Nacional

Ley amañada de acceso a información pública

* Sigue predominando que el gobierno es dueño y señor para declarar lo que quiera como “secreto de Estado”

Vladimir López

El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Ieepp, expresó su preocupación por la discusión y aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública en los términos en que se encuentra redactada actualmente, “ya que la misma posibilita profundizar peligrosos márgenes de discrecionalidad en el manejo de los asuntos de seguridad y defensa nacional, al establecer excepcionalidades al acceso de información sobre estos ámbitos”.
El director del Ieepp, Javier Meléndez, advirtió que de aprobarse la ley en esos términos se reforzaría un ambiente de no transparencia hacia la gestión de los asuntos de la seguridad, y se disminuiría a su mínima expresión la posibilidad de que los encargados de organizar y dirigir la gestión del sector defensa rindan cuentas de situaciones que no tengan nada que ver con una verdadera situación de seguridad nacional.
Meléndez precisó que en la propuesta de Ley de Acceso a la Información, en el artículo 15, inciso a, se considera como información pública reservada aquella “que puede poner en riesgo la Seguridad Nacional y la Defensa de la Soberanía Nacional”, sin mencionar ningún tipo de criterio que permita precisar a qué tipo de información nos referimos, o qué situaciones ameritarían ser de seguridad nacional para no estar sujetas al imperio de esa ley”.
El director del Ieepp considera que la experiencia en otros países latinoamericanos demuestra la importancia de establecer motivos o pruebas debidamente sustentados para poder argumentar cuándo una información atenta contra la seguridad nacional, a fin de evitar que las instituciones policiales y militares oculten información que debe ser pública, como salarios de oficiales, estipendios, utilización de presupuestos, convenios de cooperación militar, etc., bajo el argumento de que ésta pone en peligro la seguridad del Estado.
Expresó que esa disposición, en un entorno de restricción democrática y de tradición a la secretividad en la administración pública, facilitará mayores niveles de discrecionalidad y poca transparencia en la gestión de las políticas que tienen que ver con el funcionamiento de la Policía y el Ejército de Nicaragua.
“Esta situación”, consideró, “podría poner en riesgo la gobernabilidad en nuestro país, ya que como se recordará, el pasado mes de enero se aprobó también una serie de reformas a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, que implicó una drástica reducción de las capacidades institucionales para un efectivo control civil sobre los asuntos e instituciones de seguridad y defensa”.
“La excepcionalidad planteada a los asuntos de seguridad nacional en esa ley sería otro golpe duro a una concepción moderna de gestión de los asuntos vinculados a la defensa nacional. Una concepción que entiende que los temas de seguridad deben estar abiertos al escrutinio político y público”, concluyó el analista en asuntos de seguridad y políticas públicas.