Nacional

Fiscal aboga por acciones civiles


El fiscal general de Nicaragua, Julio Centeno, abogó hoy porque en su país se emprendan las acciones civiles y administrativas para que al Estado le restituyan 1.500 millones de córdobas (82,3 millones de dólares) por actos de corrupción.
En unas declaraciones dadas hoy a la televisión local, Centeno, reelegido para el cargo esta semana por el Parlamento, no precisó en qué período se han producido esos daños patrimoniales al Estado nicaragüense.
Sus señalamientos se producen un día después que la Procuraduría General de Nicaragua (PGR) embargó los bienes inmuebles del ex ministro de Transporte e Infraestructura (MTI) y ex secretario político de la Presidencia, Pedro Solórzano, valorados en 8,4 millones de dólares, por supuesta malversación de fondos públicos.
La PGR, representante judicial y extrajudicial del Estado, embargó bienes de Solórzano por la suma de 154,68 millones de córdobas (8,49 millones de dólares).
"Con este embargo la Procuraduría prosigue su decidida lucha por resarcir el perjuicio causado al patrimonio del Estado por funcionarios de la denominada "Nueva Era" del ex presidente (Enrique) Bolaños", señaló el viernes un comunicado de la PGR.
Centeno dijo que la forma en que está actuando la PGR, en el caso de Solórzano, "prácticamente asegura los resultados patrimoniales sobre un juicio civil por daños, por deuda o lo que sea".
Contrastó que no es lo mismo en la acción penal que corresponde a la Fiscalía General del Estado, donde se persigue una pena corporal para que alguien esté detenido en una cárcel, pero no se le restituye nada al Estado.
Recalcó que "hay que preocuparse porque sean restituidos los bienes afectados por el Estado a través de acciones civiles y esto es meritorio y ojalá que se siga haciendo".
Enfatizó que hay que tomar en cuenta que "hay 1.500 millones de córdobas en glosas administrativas (impuestas por la Contraloría General de la República a una cantidad no precisada de ex funcionarios públicos) que nunca se cobraron y hay que hacerlo a través de acciones civiles como en el caso de Solórzano".
La Contraloría General de Nicaragua (ente fiscalizador) estableció el viernes presunción de responsabilidad penal en contra del ex ministro Solórzano, en un caso de supuesta malversación de fondos públicos.
Según la Contraloría, Solórzano y otros funcionarios dieron un uso distinto al señalado en la ley a una partida de 900.011 córdobas (49.408 dólares) cuando el ex ministro estuvo al frente de la cartera de Transporte e Infraestructura (MTI) durante el gobierno del presidente Bolaños (2002-2007).
De ser hallados culpables, los implicados afrontarían penas de ente 3 y 5 años de prisión, según las leyes de este país.