Nacional

Sigue la “limpia” en Poder Judicial


Eloisa Ibarra

Los magistrados de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Orlando Lúquez y Bayardo Briceño, ambos miembros del PLC, habrían actuado coludidos con dos ex asesores de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para revocar sentencias de condenados por narcotráfico, revelaron ayer fuentes de ese Poder del Estado.
Pusieron como evidencia la sentencia del expediente 283-0508-05, que dice textualmente: “De conformidad con el considerando que antecede y con fundamento en los artículos 33 y 34, Cn; 193, 385, 386, 387, 388 y 389 al 401 CPP; y demás disposiciones legales citadas, los infrascritos Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelven. I) Ha lugar al Recurso de Apelación”.
Lúquez y Briceño no tuvieron el cuidado de borrar la parte donde se dice Sala Penal de la CSJ, lo que evidencia que esa sentencia fue elaborada en la Sala Penal de la CSJ y no en la Sala Penal Dos del TAM.
Una fuente de la Sala Penal reveló que ambos ex asesores, uno de la Sala Penal y otro del ex magistrado Rogers Camilo Argüello, fueron destituidos la semana pasada, tras la salida de este último, aunque desde meses atrás tenían información de que ofertaban sentencias a abogados de narcotraficantes.
En la mencionada sentencia, Lúquez y Briceño revocan la condena a cinco años de presidio y una multa de un millón de córdobas contra José Carlos Sánchez y Jorge Ernesto Guevara.
Lo mismo de otra sentencia
Para revocar la condena, los magistrados argumentan que la Fiscalía acusó por el delito de “transporte ilegal de estupefacientes” cuando debía ser “tráfico interno de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas”. La Fiscalía hace ver que la tipificación es provisional, porque de acuerdo con la ley, es el juez quien tiene potestad de calificar en última instancia los hechos.
Vale mencionar que ese mismo argumento fue utilizado por Lúquez y Briceño para revocar otra condena por narcotráfico. En esa ocasión, en septiembre pasado, emitieron otra sentencia a favor de dos salvadoreños condenados por narcotráfico, argumentando que la Fiscalía los acusó por transporte de drogas y el juez de juicio los condenó por tráfico de drogas, aunque saben que es competencia del juez tipificar los hechos.
Tratamos de conseguir una versión de los magistrados, pero no fue posible. El presidente de la CSJ, Manuel Martínez, dijo desconocer el caso, aunque trata de hacer todo para el control de los funcionarios del Poder Judicial.
Martínez aseguró que hay voluntad para limpiar al Poder Judicial de funcionarios que caigan en actos anómalos, para lo cual están trabajando en coordinación con la Policía.
Según Martínez, en el caso de los magistrados del TAM, el proceso de investigación se complicó cuando se hizo público, porque de lo contrario hubiesen tomado medidas más radicales, pero ahora hay que darles la oportunidad de defenderse y eso retrasa la resolución.
Por consideración
“No es lo mismo para nosotros humana y profesionalmente llamar a una persona y decirle: ‘vení para acá, renunciá’, a salir en público destituyéndolo, hay un mínimo de consideración y no es apañamiento ni cosa que se parezca, pero sí un respeto que se merece todo mundo”, dijo Martínez.
Se trata de actuar con serenidad y no destruir a la gente, porque hay canibalismo, una fobia contra los funcionarios públicos, tal vez porque los cargos son apetecibles. Pero no se trata de dejar vacantes para que las ocupen otros, señaló.
Explicó que hay una inteligencia dentro del sistema de justicia dándole seguimiento a los funcionarios, qué hacen, quiénes son los abogados amigos de jueces, por ejemplo, y cuando tengan la información concreta, procederán.
“Estoy a favor de la limpieza del Poder Judicial, no estoy a favor de la corrupción, y hay una sacudida a nivel interinstitucional para que la gente tenga satisfacción del servicio que se debe prestar. Hay un terremoto interno, subterráneo, que lo producimos nosotros, y estoy encantado de que se produzca y que salgan todas las cosas a flor de tierra y proceder conforme los resultados de las investigaciones”, indicó Martínez.
Van contra Defensoría
Martínez adelantó que la Defensoría Pública también será sacudida, porque no están dispuestos a apañar la utilización del dinero que es para defender a los pobres, en la defensa de personas con capacidad económica para pagar un abogado privado.
“Puede decirlo con todas las letras: estamos pidiendo informes a la Dirección de la Defensoría y personalmente enterándonos de las situaciones, y habrá destituciones sin duda”, adelantó Martínez.
Destitución de Mario Roberto Peña
Por su parte, el magistrado Marvin Aguilar, miembro del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, adelantó que Mario Roberto Peña, hijo del ex juez y ex defensor público, Carlos Mario Peña, será destituido por sanidad del Poder Judicial y porque nunca debería haber sido nombrado.
Peña fue nombrado juez suplente del Juzgado Único de San Juan del Norte, a propuesta del ex magistrado Argüello.
Aguilar informó que puso a circular una resolución donde revocan la apelación interpuesta por el ex juez Edward Peter Palma, y afirmó que la sentencia de destitución fue bien motivada como establece la ley. El magistrado Rafael Solís cuestionó la resolución.