Nacional

Por fin reconocerán derechos de sumos


Eloisa Ibarra

La Procuraduría General de la República (PGR) estableció ayer con el representante técnico en Washington, sede la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las bases para la resolución final del emblemático caso de los indígenas mayangnas (Sumo Awas Tingni).
La CIDH ordenó años atrás al Estado de Nicaragua, el reconocimiento de los derechos de propiedad territorial de la comunidad de Awas Tingni sobre la totalidad de sus tierras, sin embargo, el ex presidente Enrique Bolaños no cumplió la sentencia.
En 1995, la Administración de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro otorgó a una compañía coreana una licencia para talar 62,000 hectáreas de su territorio, y los sumos, alegando que el Gobierno debería haber reconocido su propiedad sobre sus tierras ancestrales, llevaron el caso ante la justicia internacional.
Ayer, el procurador general de la República, Hernán Estrada, con el respaldo del gobierno y del Consejo Regional de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), estableció las bases finales con el representante de la CIDH para darle cumplimiento a la histórica sentencia.
En virtud de lo anterior, según una nota de prensa de la PGR, la Comisión Nacional de Titulación elaborará los títulos de propiedad a nombre de las comunidades indígenas, y procederá a su inscripción.
Con esta acción, el Estado, a través de la PGR, contribuye en la resolución de los conflictos existentes por muchos años entre las comunidades indígenas de la RAAN, por la falta de demarcación de dichas propiedades.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, dijo que estudiará a fondo el caso del Estado nicaragüense contra la comunidad indígena de Awas Tingni, ubicada en el Atlántico Norte, que desde hace varios años reclama su derecho a las tierras que les heredaron desde tiempos de la colonización.
Las administraciones anteriores rechazaron por años la demanda de los indígenas, ante lo cual, la Organización de Estados Americanos (OEA) resolvió que el Estado como miembro de la OEA estaba obligado a aceptar la decisión de la CIDH a favor de los derechos de los indígenas.
El caso de las tierras de la comunidad indígena de Awas Tingni data desde 1995, cuando los indígenas denunciaron que el gobierno aprobó una destructiva concesión maderera, sobre todo a la empresa coreana «Sol del Caribe» (Solcarsa), sin consultar y sin la aprobación de las comunidades afectadas.
La denuncia de los indígenas fue, además, porque el Estado no cumplió con su obligación de demarcar, o bien asegurar legalmente las tierras de las comunidades indígenas de la Costa Atlántica. Por ello, los indígenas pidieron a la Corte que obligue al Estado de Nicaragua a que los compense por la usurpación de sus tierras comunales.
Los indígenas de Awas Tingni son de la etnia mayangna (sumos). Por años, al igual que muchas etnias del Atlántico de Nicaragua, han tratado de impedir la destrucción de sus tierras por parte de las empresas madereras, que por general no son reguladas por el Estado, y que raramente se preocupan por la preservación y manejo sostenible de los bosques.
Una de esas empresas fue Solcarsa, que a mediados de la década pasada recibió del Estado de Nicaragua una concesión por 30 años para explotar 62,000 hectáreas de bosques en las tierras de la comunidad Awas Tingni. Fue hasta mediados de 1998, y gracias a los constantes reclamos de los indígenas y grupos ambientalistas, que suspendieron dicha concesión.