Nacional

Estado no negociará con Fenosa por vía diplomática

El Estado se prepara para defenderse contra Unión Fenosa en todos los terrenos de arbitraje.

Eloisa Ibarra

El Estado y Unión Fenosa S.A. acordaron renunciar a la vía diplomática para resolver cualquier diferencia. La Procuraduría General de la República (PGR) le notificó esta mañana a la distribuidora eléctrica, un dictamen legal en el que afirma que el Estado de Nicaragua seguirá el proceso de arbitraje nacional, establecido en el contrato con Fenosa, en el cual la empresa eléctrica aceptó renunciar a la vía diplomática, para resolver cualquier diferencia.
En el dictamen de la PGR requiere al Instituto Nicaragüense de Energía (INE) para que informe acerca de las deudas que Disnorte y Dissur tienen actualmente con todas las empresas generadoras de energía y el monto de todos los subsidios otorgados por el Estado desde el inicio de la concesión.
El Procurador General de la República, Ernán Estrada, afirmó a EL NUEVO DIARIO, que aunque el contrato es claro en señalar la vía para aclarar cualquier diferencia, el Estado está preparado para defender sus intereses y de los nicaragüenses, en el ámbito que sea necesario.
Recordó que Unión Fenosa recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativos a Inversiones (CIAD), con sede en Washington, D.C., por supuesta violación a sus derechos, aunque están claros que el Estado de Nicaragua no ha lesionado, ni pretendido lesionar la inversión del Grupo Unión Fenosa.
Estrada afirmó que Unión Fenosa adquirió activos nicaragüenses en un ambiente privilegiado, pero que el Estado tiene la obligación de velar por sus intereses y el bienestar de los ciudadanos.
El dictamen señala que en la cláusula séptima de las escrituras 14 y 16 otorgadas ante los oficios notariales del doctor Enrique Villagra el once de julio del 2,000, la concesionaria queda sujeta y sometida a la jurisdicción de las autoridades administrativas y judiciales del país y se supedita especialmente a las leyes vigentes y tratados internacionales.
Por consiguiente, la PGR afirma que el derecho aplicable es el prevaleciente a la fecha del contrato, y ya existe un arbitraje en el país, del cual son partes, la concesionaria y el Estado de Nicaragua, quienes consintieron someterse de forma expresa a dichos procedimientos.
En el dictámen, la PGR requiere al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que presente informe de la ejecución presupuestaria sobre los subsidios otorgados a las empresas Disnorte y Dissur.
A la vez solicita informe al Instituto Nicaragüense de Enegía (INE) y al Ministerio de Energía y Minas, sobre los beneficios que Disnorte y Dissur han recibido, a través de la regulación de compras de energía en el mercado de ocasión.