Nacional

Podrían rodar cabezas en Tribunal de Apelaciones

* Investigaciones son en torno a actuaciones irregulares en casos de narcotráfico * CSJ también revisa nombramientos hechos por ex magistrado Rogers Camilo Argüello * Emplazan a Navas a pronunciarse ante proyecto de sentencia o a decir de una vez si todo lo actuado fue correcto

Eloisa Ibarra

La investigación a jueces y magistrados del Poder Judicial, cuyas actuaciones en casos de narcotráfico han sido cuestionadas, no ha terminado, confirmaron ayer magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial tiene abierta la investigación a los magistrados de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) Orlando Lúquez y Bayardo Briceño, y a la juez de Audiencias de Diriamba, Regina Escobar.
La CSJ también revisa el nombramiento de algunos jueces propietarios y suplentes que se hicieron a propuesta del renunciado ex magistrado Rogers Camilo Argüello. Entre éstos figura el de Mario Roberto Peña, hijo del ex juez y ex defensor público, Mario Peña, destituido por la misma Corte.
El 20 de octubre pasado, Peña fue nombrado juez Suplente del Juzgado Único de San Juan del Norte, pese a que apareció en el vídeo del caso de los 609 mil dólares, junto al ex juez Julio Morales (destituido) y dos personas más, retirando del Banpro el dinero ocupado a un narcotraficante colombiano.
El Juzgado de San Juan del Norte, ubicado en una zona de alta incidencia de casos de narcotráfico, era atendido por Argüello.
En el caso de Lúquez y Briceño, los magistrados miembros del Consejo, Marvin Aguilar y Edgard Navas confirmaron que la investigación está abierta. “Recibí un proyecto de informe y lo tengo en estudio”, dijo escuetamente Navas.
Por su parte, Aguilar informó que volvió a remitir a Navas, al Presidente de la CSJ, Manuel Martínez Sevilla, y al resto de magistrados, copia del informe y un proyecto de sentencia para la destitución de los dos magistrados por actuar de forma irregular en un caso de narcotráfico.
Lúquez y Briceño, ambos liberales, declararon nulo el juicio seguido al guatemalteco Manuel Antonio González Flores, argumentando que se encontraba detenido ilegalmente porque se dictó la sentencia condenatoria después de los tres meses establecidos para ello en el Código Procesal Penal (CPP).
En la sentencia, proyectada por Lúquez y firmada con Briceño, ordenan al juez de primera instancia volver a realizar el juicio y devolver los bienes ocupados a González, condenado a diez años de presidio por transportar 163 kilos de cocaína.
Aguilar afirmó que en ese caso ambos magistrados dejaron sin medios de pruebas para volver a realizar el juicio, porque se los devolvieron. “Sólo faltó que regresaran la droga”, dijo.
Navas tiene que pronunciarse
Explicó que como había omisión porque el Consejo aún no se ha pronunciado, ayer le envió otra copia del informe y del proyecto de sentencia con siete firmas, al magistrado Navas, aunque le hace ver que lo remitió por primera vez el tres de octubre pasado.
Indicó que Navas tiene que decir si está de acuerdo o no con el informe y el proyecto de sentencia. Si no está acuerdo debe decir que todo lo actuado por los magistrados fue correcto, pero no puede seguir ahí, sin pronunciarse.
EL NUEVO DIARIO conoció a través de una fuente del TAM, que los magistrados investigados han dejado en libertad a otros condenados por narcotráfico.
Aguilar informó que solicitaron informe a la juez de audiencias de Diriamba, Regina Escobar, y la próxima semana abrirán a prueba el proceso investigativo.
En ese caso, Escobar no admitió la acusación de la Fiscalía en contra del colombiano-costarricense Teodoro Mancía Cortés, y de los mexicanos Juan García y Jesús Preciado, a quienes dejó en libertad alegando que los tres fusiles AK-47 no habían sido ocupados en las manos de los acusados.
Los hombres habían sido capturados en la reserva natural de Chococente y les incautaron tres fusiles AK-47, una lancha pequeña y dos camionetas, que la Policía presume eran utilizadas para actividades de narcotráfico.