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Cargo y salario a Murillo violan la Ley de Probidad


La disposición del presidente Daniel Ortega de crear secretarías en una de las cuales su esposa Rosario Murillo recibiría un salario de tres mil dólares al mes, violaría la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, afirmó un jurista, mientras los contralores brindan declaraciones contradictorias acerca del asunto.
El presidente del ente fiscalizador, Luis Ángel Montenegro, dijo que todos los colegiados habían decidido en una reunión del Consejo no opinar sobre esta situación, en tanto la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no se pronuncie oficialmente sobre recursos que se interpusieron en contra del nombramiento de Murillo.
En cambio su colega y vicepresidente Lino Hernández, señaló que de hacer efectivo el nombramiento de Murillo con todo y salario, se estaría violando abiertamente lo que señala la Ley de Probidad y el llamado que ellos mismos hicieron por escrito a Ortega.
“El Consejo dispuso de forma unánime que en ese caso no nos vamos a pronunciar oficialmente porque está en manos de la Sala Constitucional, y cuando un tema está en manos del Poder Judicial la Contraloría no se pronuncia”, dijo Montenegro, quien en otros casos pendientes de resolverse por el Poder Judicial, ha brindado declaraciones sin problemas.

En Constitución no hay “rango de Ministro”
Murillo será nombrada Secretaria de Comunicación y Ciudadanía con rango de ministro, y devengará un salario conforme a las últimas reformas decretadas por Ortega. Su anterior nombramiento como presidenta del Consejo de Comunicación y Ciudadanía ya está recurrido ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde dos de sus miembros (Rafael Solís y Francisco Rosales) se han pronunciado de forma benévola sobre el caso.
Le recordamos a Montenegro que una semana antes de que Ortega asumiera la Presidencia, él mismo se encargó de hacerle un llamado a él y a sus funcionarios nombrados, a respetar la Ley de Probidad en cuanto al nombramiento de familiares, y dijo: “Hay una decisión oficial del Consejo (de no hablar) sobre ese tema y yo tengo que respetar eso”.

¿Es decir que el llamado que hizo usted antes que asumiera Ortega la Presidencia ya no tiene validez?
Creo que hay un malentendido, porque cuando yo hice ese llamado fue de manera general, y vos me estás planteando un caso concreto, y ese caso está en manos de la Sala Constitucional, y nuestra posición es esperar lo que resuelva la Corte.

Contralor Hernández: “Se viola Ley de Probidad”
“No estoy muy claro de lo que ha dispuesto el presidente Ortega, pero si es el nombramiento de su esposa con salario y todo, pues a simple vista se traduciría en una violación a Ley de Probidad”, dijo Hernández, quien nunca mencionó la decisión del Consejo de no hablar del tema.

Jurista: “Nombramiento no es inconstitucional, pero sí ilegal”
El nombramiento de Murillo como encargada de “Comunicación y Ciudadanía”, no es inconstitucional pero sí es ilegal, sostuvo ayer el abogado Gabriel Álvarez.
Álvarez explicó que el nombramiento es ilegal aunque no inconstitucional, porque violenta lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Probidad, que prohíbe expresa y taxativamente un nombramiento a favor de una persona, si el mismo es efectuado por su cónyuge.
El artículo 11 de la ley, relacionado con “las inhabilidades”, establece que son inhábiles para el ejercicio de la función pública: El cónyuge o acompañante en unión de hecho estable, los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y hasta el segundo de afinidad del servidor público que hace el nombramiento o contratación, o de la persona de donde hubiere emanado esta autoridad.
A criterio de dos magistrados de la CSJ, entre el Presidente de la República y la Primera Dama no existe relación de parentesco en la línea de lo establecido por el Código Civil, por lo que Álvarez teme que la CSJ se pronuncie a favor de Murillo, estableciendo que la Ley de Probidad es inconstitucional al contradecir la Carta Magna.
Pero en realidad, dijo el especialista, la ley únicamente desarrolla y amplía las prohibiciones establecidas por la Constitución, tal como ésta lo manda cuando expresa que “la ley regulará esta materia”.
Una interpretación de este tipo, agregó Alvarez, sería una aberración y una “vergonzosa salida” que dañaría más la institucionalidad del país, ya que lo correcto sería reformar la Ley de Probidad si insisten en nombrarla.