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“¡Playas tomadas a recuperarlas!”

* “Las costas son públicas y nadie puede impedir el acceso a ellas”, comparte Alberto Novoa, posición del actual Procurador * “Durante los últimos 17 años se ha negado el acceso a las mejores playas a los pescadores y a los veraneantes de escasos recursos” * Nadie puede reclamar derechos adquiridos sobre ilegalidades, señala el jurista

Eloisa Ibarra

El ex procurador General de la República Alberto Novoa afirmó que el Estado de Nicaragua está en todo el derecho de recuperar las playas y costas de las que se han adueñado de forma ilegal personas privadas nacionales y extranjeras que no pueden reclamar derechos adquiridos sobre la base de ilegalidades.
Novoa explicó que en base al principio constitucional de que el derecho del Estado sobre sus bienes es imprescriptible e inalienable, el Procurador General de la República puede hacer uso de la Ley de Limpieza de la Cadena Registral de 1948 para anular las escrituras obtenidas a través de títulos supletorios. “Puede demandar la limpieza registral”.
“Nadie puede reclamar derechos obtenidos sobre las playas y costas en base a un título supletorio a su favor, porque la Ley de 1917 está vigente, aunque nadie la respeta”, dijo Novoa, tras expresar que comparte plenamente la posición del procurador General de la República, Hernán Estrada, quien afirmó que las costas y las playas son públicas y nadie puede impedir el acceso a ellas.
Estrada indicó que revisarán los títulos supletorios a través de los cuales durante los últimos 17 años se ha negado el acceso a las mejores playas a los pescadores y a los veraneantes de escasos recursos.
Recordó que en 1990 todo era público, y ahora hay que revertir todo ese daño que se ha causado a los intereses del Estado y a lo más elemental, que es el disfrute de las playas. “Tenga la plena seguridad que actuaremos si algún alcalde o empresario se extralimita en lo establecido en la Ley”, enfatizó el Procurador.
Recordó que la Contraloría General de la República (CGR) emitió una resolución en el caso de San Juan del Sur que es efectiva para Tola, y afirmó que la Ley no ha cambiado y las playas son para todos los ciudadanos.
Vivos se han adueñado de costas
El contralor Guillermo Argüello Poessy afirmó que hay unos tres o cuatro “vivos” de todas las tendencias políticas que se han adueñado de las costas del país a través de títulos supletorios y ventas forzosas, y hasta con títulos de reforma agraria de dudosa reputación.
“Eso lo han hecho en toda Nicaragua, se han repartido las costas; en Tola se unieron cuatro caballeros de distintas tendencias políticas y se repartieron todo. En Guazacate se lo repartieron todo. El colmo, se repartieron la playa Pie de Gigante”, afirmó Argüello Poessy
Novoa recalcó que nadie puede alegar derechos adquiridos sobre la base de ilegalidades, además de que nadie puede alegar ignorancia de la Ley, y corresponde al Estado revindicar el bien a través de una limpieza registral, porque ahora sólo se puede ir a Pochomil.
La Ley Agraria de 1917 establece que “el Estado es dueño de los terrenos comprendidos en una zona de dos kilómetros de latitud a lo largo de las costas de ambos océanos; y a orillas de los lagos y los ríos navegables en una latitud de 800 metros; y las islas de los mares territoriales y lagos".
De varias tendencias políticas
Pese a ello, personas de diferentes tendencias políticas se han adueñado y han cercado terrenos que dan al mar, construyendo lujosos hoteles e impidiendo el acceso a la ciudadanía. Una de las costas más afectadas es la ribera del Pacífico, que se extiende desde el sur en el Ostional pasando por San Juan del Sur, El Astillero, Tola, considerada por muchos como la playa del Pacífico más bonita. La mayoría de estas costas han sido cerradas con enormes muros, mientras en Internet se ofertan como “bellas playas privadas”.
Empresas de bienes raíces publicitan en Internet que en Nicaragua, además de que las tierras a la orilla del mar son más baratas que en otros países, las leyes son muy generosas en comparación con otros países de la región. “Ofrecemos lugares paradisíacos en el mar para inversiones privadas, para público selecto”, son algunas de las formas de anunciar las mejores playas del país.
El ex procurador de la República Guillermo Vargas Sandino, a inicios de los años 90, en base a la Ley Agraria de 1917, envió una circular a todos los procuradores del país para que la antepusieran a los títulos supletorios con los que muchas personas quisieron apropiarse de las costas del país.
Lo que dice la Ley
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el 28 de mayo de 1998 hizo del conocimiento de todos los jueces del país que la ley de comienzos de siglo se mantenía vigente para, de igual forma, impedir apropiaciones de las costas en ambos océanos, lagos y ríos.
El máximo tribunal de justicia en esa fecha comunicó a todos los jueces del país que el artículo dos de la Ley Agraria se mantiene vigente, anexando en su circular lo que expresa el artículo 72 de la Ley 217, mejor conocida como Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, el que indica: "El Estado se reserva además las propiedades de las playas marítimas, fluviales y lacustres".
Desde ese momento la CSJ dejó claro que los terrenos de sociedades anteriores a esta Ley de 1917, que tienen como límite "donde rompen las olas", son excepciones a la regla, ya que las escrituras de estas propiedades deberían considerarse como derechos adquiridos.
Todos los títulos posteriores a la publicación de la Ley de 1917 carecen de valor si abarcan parte de las costas y playas que le pertenecen al Estado, explicó ayer un magistrado de la CSJ.