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Benefician a la Esso sin que repare daño causado


María Haydée Brenes

El beneficio de suspensión de la acción penal que supuestamente otorgó la Fiscalía de León a la empresa Esso Standard Oil, en el caso del derrame de hidrocarburos ocurrido en Puerto Sandino el año pasado, fue calificado por representantes del Centro Alexander Von Humboldt como una atención que propicia la impunidad ambiental.
Víctor Campos, subdirector de esa organización, manifestó que se encuentran preocupados por la impunidad en la que se dejaría el daño ambiental en las 70 hectáreas que cubrió el derrame, pero sobre todo porque al suspenderse la acción penal, no hay forma de ejercer presión para que la empresa revierta el daño que ocasionó.
El acuerdo en mención, destacaron los ambientalistas, fue firmado el pasado seis de marzo, entre el Ministerio Público de León, representado por la fiscal auxiliar, María Elisa Silva, y Freddy Arana Rivera, Fiscal Departamental, junto con los acusados de las empresa Esso Standard Oil, con base en el artículo 53 de la Ley de Delitos contra el Ambiente y los Recursos Naturales (Ley 559), pero deberá ser ratificado antes que concluya esta semana.
“Para firmar una suspensión de acción penal debe existir la disposición del imputado de revertir el daño, pero en el caso de la Esso, desde que se dio a conocer el desastre, ellos han solicitado revisiones y apelaciones a las resoluciones administrativas extendidas por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marena), y ahora se les premia con esta suspensión sin que hayan revertido el daño”, afirmó Campos.
Por ejemplo, si usted manejando un vehículo lesiona a una persona, aunque se cure la lesión, el delito perdura y se juzga. Con el medio ambiente pasa lo mismo, aun cuando se revierta el daño hay delito, y en este caso no se ha revertido, pueden comprobarlo.
Garantizamos cumplimiento de ley
Respecto del caso, el procurador general de la República, Hernán Estrada, destacó que ellos han tenido conocimiento de que la empresa está haciendo “lobby” con la Fiscalía, pero dijo desconocer que ya hubiera un acuerdo. “Si hay un acuerdo éste debe ser ratificado por medio de una audiencia de control de legalidad, a la que deberán citarnos, y aún no lo han hecho, los representantes de la Esso han informado que el daño está siendo revertido, pero nosotros haremos una visita in situ con especialistas para determinar si lo han hecho”, señaló el Procurador General.
A la vez, continuó el procurador Estrada, nuestra institución está comprometida a garantizar que se cumpla la ley.
“No se han suspendido las acciones de forma que aún hay retención migratoria para los gerentes de la Esso, tanto para el señor Mauricio Espinoza como para el señor Agustín Fuentes”, comentó.
Llamado a Fiscalía
EL NUEVO DIARIO trató de comunicarse con autoridades del Marena para conocer su posición al respecto, tomando en cuenta que el derrame de la Esso fue el primero que se dio estando en vigencia la Ley de Delitos contra el Medio Ambiente, sin embargo, no obtuvimos respuesta.
Por su parte, la licenciada Ana Montano, asesora legal del Centro Humboldt, hizo un llamado a la Fiscalía para que no se ratifique la suspensión de la acción penal, a fin de que se cumpla la Ley de Delitos contra el Medio Ambiente.
En su artículo 11 sobre “Almacenamiento, Manipulación o Derrame de Sustancias Tóxicas, Peligrosas o Contaminantes”, la Ley impone sanciones de prisión de tres a cinco años, así como multas que oscilan entre los cincuenta y cien mil dólares, además del cierre temporal o definitivo del sitio afectado y la reparación a su costo del daño causado.
Sobre las generadoras
También los representantes del Centro Humboldt manifestaron que las plantas generadoras de energía donadas por Venezuela fueron instaladas violentando las leyes ambientales del país.
“Hicimos la solicitud formal, hace más de quince días, de los estudios de impacto ambiental para las plantas, también pedimos información sobre el proceso de consulta con la población que exige la ley, a la vez hemos monitoreado todos los medios para ver si se han publicado los anuncios debidos para la consulta ciudadana, y nada”, declaró Campos.

4 meses y 21 días
El derrame de hidrocarburos sucedió el 21 de octubre de 2006, en el kilómetro 63, carretera a Puerto Sandino, Nagarote. El área afectada se calculó en 70 hectáreas, desde el punto de derrame hasta el estero Las Coyundas.
El desastre empezó cuando la lluvia provocó que el petróleo crudo que había en una fosa construida artesanalmente, se esparciera sobre la quebrada San Francisco.
La contaminación se produjo debido a la negligencia de las empresas involucradas: Esso Standard Oil, transnacional mundial que tiene oleoductos instalados en la zona, a través de los cuales el petróleo es enviado a la Refinería, y Spence Pong Cía Ltda., contratada por Esso para trasladar y almacenar material de petróleo crudo.