Nacional

Ley será para no acceder a información

* Dictamen de Ley de Acceso incluye trabas para conocer aumento patrimonial de los funcionarios públicos * Diputados se dedicaron a regular el ejercicio periodístico en lugar de garantizar el derecho a la información * Sigue vaguedad en lo relativo a qué es información reservada por razones de Seguridad Nacional

El despido de la directora del Instituto de Cultura, Margine Gutiérrez, por ejercer su derecho a expresar lo que piensa, ha coincidido con un clima de secretismo oficial, con una negativa generalizada de los funcionarios a brindar información y declaraciones, así como con la discusión de una Ley de Acceso a la Información Pública que despierta más alarmas que optimismo.
Los diputados ante la Asamblea Nacional han convertido las mociones a la Ley de Acceso a la Información Pública en un ejercicio de regulación de la actividad periodística. Por ejemplo, una de las mociones propone adicionar al artículo tres de la Ley, un numeral sobre “Principio de Responsabilidad” que literalmente dice: “En virtud de este principio se promueve el uso responsable de la información pública que implica su manejo completo y veraz, investigada y contrastada con las fuentes que sean pertinentes y oportunas”.
La justificación de la moción es que “el derecho del ciudadano a recibir informaciones veraces, completas e íntegras no se corresponde con la entrega de información parcial o de procesos no concluidos”.
Asimismo agregan un artículo completo (45) que se leerá así:
“Arto 45.- Los medios de comunicación colectiva y periodistas en general, deberán ejercer su derecho a la libertad de expresión y de información de manera responsable, realizando información para la colectividad de carácter completo, veraz, adecuadamente investigadas y contrastadas con las fuentes que sean convenientes y oportunas, de manera que se respeten no solo el Derecho a la información del ciudadano, sino también el derecho al debido proceso que debe regir en toda causa pública contra un funcionario público, así como también al respeto a la honra y al buen nombre de las personas probablemente implicadas en una investigación periodística”.
Los diputados alegan que en dicho texto introdujeron el contenido del artículo 24 de la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Esta moción se complementa con una adición al artículo 15 de la Ley, que intenta frenar el conocimiento de los proyectos de sentencias o informes de auditorías cuando la investigación está en proceso. La moción propone que sean reservados los documentos cuando se trate de proyectos de sentencias, resoluciones y acuerdos “de un órgano unipersonal o colegiado en proceso de decisión, así como las recomendaciones u opiniones de técnicos o de los integrantes del órgano colegiado que formen parte del proceso deliberativo, mientras no sea adoptada la decisión definitiva”.

Bozal
Se excluye de ser considerada reservada, lo referente al proceso de formación de la ley y cualquier disposición de carácter general y a la formulación de políticas públicas. Una vez dictado el acto y notificada la resolución o sentencia, ésta podrá ser consultada por cualquier persona.
De este modo, el público no podrá conocer los proyectos de resolución o informes preliminares de auditoría, para saber si la resolución se corresponde con los hallazgos y si hubo algún tipo de negociación política.
La justificación del legislador es que “no tiene sentido informar sobre un acto o resolución que no se sabe si se va a adoptar por ser sólo un proyecto que sufre modificaciones en el momento de dictarse. Además, que podría haber presiones para que no se dicte o se dicte en determinada dirección”.
Asimismo, los diputados amplían la reserva sobre los documentos cuya divulgación “pongan en riesgo las relaciones internacionales, las demandas ante Tribunales internacionales, o la estrategia de negociación de acuerdos comerciales o convenios de integración y toda información que por disposición expresa del Derecho Internacional, el Estado Nicaragüense esté obligado a proteger, sin perjuicio del derecho de participación ciudadana durante los procesos de negociación”.
De igual modo, las entidades privadas sometidas a la Ley de Acceso tendrán obligación de dar a conocer “las concesiones, contratos, subvenciones, donaciones y exoneraciones, licencias, permisos o autorizaciones que les fueron otorgadas por el Estado, sus bases y contenidos”.

Pallais justifica cerrazón
El presidente de la Comisión de Justicia, José Pallais, aceptó que entre las 22 mociones que se presentaron en esa comisión para ser incorporadas en el Anteproyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, está la de catalogar como información privada las declaraciones de probidad de los funcionarios públicos.
Según Pallais, esta moción tiene consenso dentro de la comisión, y dijo que se clasifica como privada porque “tiene que ver con el patrimonio y la situación económica de los funcionarios”. El principal argumento de los legisladores que estudian este anteproyecto, es que personas relacionadas con el crimen organizado pueden conocer los detalles de las cuentas corrientes y de los bienes inmuebles de los funcionarios, y provocar que los extorsionen o secuestren.
“Revisamos la legislación de otros países y no encontramos antecedentes de que la declaración de probidad sea considerada información pública”, expresó Pallais, quien explicó que esta información sólo deberá estar disponible para la realización del trabajo de la Contraloría.
Enrique Sáenz, diputado del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), dijo que una de sus preocupaciones está vinculada con esta moción. “Eso debe ser tema de escrutinio de parte de la sociedad, porque contribuye a evitar la corrupción”, expresó Sáenz.
Uno de los vacíos en el anteproyecto de ley es el referido a la Seguridad Nacional, pues la información que pone en riesgo la seguridad nacional y defensa de la soberanía nacional está catalogada como reservada, pero no se especifica en qué consisten tales informaciones.
Aunque este artículo no se está modificando, Pallais considera “que es conveniente precisarlo”.

Contralor Montenegro: “Apertura total”
El titular de la Contraloría, Luis Ángel Montenegro, dijo por su parte que la información de esa entidad debería ser completamente abierta al público, porque es naturaleza del ente fiscalizador dar a conocer su trabajo, ya sea durante el avance de las auditorías o con sus resoluciones finales.
Agregó que en relación con las declaraciones de probidad de los empleados del Estado “no deberían de ser tan abiertamente públicas” por la seguridad de los funcionarios que tienen muchos recursos, y que lo ideal sería que se mantenga lo que establece actualmente la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, es decir, que sea solicitada a través de la Contraloría.
“No soy quién para dar recomendaciones a los legisladores, pero la Ley de Probidad actual establece que si alguien quiere conocer la declaración de probidad de algún funcionario, se le notifica al funcionario, y tres días después en dependencia de lo que diga, hay un pronunciamiento oficial de la Contraloría”, dijo Montenegro.
“Éste es un país relativamente pequeño, y el manejo de la seguridad de los servidores públicos está en entredicho cuando se conoce públicamente que un empleado público tiene muchos millones, y podría afectarle en su círculo y seguridad familiar”, agregó.