Nacional

Gobierno y Fenosa en estira y encoge

* Por otro lado, se profundiza el reclamo ante el Banco Mundial y arbitraje paralizado por discusión salarial * Ortega vuelve a decir que “están listos para intervenirlos”

Oliver Gómez

Los directivos de Unión Fenosa evitaron ayer referirse a las declaraciones del presidente Daniel Ortega, pero ratificaron su voluntad de mantener operaciones en nuestro país, pues se consideran una “empresa líder en inversiones nacionales”. Eso provocó que los organismos de consumidores solicitaran al gobierno “que les fije una fecha límite para invertir o salir del país”, pues esta compañía continúa cobrando al Estado su seguro de 53 millones de dólares.
Ayer en la sesión del Parlacén, el presidente Ortega reiteró que “están listos para intervenir a Fenosa”
Este martes, los ejecutivos de Fenosa guardaron silencio tras escuchar las declaraciones de Ortega, pero ayer reaccionaron en una nota de prensa con el membrete de sus dos distribuidoras, Disnorte y Dissur, donde “ratifican su voluntad de fortalecer sus inversiones para la mejoría del servicio de todos sus clientes”.
Revelan que Fenosa, mediante ambas empresas, “han invertido sesenta y cinco millones de dólares en sus seis años de operación, a un promedio de diez millones de dólares anuales, siendo una de las empresas líderes en inversiones a nivel nacional”.
Aseguran que estas inversiones están concentradas en la mejoría de las redes y de brindar mayor servicio a los clientes, quienes han aumentado en un 40 por ciento desde que llegaron al país, según Fenosa, pues ahora existen más de 640 mil clientes activos.
“Estas inversiones están certificadas por las firmas internacionales de auditoría PriceWaterHouse y Deloite and Touche”, agregan, y cierran su nota reiterando su permanencia en Nicaragua.
El reclamo de MIGA
Ayer se conoció que este nuevo encontronazo entre el gobierno de Ortega y Fenosa, obedece a diferencias respecto del cobro de 53 millones 999 mil 99 dólares, que está ejecutando esta empresa en contra del Estado, por el seguro que tiene contratado con la agencia MIGA, la aseguradora del Banco Mundial (BM).
Fuentes del gobierno revelaron que las reuniones para solucionar este problema fueron suspendidas debido a diferencias entre ambos bandos, y la crisis generada por este cobro volvió a su punto inicial la semana pasada, cuando el Ministerio de Hacienda recibió una carta del MIGA donde se declara abierto oficialmente el proceso para evacuar diferencias y pasar luego al pago de este dinero.
“Fenosa le sigue cobrando al gobierno los 53 millones de dólares de su seguro MIGA, y las declaraciones de Ortega no son más que una reacción a la suspensión de las negociaciones, pues MIGA les envió una carta donde se anuncia el avance del cobro”, refirió la fuente.
Nacionalización integral
Esto último lo confirmó Gonzalo Salgado, coordinador de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), quien denunció que el gobierno debe pasar de las palabras a los hechos, y debe ejecutar una “nacionalización integral de la energía”.
El titular de la Red aseguró que nacionalizar la distribución de la energía y sacar a Fenosa del país, debe implicar la nacionalización total de la generación y la transmisión, pues quedaríamos dependiendo de privados.
“Tiene que ser una nacionalización integral: la generación, transmisión y distribución. Muestra de eso es que la energía de las tales plantas venezolanas es la más cara de Nicaragua, sólo la peor lo supera, la Planta Las Brisas que produce igual, con diesel”, señaló.
Salgado alertó a la población que de no fijarse una fecha tope a Fenosa se le estaría creando condiciones para cancelar la concesión y que salgan “bien parados” del país, y, en este sentido, denunció que el proceso de arbitraje que inició el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), está suspendido sólo por ver salarios.
Refirió que la semana pasada los árbitros pidieron negociar cuánto iban a ganar, y en eso han pasado los últimos siete días. “Lo peor es que se les va a dar 150 dólares por hora, es decir, 50 mil dólares al mes. Eso te deja ver que no existe una verdadera voluntad por solucionar el problema, pues aquí puede venir alguien y comprarlos”, señaló.