Nacional

“Leyes impopulares legitiman resistencia”

* Movilización será a nivel nacional, y Cenidh apoya llamado para que población no acepte que está “pegada” a cables o haga arreglos de pago con Fenosa * PLC vacila y dice que nunca discutió con sus diputados la aprobación de una ley tan dura

Luis Alemán

El Movimiento Comunal Nicaragüense alertó a la población nicaragüense a no dejarse intimidar por la transnacional Unión Fenosa, quien podría utilizar el recién aprobado artículo 237 del nuevo Código Penal, que receta cárcel a quienes estén ilegalmente conectados a los servicios básicos, para obligar a los consumidores a llegar a acuerdos o arreglos de pago con la transnacional.
“Ningún poblador debe declararse ante Unión Fenosa que está pegado o aceptar una negociación”, advirtió Enrique Picado, miembro del Consejo Nacional del Movimiento Comunal Nicaragüense, quien confirmó que el hecho de que miles de nicaragüenses estén pegados a la energía eléctrica, responde a una causa de carácter estructural de pobreza y desempleo que no deja otra alternativa que pegarse.
Convocan a Consejo Nacional
Picado visitó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos para coordinar acciones que permitan revertir la decisión de los diputados liberales, sandinistas, y de la Alianza Liberal, que aprobaron el artículo 237 del nuevo Código Penal, que receta cárcel a los pobladores ilegalmente conectados a los servicios básicos.
El dirigente comunal confirmó que esta mañana se reunirá de emergencia el Consejo Nacional del Movimiento Comunal, integrado por más de 40 dirigentes de todo el país para analizar las acciones que realizarán para enfrentar la nueva norma legal en contra de la población.
“Viene un plan de lucha en todo el país para efecto de responder a una actitud impopular e inconsulta de parte del Parlamento”, aseguró Picado, tras entrevistarse con el abogado Gonzalo Carrión, coordinador del Programa de Defensa y Denuncia del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Para Picado, la respuesta a una actitud impopular requiere de una acción social de toda la población. “Si la gente no se pone alerta, tendremos una nueva violación a los Derechos Humanos, por lo que hay que reactivar la organización comunitaria”, declaró Picado.
Contra pobres
Mientras tanto, para el abogado Gonzalo Carrión, la penalización con cárcel castiga a la población por no tener oportunidades de acceso a los servicios públicos. “No es casual que en su mayoría la población no tenga oportunidades, no es casual su estado de insolvencia”, señaló.
Tanto Carrión como Picado recordaron que la norma aún no es una ley, y, por lo tanto, alertaron a la población a no dejarse intimidar por personal de Unión Fenosa que aprovechándose del hecho amedrente a la población que actualmente está ilegal, para obligarlas a pagar o a declararse en ilegalidad.
“Ningún poblador debe declararse ilegal, mucho menos negociar con Unión Fenosa, es la transnacional la que debe responder en el Poder Judicial por el robo que han hecho a los nicaragüenses”, advirtió Picado.
Carrión explicó que como organismo de derechos humanos, su papel será hacer un estudio sobre los alcances legales del articulado y el acompañamiento a las organizaciones populares en su esfuerzo por revocar lo hasta ahora actuado.
Pero Carrión recordó que las leyes de carácter impopular legitiman la resistencia. “Este tipo de leyes legitiman la rebelión de las organizaciones populares que van a ser golpeadas con este tipo de medidas”, señaló.
Arma cargada
Tanto Carrión como Picado recordaron que a pesar de que el articulado aún no es una ley, ha servido para envalentonar a los empresarios, que pueden utilizarla para intimidar a los usuarios de energía eléctrica.
Según Carrión, la norma no pone en iguales condiciones a los consumidores y al empresario, por lo que se preguntó qué fundamento legal le permitirá al consumidor llevar a la cárcel a los señores que presten un servicio de mala calidad.
PLC se retracta
Ahora resulta que los diputados del Partido Liberal Constitucionalista no dieron su voto a favor de la aprobación del artículo 237, que manda a la cárcel a quienes sean encontrados culpables de estar ilegalmente conectados a los servicios de agua, luz y telefonía.
Un comunicado del PLC señala que el partido “en ningún momento ha sometido a discusión y votación en el Comité Ejecutivo Nacional la aprobación de una ley tan dura como la aprobada recientemente por algunos diputados”.
El mismo comunicado señala que revisarán con sus diputados las medidas y “decidirán sobre las sanciones que se le deben imponer a los generadores, comercializadores y distribuidores de energía eléctrica y agua potables.
Asegura el comunicado que los legisladores liberales constitucionalistas actuaron de buena fe para castigara los que roben servicios básicos, pero se debe garantizar un buen servicio y después regular al consumidor.