Nacional

Sectores sociales anuncian protestas para derogar reforma

* Catalogan a nueva ley como “monárquica, imperialista e impopular; obedece a las presiones de fuerzas extranjeras en contra de los más desposeídos”

Nery García y ACAN-EFE

Asociaciones, pobladores, movimientos y otros sectores de la sociedad anuncian que harán protestas en los próximos días debido a la aprobación de la reforma al artículo 237 del Código Penal, en la que se estipula cárcel y multas para todas aquellas personas que estén conectadas ilegalmente a los servicios de agua potable y energía eléctrica.
En un pronunciamiento, las Asociaciones de los Mercados de Nicaragua y las Asociaciones de Pobladores, anunciaron un proceso de protesta en contra de dicha penalización. “Esa decisión de los malos padres de la patria de aprobar esa ley monárquica, imperialista e impopular, obedece a las presiones de fuerzas extranjeras en contra de los más desposeídos”, recita el escrito.
Además, invitaron a los pobladores en general a sonar las cazuelas este martes 13 de marzo a partir de la seis de la tarde en señal de repudio a la reforma al Código Penal, la cual fue aprobada por 26 diputados sandinistas, 19 del PLC y siete de ALN. Luego realizarán, según el escrito, “una gran marcha” hasta culminar en la Asamblea Nacional para exigir a los diputados su derogación.
Por otro lado, la empresa española Unión Fenosa dijo ayer sábado que ofrecerá "amnistía" a sus clientes irregulares para poner en regla sus servicios y evitar multas económicas o sanciones penales.
El portavoz de Unión Fenosa en Nicaragua, Jorge Katín, declaró al Canal 2 de la televisión local que esa compañía ofrecerá "un margen de tiempo prudencial", que no precisó, para que los consumidores que están conectados ilegalmente o tienen alterado el medidor para pagar menos por ese servicio, normalicen su situación.
Agregó que el cliente podrá llamar a las sucursales de la empresa española ubicadas por todo el territorio nicaragüense, y ésta enviará cuadrillas a reparar el problema y "no va a contar en el expediente ni tendrá ningún costo económico. Como quien dice, borrón y cuenta nueva, precisamente para evitar que sea sancionado".
Katín advirtió, sin embargo, que si una persona es "sorprendida" en la ilegalidad, una vez que entre en vigor la disposición sancionadora establecida en el Código Penal y culmine este "período de gracia o amnistía" que otorgarán a sus clientes, van a interponer la denuncia ante la Policía Nacional.
En tanto, otros movimientos y grupos sociales, como la Red de Defensa del Consumidor, el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, el Movimiento Comunal, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el Frente Nacional de los Trabajadores, la Coordinadora Social, el Movimiento Punitivo “Pedro Altamirano”, entre otros, también manifestaron su repudio a la reforma y demandaron su derogación.
Gonzalo Salgado, Presidente de la Red de Defensa del Consumidor, calificó como medida ridícula y absurda dicha reforma porque “no obedece a una estrategia energética de mediana y corto plazo, es una demanda que Fenosa trae de desde hace mucho tiempo, por lo que no obedece a necesidades del pueblo, sino a intereses particulares”, dijo Salgado.
“Llamamos al pueblo a cerrar fila contra las cuadrillas de Unión Fenosa y Enacal, no debemos permitir su entrada, y aquellos que tengan la osadía de hacerlo... ni sus camionetas ni ellos saldrán de nuestras comunidades”, se lee en otro pronunciamiento del Movimiento Punitivo “Pedro Altamirano”.

PROPUESTA PARA NACIONALIZAR ENERGÍA
El diputado y dirigente del FNT, Gustavo Porras, se comprometió, según declaraciones dada a un medio de televisivo, a crear una propuesta de nacionalización de los servicios de energía eléctrica. “Lo que debemos buscar aquí es nacionalizar la energía para que todo el mundo esté claro de que si paga no es para hacer ricos a unos españoles zánganos ni a unos nicaragüenses zánganos”, expresó Porras.
Jorge Katín reiteró que Unión Fenosa pierde anualmente en Nicaragua 30 millones de dólares por conexiones ilegales, alteración a los medidores de consumo y otros problemas técnicos.
Un diez por ciento de esas pérdidas, indicó, ocurre en sectores residenciales, productivos o empresariales de alto consumo; y un seis por ciento en asentamientos populares.
El portavoz de Unión Fenosa dijo al respecto que el 90 por ciento de sus 600.000 clientes consume menos de 3.000 córdobas (165 dólares) al mes, por lo que ellos no se verán afectados con sanciones penales, aunque sí podrán ser multados económicamente, según la nueva legislación