Nacional

“Que Policía nos diga quiénes son los narcos”

*** Amenazan con hacer valer sus derechos para defenderse, pero rechazan someterse a auditoría para conocer sus actuaciones *** Reaccionaron tardíamente, ya que jefe policial dijo hace varios días que les botaban el trabajo cuando había dinero de por medio *** “Pasan” ante caso Palma, justifican su nueva “estrategia silente” en casos de drogas y también la agarran contra medios de comunicación

Eloisa Ibarra

Representantes de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (Ajumanic), exigieron a la Policía Nacional que revele los nombres de los jueces supuestamente involucrados con el narcotráfico, pero se mostraron reacios en cuanto a practicar una auditoría para conocer la actuación de los jueces en este tipo de juicios.
Los representantes de Ajumanic comparecieron en una conferencia de prensa para responder a declaraciones brindadas por un alto oficial de la Policía, quien afirmó el fin de semana que cuando los casos de narcotráfico llegan al Poder Judicial, hay quienes se alegran porque ven una forma de enriquecerse.
Criticaron que mientras la Policía hace esfuerzos para enfrentar la infraestructura internacional y expone a sus oficiales para asestar golpes como los últimos, a veces hay jueces que buscan el detalle para defenderlos, como en Chococente, “donde sabemos que hubo dinero de por medio. Hay algunos jueces que botan el trabajo de la Policía porque les pueden dar cien mil dólares”.
El oficial dijo que algunos (jueces) se deben alegrar cuando les llega un caso de esos, porque significa muchos años de salario, pero también les puede ir mal si no les cumplen, advirtió el oficial, tras revelar que aquí se han dado dos casos de sicarios enviados a asesinar porque les han quedado mal con el trabajo.
En la conferencia de prensa comparecieron la presidente de Ajumanic, Martha Quezada, magistrada de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), y el juez Octavo de Distrito de Juicio, Edgard Altamirano.
Amenazan
Ambos funcionarios exigieron a la Policía Nacional que diga los nombres y apellidos de jueces que, supuestamente, están involucrados en el narcotráfico. De lo contrario, advirtieron que harán uso de sus derechos para defenderse.
Esa exigencia la hicieron extensiva al diario La Prensa, por publicar el titular a ocho columnas: “Narcos compran a jueces”. Vale mencionar que el alto oficial también brindó declaraciones a EL NUEVO DIARIO, en las que criticaron duramente a algunos jueces.
Cuándo se le preguntó a Quezada y Altamirano si meten las manos al fuego por todos los miembros de la asociación, la magistrada respondió que los jueces actúan de conformidad con lo establecido en la ley.
“Pasan” ante caso de Palma
No obstante, Quezada y Altamirano declinaron comentar la destitución del ex juez de Distrito Penal de Audiencias, Edward Peter Palma, efectuada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a inicios de esta semana, después de confirmar que actuó al margen de lo establecido en el Código Procesal Penal (CPP) en casos de droga.
Quezada tampoco comentó la investigación seguida a sus colegas del TAM, Orlando Lúquez y Bayardo Briceño, por dejar en libertad a guatemaltecos y hondureños acusados por narcotráfico.
En cuanto a que se practique una auditoría para los casos de narcotráfico, Altamirano justificó que hay casos mal presentados, a veces los peritajes están malos y los testigos son contradictorios. Hay que compartir la responsabilidad de cada uno en los procesos, hay errores de la Policía y la Fiscalía, dijo.
Quezada demandó mayor protección para los jueces de las regiones autónomas que casi a diario son amenazados en su integridad física y a sus familiares, por tener en sus manos casos de narcotráfico.
¿Aplican estrategia silente del gobierno?
Ambos funcionarios trataron de justificar las restricciones que en las últimas semanas han impuesto a los medios de comunicación en casos de narcotráfico, argumentando razones de seguridad. Aunque se les hizo ver que sus fotografías aparecen en las murales de los juzgados.
Altamirano afirmó que, en una ocasión, un medio sacó la foto de los jurados. Le recordamos al juez que esa foto la publicó EL NUEVO DIARIO en uno de los jurados del ex director de Ingresos, Byron Jerez, para demostrar que en el Tribunal de Conciencia había un testaferro del ex funcionario, cuyo nombre aparecía en el expediente del caso sometido al tribunal de conciencia.
En ese jurado también estaba un ex empleado de la Dirección de Ingresos en tiempos de Jerez, o sea que Jerez tenía dos jurados seguros en el tribunal de cinco personas, una de ellas juez de derecho. Al final Jerez fue declarado culpable.