Nacional

Montenegro ya le receta cárcel a Enrique Bolaños


Luis Galeano

“El Código Penal es claro cuando señala que todo funcionario público, incluyendo al Presidente de la República, que dé un uso distinto a los recursos para lo cual se destinaron originalmente, tiene una pena que va de dos a cinco años de cárcel, y evidentemente en el caso de los gastos confidenciales hay comprobada malversación de caudales públicos”, dijo Luis Ángel Montenegro, Presidente de la Contraloría.
Bolaños utilizó 6 millones 112 mil 280 córdobas de los gastos confidenciales de la Presidencia de la República en 2004 y el primer semestre de 2005, para pagar servicios básicos de su casa, cubrir gastos de una desintoxicación alcohólica del diputado de ALN Augusto Valle, por más de 200 mil córdobas, así como para otorgar préstamos personales y financiar viajes al exterior más los respectivos viáticos sin justificación.
Esta forma de utilizar los gastos confidenciales es la misma que usó Alemán, y que justificaba diciendo que por confidenciales podía gastarlos en lo que le diera la gana, sin rendir cuentas a nadie.
“El dinero del Estado no es para repartírselo a personas particulares, independientemente de la razón que el presidente haya tenido, ya sean ayudas humanitarias o cualquier otra cosa”, dijo Montenegro.
Bolaños atrasa auditoría
Agregó que Bolaños es quien atrasa el proceso de auditoría, debido a que desde hace unas semanas se encuentra fuera del país, por lo que no han podido notificarle de los hallazgos del trabajo que realizan en las cuentas de la Presidencia.
“Lo que pasa es que nosotros estamos cumpliendo con el debido proceso de informar de los hallazgos a los auditados para que después no digan que no se escucharon sus argumentos, pero estamos prácticamente en la etapa conclusiva”, dijo el colegiado, quien estimó que los resultados de la auditoría podrían estar listos a finales de marzo.
Sin embargo, señaló que la Contraloría cuando habla lo hace con documentos en la mano, y que todo lo que se ha dicho con esos gastos confidenciales, no obedece a apreciaciones del auditor ni a comentarios generales, sino que existe información oficial que confirma que esos gastos son irregulares.