Nacional

“Que la ciudadanía recupere la palabra”

* La radio y TV del Estado no sólo deben ser órganos de propaganda del gobierno, sino medios abiertos a la construcción de ciudadanía * Preparó libro de la Unesco “Marcos Constitucionales y el Servicio Público de Radiotelevisión en América Latina”

Edwin Sánchez

Hasta ahora, al hablar de Radio o Televisión del Estado, se pensaba en un medio sólo para la difusión de las actividades del gobierno, sin embargo, el nuevo concepto promueve que la ciudadanía pueda acceder a ellos.
El especialista Jesús Martín-Barbero señala en el libro de la Unesco “Marcos Constitucionales y el Servicio Público de Radiotelevisión en América Latina”, preparado por el doctor Alejandro Serrano Caldera, que “mirando desde América Latina el espacio público, aparece históricamente confundido o subsumido en lo estatal. Cuando el orden colectivo se percibe precario, y es a la vez idealizado como algo preconstituido ontológicamente --no construido política y cotidianamente--, la heterogeneidad de lo social aparece como disgregación y ruptura del orden”.
El doctor Serrano Caldera dijo que es importante la definición del servicio de concepto público. Éste “no lo determina el órgano que lo presta ni el gobierno como la naturaleza misma del servicio cuando está referido a la construcción de ciudadanía y a la integración social y cultural de la comunidad”.
En este sentido, apuntó, no es de servicio público un medio de radio o televisión que sea del gobierno, sino aquel medio que aun siendo privado, pueda desarrollar un enfoque orientado a la ciudadanía y a la construcción de ciudadanía, a la integración de los diferentes sectores que componen una comunidad.
Esto es más visible donde hay etnocultura diferente y todo aquello que permita crear una conciencia ciudadana, social y nacional.
Absoluta independencia para ciudadanía
“Como consecuencia de esto, todo órgano de difusión de radio o televisión debe tener, para ser de servicio público, plena autonomía ante el gobierno y el Estado; y ante los intereses privados comerciales que puedan existir, los cuales son legítimos, indudablemente se requiere una absoluta y clarísima independencia y autonomía, porque no está al servicio de otro interés que no sea de la creación de ciudadanía”.
Alejandro Alfonzo, consejero de Comunicación e Información de la Unesco para América Latina, y Marcelo Scarone, especialista principal del Programa de la División de Derechos Humanos de la Unesco, señalan, por otra parte, las limitaciones de los dueños de medios de comunicación: “la radiodifusión y la televisión privadas se orientan principalmente a partir de criterios de utilidad y beneficios de carácter comercial, y van dirigidos, de manera particular, a estimular al consumo y a transformar al radioescucha y al televidente en un consumidor”.
¿Cuándo surge este nuevo concepto que diferencia lo estatal de lo público en materia de medios de comunicación, doctor Serrano?
Hay todo un movimiento conceptual que impulsa la Unesco, que es la que me pide escribir el libro.
El propósito del organismo es de impulsar en América Latina, a través de las relaciones que tiene la Unesco con diferentes gobiernos, esta idea y estos conceptos.
Y abrir ese espacio que prácticamente está absorbido por los polos estatal gubernamental y privado comercial, sin que haya espacio específico y autónomo, exclusivamente dirigido a la creación de ciudadanía, al fortalecimiento del Estado de Derecho y democracia.
La idea es abrir espacios permanentes e independientes a través de los cuales se fortalezcan los valores democráticos, y que la democracia no sea utilizada únicamente como un pretexto de los intereses que están más allá del propio Estado de derecho y ciudadanía, que pueden ser usados como aspecto retórico, pero que la finalidad no es esa.
Promoción de Estado de derecho
Hay que crear este espacio que no existe y hay que construirlo y abrir este camino orientado al ciudadano, y en tanto orientado a la defensa y promoción de la ciudadanía, independiente de gobierno y de sectores que puedan tener otros intereses, específicamente dirigido al ciudadano, al Estado de derecho.
A las radios estatales, además de ser aburridas, la ciudadanía no tiene acceso.
La idea es que sea su medio natural de expresión. Las cuestiones del Estado cuando se trata sólo de divulgar lo que hace el gobierno no es más que un brazo gubernamental a través del cual se cuentan las actividades desarrolladas por el mismo.
El servicio público es más que eso, y el interés público no es definido por el interés del gobierno, sino que su verdadera naturaleza sólo atañe a la comunidad, a sus problemas, a la expectativa de la ciudadanía que no siempre están cubiertos por medios que sólo difunden lo que al gobierno le interesa.
El servicio público está en relación indisociable con el interés del ciudadano: es la voz de la ciudadanía sin mediaciones. Aquí se trata de que la ciudadanía recupere a través del servicio público la palabra.

Estudio de constituciones
La Unesco designó al doctor Serrano Caldera a hacer un estudio de derecho comparado de las regulaciones en el área de las telecomunicacione que hay en ocho países: México, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Uruguay y Argentina.
La regla general pareciera ser que no existen mecanismos jurídicos específicos en este nuevo concepto, de acuerdo con el jurista. Tampoco hay obstáculos, “porque el marco constitucional latinoamericano permitiría abrir esta brecha y establecer el espacio nuevo, porque están los principios universales, de libertad de expresión, de pensamiento, participación ciudadana, igualdad”.
¿Cómo hacer aterrizar estos conceptos?
Hace falta incorporar en las constituciones políticas aspectos puntuales para hacer aterrizar toda esta principiología. Hay intentos, pero hay vacíos legales, unos tienen un poco más y otros menos. Y se requeriría de una nueva legislación y de una nueva articulación constitucional en este punto. El libro concluye con la sugerencia a la Unesco de parte de este experto para promover una Ley Marco de rango constitucional, que pudiese este organismo discutir bilateralmente con los gobiernos, a efecto de que los contenidos que sugieran en una Ley Marco fueran incorporados a las constituciones de los diferentes países.
¿Por qué no se incluyó en el estudio a Nicaragua?
Tampoco aparecen otros países, sólo son ocho. Me imagino que son aquellos países donde el tema está más avanzado y hay debate. Supongo. Yo no los escogí.