Nacional

Cabezas contra cárcel a usuarios de servicios

* Sociedad debe movilizarse y estamos con ellos, agrega * Red predice: no habrá prisión para tantos nicaragüenses

Tania Sirias

El procurador de los Derechos Humanos, Omar Cabezas, se pronunció contra la Ley 237 que penaliza la conexión ilegal de servicios de agua, luz y teléfono, e instó al Gobierno a nacionalizar estas instituciones, como sucede en Costa Rica. Igualmente, hizo un llamado a las organizaciones civiles a protestar contra esta medida, la cual es consecuencia de la pobreza que existe en nuestro país.
El artículo 237 fue aprobado el ocho de marzo en las reformas al Código Penal, y estipula sanciones que van desde de uno a tres años de cárcel para todas aquellas personas que estén conectadas ilegalmente a los servicios de agua potable y energía eléctrica, y que consuman más de tres mil córdobas.
“Hasta el momento nadie puede ir a la cárcel como lo indica esta Ley, porque no ha entrado en vigor y no existe cárcel por deuda”, dijo el Procurador de Derechos Humanos. Indicó que con esta medida están perjudicando a los pequeños, medianos y grandes productores del agro, industria y servicios, pues los hace menos competitivos y los coloca en desventaja frente al Cafta.
Es un juego perverso
Según Cabezas, “los servicios que brindan estas empresas son ineficientes, deficientes y con desmedidas tasas de ganancias.” Además, llamó a la sociedad civil a protestar ante esta situación, y censuró la actuación de los diputados que aprobaron esa Ley.
“Existe un juego perverso entre las generadoras y la distribuidora, quienes se culpabilizan mutuamente para distraer a la opinión pública y cobrar altos costos de operación a la población”, dijo el Procurador de los Derechos Humanos.
También criticó a la Corte Suprema de Justicia por obviar el reclamo de la Red de Consumidores, fallando a favor del incremento del 14.8% en las tarifas de energía eléctrica, lo que tendría consecuencias para “el agravamiento de la pobreza en nuestro país”, dijo el funcionario.
Estatizar servicios públicos
Mientras tanto, las organizaciones de consumidores continuaron pronunciándose contra la decisión de los diputados de recetar cárcel a las personas que se peguen ilegalmente a la energía eléctrica, agua o telefonía.
“Necesitarán muchas cárceles”, dijo Gonzalo Salgado, de la Red de Defensa del Consumidor, quien recordó que son los sectores populares los más afectados por la decisión parlamentaria.
Salgado se pronunció a favor de revertir la privatización de la energía eléctrica y lograr que el Estado asuma la producción y distribución de ésta. “Se debe hacer la estatización total para garantizar agua, luz y comunicación para todos”, señaló Salgado. Cabezas insistió en la movilización de la sociedad civil, y dijo que la PDDH los va a acompañar en esa lucha.