Nacional

Derogación del aborto terapéutico es criminal

*** Nicaragua se suma a países que violentan el derecho a la vida, asegura

Mientras que en Bosnia Herzegovina existen programas para los niños huérfanos, mujeres víctimas de violaciones y niños que nacen de éstas, producto de la guerra, Nicaragua no cuenta con un programa que proteja a los pequeños que quedan sin su madre a consecuencia de la penalización del aborto terapéutico, lamentó el representante de Save The Children Noruega, Bjorn Lindgren.
Este organismo internacional y Plan Nicaragua realizaron un pronunciamiento público, y pidieron la restitución del artículo 165 en el Código Penal. Igualmente, solicitan a las autoridades del Ministerio de Salud brindar atención a las mujeres e informar a los médicos de todo país de manera clara y sin crear polarización sobre el tema.
Lindgren solicitó, además, a los magistrados de la Corte Suprema, que declaren inconstitucional la derogación del aborto terapéutico, pues atenta contra la vida de las mujeres, además de que provoca la desintegración de la familia.
“Save The Children siempre está trabajando por el derecho de los niños y las mujeres en varios países, y uno de ellos son los derechos sexuales, reproductivos, y sobre todo el derecho a la vida. Nicaragua se suma a los países que violentan el derecho a la vida, cuando pone en riesgo a las mujeres que tienen embarazos de altos riesgos”, dijo Lindgren.
Derogación, un acto criminal
Además, catalogó la derogación del aborto terapéutico como un acto criminal contra la mujer y violatorio de los derechos de la niñez. “Estoy claro de que esta criminalización es una sentencia de muerte para las mujeres. No hay datos exactos, pero se conoce que ya hay muertes como resultado de la derogación de esta ley”, dijo el representante de Save The Children Noruega.
Igualmente hizo un llamado al Ministerio de la Familia para que le dé seguimiento y protección a los niños que quedan huérfanos. Instó al Estado a crear programas en conjunto con otras instancias del Gobierno.
La ministra de Salud, Juana Maritza Cuan, dijo desconocer el pronunciamiento, y en todo momento evitó hablar del tema. “No puedo responder por un comunicado que no he leído”, dijo Cuan, quien además negó que el Minsa se haya comprometido a realizar un pronunciamiento sobre el tema, como en alguna ocasión lo mencionó el doctor Zelaya, Secretario General del Minsa.
La derogación del artículo 165 del Código Penal fue aprobada por unanimidad en octubre del año pasado en la Asamblea Nacional. La ley antiaborto fue impulsada por los jerarcas de la Iglesia Católica, quienes lograron introducir el tema en la campaña electoral que concluyó con el triunfo del actual presidente Daniel Ortega.