Nacional

50 mil discapacitados han pensado matarse

*** Estremecedor reflejo de la extrema pobreza en que vive este sector de la población, marginado por no aportar económicamente al hogar *** Procuradora señala que ninguna institución del Estado o privada cumple con la ley que otorga derechos a las personas con invalidez

Un 10 por ciento de las personas que sufren discapacidad en el país ha pensado en el suicidio como una forma de salir del estado de extrema pobreza en que se encuentran, mientras un 30 por ciento sufre maltrato de parte de sus propios familiares, quienes los marginan por el hecho de no aportar económicamente al mantenimiento del hogar.
La procuradora Especial de Personas con Discapacidad, Rosa Salgado Alvarado, reveló que los discapacitados en el país --que alcanzan casi el medio millón de personas-- son vulnerables, la mayoría pasa por un estado de mendicidad, y debido a ese estado han pensado en atentar contra su vida.
”Los discapacitados reflexionan que para qué quieren vivir si no pueden moverse por sí mismos y no tienen un empleo”, señaló Salgado, quien aseguró que en su caso, como Procuradora de Personas con Discapacidad, le ha tocado jugar el papel de psicóloga al atender a sus compañeros “para intentar levantar sus valores”.
Salgado Alvarado explicó que hay discapacitados que le cuentan que “han llegado a pensar en quitarse la vida por el maltrato y la desesperación. Son seres humanos que valen y pueden tener trabajo en un futuro”, señaló.
Violan Ley 202
La Procuradora Especial de Personas con Discapacidad lamentó que a la fecha, ninguna institución del Estado ni privada cumpla con la Ley 202, que otorga derechos a las personas con discapacidad. Uno de esos derechos es el acceso al mercado laboral.
La ley ha estado sistemáticamente violada”, aseguró Salgado, para quien el derecho de tener un empleo seguro no ha sido cumplido. “No hay empleo, el trabajo se consigue por amistad, por recomendaciones”, señaló.
La Ley 202 establece que las instituciones del Estado y las empresas privadas están en la obligación de abrir puestos de trabajo para los discapacitados, en una proporción de 2 discapacitados por cada 100 trabajadores.
“Es un derecho incumplido”, señaló Salgado, quien explicó que no hay una voluntad política de los empresarios para cumplir con esa norma legal. “Emplear a un discapacitado implica acondicionar un espacio para que no haya barreras, y eso genera gastos que los empresarios no quieren hacer”, señaló la Procuradora.
Salgado también lamentó que incluso, los mismos diputados desconocen no sólo las fechas en que se celebra el día de los discapacitados, sino también las normas legales que garantizan los derechos de este sector de la sociedad.
Destacó que a pesar de que se han hecho esfuerzos alrededor de eliminar las barreras arquitectónicas, se están construyendo edificios sin tomar en cuenta el acceso a personas en sillas de ruedas.
Campaña de sensibilización
La Procuradora participó ayer en un encuentro con funcionarios del Ministerio del Trabajo, a fin de promover la Ley 202 dirigida a garantizar la integración del discapacitado al mercado laboral.
La licenciada María Aminta Díaz, Directora de la Oficina de Igualdad y no Discriminación en el Empleo, confirmó que a través de la Oficina de Servicio Público del Empleo se incorporará una base de datos con las hojas de vida de las personas con discapacidad, a fin de promover la inserción de éste sector al mercado laboral.
Ratifiquen Convención Internacional
Representantes de organizaciones de discapacitados demandaron ayer al gobierno del presidente Daniel Ortega, que ratifique la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, promovida por la Organización de Naciones Unidas, reivindicando sus derechos constantemente violentados, incluyendo a Nicaragua.
Un grupo de líderes de ese sector se reunió con diputados de la comisión de Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, presidida por el diputado liberal Enrique Quiñónez, a quien demandaron que inste a Ortega a que ratifique la Convención Internacional, que tiene como ejes importantes la no discriminación, ser vistos con enfoques de derechos humanos, personas con derechos y plena igualdad, y sobre todo desarrollo en proyectos de integración.
La Procuradora de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, denunció que no existe voluntad política para que sean respetados los derechos de los discapacitados.
“Existe mucha discriminación al no tener oportunidades de integración en el trabajo, educación, una ciudad accesible, hay negación de oportunidades porque no hay voluntad política de los tomadores de decisión. Vivimos con mucha pobreza por la falta de oportunidades y empleo, y por la falta de integración sociolaboral a todos los niveles. Ninguna autoridad incluye en los programas a las personas con discapacidad, a pesar que tenemos derecho a trabajar”, recriminó Salgado.
Quiñónez y el resto de diputados de otras bancadas empeñaron su palabra de que intercederán con Ortega para que ese instrumento jurídico internacional sea ratificado el próximo 30 de marzo, y, además, se comprometieron a respaldar la aprobación presupuestaria para financiar programas y proyectos orientados a garantizar los derechos de los discapacitados.