Nacional

Demandan marco legal para la radio y televisión

* Articulado actual afecta a justos y pecadores * Garantía monetaria afecta libertad de expresión

El presidente de la Asociación Nicaragüense de Radiodifusores (ANIR), Jesús Miguel Blandón, demandó este jueves que los diputados retomen el anteproyecto de reforma a la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales (Ley 200), con el fin de que exista un marco legal donde se estipule un capítulo dedicado a la radio y a la televisión.
“En todas la leyes de telecomunicación en Centroamérica hay un capítulo que se refiere a la radio y la televisión, aquí no, entonces ¿qué sucede? Que si le aplican una sanción a las telefónicas, por analogía se las aplican a la radio y la televisión… Si Enitel estornuda, a nosotros nos da epidemia”, mencionó Blandón.
Añadió que el principal problema no es el plazo de la frecuencia, como dicen algunos diputados, sino más bien que no existe un capítulo en la Ley 200 que esté dedicado a la radio y la televisión, en donde establezca qué pueden hacer y qué no los medios radiales y televisivos, así como sus derechos, dijo Blandón a EL NUEVO DIARIO, sin embargo, aclaró que el plazo de la frecuencia es uno de los problemas, pero no quiere decir que sea el principal.
Aseguró que este anteproyecto dota a Nicaragua de un marco jurídico que protege a la industria de la radio y de la televisión, como existe en Centroamérica, en donde las licencias se dan hasta por 20 años, y son renovables con sólo que el titular lo solicite, a diferencia de aquí, que se renueva “todos los años, peor que la licencia de conducir”.
Asimismo, el presidente de ANIR expresó que el anteproyecto fue elaborado por juristas internacionales especialistas en la materia, y fue consultado con los más de cien radiodifusores miembros de la organización.

ANIR pide derogación de reforma al decreto 1996
En tanto, Blandón también demandó que se derogue la reforma al decreto 1996, hecho por el presidente Bolaños en su momento, en donde se establece que los radiodifusores deben pagar una garantía bancaria de 40 mil córdobas.
Además, se deja a juicio del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) apropiarse de ese dinero cuando considere que se haya violado el contrato, sin especificar las condiciones, por lo que el presidente de ANIR considera, que de no derogarse dicho decreto sería “un arma en contra de la libertad de expresión”.