Nacional

“Pueden dejar abiertas puertas de corrupción”


El Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública advirtió que en las últimas semanas han surgido algunas mociones “que atentan contra la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada de la gestión pública y de los recursos públicos derivados del pago de nuestros impuestos”.
“Estas posiciones sólo contribuyen a preservar la cultura de la discrecionalidad y el secretismo que tanto daño ha hecho a nuestro país”, reiteran en el comunicado.
El Grupo Promotor indica que los diputados han ignorado sus propuestas fundamentales realizadas a las últimas mociones, y mantienen “las mociones que protegen los intereses de los funcionarios públicos”.
En particular, al Grupo Promotor le preocupa una definición extensiva de lo que es la información pública a aquella información que está en poder de las entidades privadas que reciben recursos públicos.
“Dejar inalterada la moción presentada, representa un riesgo por el control al que pueden ser sometidas las entidades privadas, alterando el sentido del objetivo que persigue la ley”, dicen los promotores.
Sobre las declaraciones de probidad, los promotores de la ley llaman a considerarlas públicas, así como lo relacionado a la situación económica de los funcionarios y a lo que una moción llama “la honra y reputación” de tales funcionarios.
El Grupo Promotor sostiene que “incluir el tema de la “situación económica” como información privada es dejar abiertas las puertas a la corrupción, ya que de esta manera puede encubrirse el enriquecimiento ilícito”.

Declaraciones de probidad públicas
Asimismo, “el Grupo mantiene firme su posición de exceptuar, de la información privada, la declaración de probidad o declaración de bienes e incrementos patrimoniales a que están obligados los funcionarios y empleados públicos que sean electos o nombrados de conformidad con la Constitución Política y las leyes respectivas, así como las remuneraciones de los mismos”.
De igual manera, el Grupo Promotor considera que la información reservada debe mantenerse limitada al Ministerio Público y a la Policía Nacional, que son las instituciones que por su naturaleza, la Constitución Política establece para tal fin, y eliminar la alusión de hacerla extensiva a “cualquier otra entidad del Estado”.
También proponen eliminar la moción que convierte en información reservada los proyectos de sentencia o informes de auditoría de la Contraloría.
El Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública está conformado por Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Coordinadora Civil, Hagamos Democracia, Instituto de Estudios Nicaragüenses, Grupo Fundemos, Asociación Nicaragüense de Bibliotecarios y Profesionales Afines, Centro de Programas para la Comunicación, Oficina de Ética Pública de la Presidencia de la República, Fondo de Inversión Social de Emergencia, Procuraduría de Derechos Humanos, Universidad Centroamericana, Asociación de Municipios de Nicaragua, Federación de Mujeres Médicas de Nicaragua y el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social.