Pérez, firman un contrato de arriendo por mil dólares mensuales de un inmueble propiedad del señor William Mario Clayton, ubicado en reparto Planetarium, en el que junto a José Juvenal Mendoza y Arturo Ramón Gaspar Rubio, almacenaban ilegalmente un fusil AK, 21 granadas M-79 y tres granadas RPG-5.
El 13 de abril, los acusados José Juvenal Mendoza González, Luis Ángel Vale Serrano, Jesús Javier Flores Vega, Arturo Ramón Gaspar y Juan Rosales Castañeda, salieron de la residencia de Planetarium en un vehículo Mitsubishi placas M 090 598, con dirección a la finca La Ceiba, pero fueron capturados en el kilómetro 25 de la Carretera Panamericana Norte.
Para el fiscal auxiliar, todas estas acciones realizadas por los acusados constituyen el delito de transporte de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas en su modalidad de financiamiento del transporte de éstos, así como tenencia y uso de armas del Ejército y la Policía.
La defensa de los acusados, doctora Johana Fonseca, cuestionó la tipificación de la acusación. “Si hablamos de financiamiento de drogas tienen que hacer incautado drogas que pretendían trasegar o un laboratorio de procesamiento de drogas”, señaló Fonseca, “a ninguno se le incautó droga”, afirmó
Para la defensa, el caso carece de los requisitos esenciales de la acusación, que según el nuevo Código Procesal Penal debe ser clara, precisa y circunstanciada. “En esta relación de hechos no existe especificidad en la comisión del delito”, argumentó Denis Pérez.