Nacional

“Vaquillazo” dejó pérdida de 200 millones al Estado

* Están por absolver al “novillero” mayor, pero contralores quieren cobrar a morosos * Tampoco ha habido cárcel ni juicio contra los que desaparecieron 16 mil de 38 mil vaquillas

Luis Galeano

Los contralores decidieron solicitar al presidente de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) Álvaro Fiallos, la lista de morosos que fueron beneficiados con el Programa de Repoblación Ganadera para aprobar una auditoría que ayude a resarcir al Estado una deuda de 200 millones de córdobas.
El presidente del ente fiscalizador, Luis Ángel Montenegro, indicó que la decisión la tomaron a partir de una información que recibieron relacionada al programa, la cual revela que la mora de una gran cantidad de particulares y ex funcionarios públicos es alta, y además de eso, que no se corresponden los montos otorgados con los montos pagados.
“Los montos preliminares hablan de una mora de más de 200 millones de córdobas, es decir, son sumas millonarias que se deben resarcir al Estado”, dijo Montenegro, quien agregó que en los contratos de créditos para otorgar los semovientes se cometió una enorme cantidad de irregularidades.
Las nuevas autoridades del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) denunciaron que en la institución existe un faltante de alrededor de 16 mil vaquillas de las 38 mil que fueron adquiridas por medio del Programa de Repoblación Ganadera y Mejoramiento Genético, que fue manejado con enorme discreción durante la administración del hoy ex diputado Eduardo Mena, hombre cercano al ex presidente y reo Arnoldo Alemán.
“La información que tenemos es que en una gran cantidad de casos no se firmaron contratos, no existen pagarés ni evidencias que los supuestos beneficiarios hayan recibido las vaquillas, mucho menos la evidencia del pago de la operación crediticia”, dijo el colegiado.
Añadió que esto sólo se pudo haber logrado con el contubernio de trabajadores del IDR, y que la auditoría identificará a los responsables de lo que calificó como un “enorme fraude contra el Estado”.